Casi dos décadas metido en el cajón. Este martes, el Ministerio de Educación y los sindicatos del sector de la Enseñanza (CCOO, UGT, ANPE, CSIF y STES-Intersindical) volverán a retomar las negociaciones del tan esperado Estatuto Docente, que lleva pendiente desde 2007. El encuentro también servirá para tratar dos reivindicaciones históricas del profesorado: la reducción de ratios en las aulas y el alivio de la carga burocrática. El temor a un periodo convulso, marcado por las movilizaciones y protestas del curso pasado en comunidades como Asturias, Madrid, Cantabria, Euskadi o Navarra, ha incentivado la reactivación de este diálogo.

Reducir las ratios por clase. Simplificar la burocracia. Lograr una equiparación salarial. Acabar con la temporalidad y las políticas de estabilización. Reforzar la formación. Disminuir el horario lectivo. Establecer un nuevo sistema de acceso a la profesión docente. La lista de asignaturas pendientes del profesorado en España de cara al curso 2025-2026 es larguísima. Y encabezándola, se sitúa el ya "innegociable" Estatuto Docente. Actualmente, los profesores carecen de un marco normativo propio que regule sus condiciones laborales y retributivas; de manera supletoria, se aplican ciertos artículos del Estatuto Básico del Empleado Público, mientras que otras cuestiones dependen de las leyes autonómicas de empleo, de la LOE o de disposiciones generales de carácter limitado.

Pero... ¿Por qué tarda tanto en negociarse el Estatuto Docente? Borja Llorente, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias, lo aclara en una conversación con Público: "Aún no lo tenemos porque cualquier avance requiere que la administración asuma partidas de gasto importantes, y los distintos gobiernos no han querido poner el cascabel al gato y financiar lo necesario para dignificar la condición del profesorado". 

Borja Llorente, CCOO Asturias: "El estatuto docente debe incluir: una carrera profesional, un calendario uniforme, y regulación de permisos"

Si los docentes se encargaran de escribir el Estatuto, ¿qué no podría faltar? Llorente señala varios pilares: un desarrollo claro de la carrera profesional docente; un calendario laboral uniforme "que evite interpretaciones arbitrarias de las comunidades autónomas"; una regulación adaptada de permisos, licencias, excedencias, descansos mínimos y la responsabilidad civil del profesorado; y normas sobre las actividades escolares y complementarias, incluyendo el reparto de horas lectivas, horas complementarias y tiempo de dedicación de libre disposición.

Sobre la reducción de las ratios, el sindicalista achaca la causa a las "políticas de austeridad": "Tras la crisis de 2009 se recortó el presupuesto educativo, y si lo ajustamos a la inflación, la inversión total actual sigue por debajo del nivel de entonces. En estos 15 años se han dejado de invertir más de 60.000 millones de euros que habrían sido necesarios para mantener el gasto de 2009". ¿La consecuencia? "Recortes, aumento de ratios, eliminación de medidas de atención a la diversidad y desdobles, reducción de profesores de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, y aumento de la jornada laboral". "No se puede trabajar cuando la prioridad es no invertir", engarza Llorente.

Héctor Adsuar, secretario de Pública no Universitaria de la federación de enseñanza de CCOO, completa la lista de cuestiones que deben estar dentro del Estatuto: Todos los cuerpos docentes deben ser grupo A1 y subir de nivel dentro de la función pública. Jubilación anticipada, voluntaria e incentivada para todas y todos, regulación específica docente de la salud laboral, incluyendo los riesgos psicosociales. Revisión de las oposiciones, primando aspectos pedagógicos con una fase de prácticas con recursos. Concreción de las funciones del profesorado para evitar la acumulación de tarea y mejora y homologación al alza de las condiciones retributivas y laborales del profesorado.

Desconfianza entre los docentes

¿Qué se espera de las negociaciones? Para Adsuar, "la conducta dilatoria" del Ministerio de Pilar Alegría y "la actitud de no abordar la mayoría de los temas" en relación con las condiciones laborales y de reconocimiento del profesorado son "un claro muy mal síntoma". Reconoce que "existe una gran desconfianza" entre el profesorado y subraya que, de ser necesario, se movilizarán "para obligar al Ministerio a priorizar de manera urgente los temas pendientes y garantizar que las reivindicaciones se traduzcan en medidas concretas".

Beatriz García, UGT: "Tememos que los plazos que maneja el Ministerio no estén a la altura de lo que el profesorado demanda"

Beatriz García, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, admite en una conversación con Público que "el profesorado se encuentra desincentivado; las promesas anteriores se han quedado en saco roto y existe una gran desconfianza sobre si realmente se producirá algún cambio". La sindicalista sigue: "Desde UGT esperamos que no sea otra promesa vacía, pero tememos que los plazos que maneja el Ministerio no estén a la altura de lo que el profesorado demanda". Ángel Talavante, profesor de Secundaria en la Comunidad de Madrid, comparte la opinión: "No dejo de escuchar promesas que o bien se cumplen a medias o directamente se quedan en nada. No me fío demasiado; no creo que exista una voluntad real de sacar adelante todo lo que se reclama, sino más bien de aprobar algunas medidas menores para calmar las aguas y poco más".

Sánchez anuncia una reducción de horas y ratios 

En este mismo marco, la semana pasada el presidente Pedro Sánchez anunció que el Gobierno presentará un anteproyecto de ley para limitar las horas de docencia: "A partir del próximo curso, los docentes impartirán un máximo de 23 horas semanales en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y el resto de enseñanzas. Además, se reducirán las ratios alumno/profesor". El Ejecutivo infirió que esta medida "supone un cambio respecto a lo aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy", que establecía un mínimo de 25 horas semanales en Primaria y 20 en Secundaria. "Las ratios aumentadas entonces por el Partido Popular derivaron en aulas con 28 alumnos en Primaria, 33 en ESO y entre 38 y 40 en Bachillerato". Sánchez añadió que también se trabaja en reducir la carga burocrática del profesorado.

Según CSIF, el curso comenzó con un déficit de 44.442 docentes, una tasa de interinidad del 32,41% y una inversión por debajo de la media europea

El mensaje llegó tras la presión de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que el pasado viernes ya advirtió de posibles movilizaciones conjuntas con otros sindicatos. Desde la organización sostienen que "el panorama educativo es preocupante. Urge un pacto de Estado que garantice estabilidad y calidad en la educación pública". Según CSIF, el curso escolar comenzó con un déficit de 44.442 docentes, una tasa de interinidad del 32,41% —muy por encima del 8% recomendado por Bruselas— y una inversión educativa por debajo de la media europea. Además, denuncian que desde 2009 "el gasto público en educación ha disminuido 180 euros por alumno y 6.700 euros por docente".

Público ha contactado con el Ministerio de Educación para conocer qué medidas adicionales se estudian para aliviar la carga de trabajo del profesorado, como la reducción de ratios o la simplificación de la burocracia, así como para saber qué expectativas tiene sobre los grupos de trabajo y hasta dónde estarían dispuestos a ceder para lograr un acuerdo. Desde el departamento, sin embargo, se han limitado a remitir al comunicado del presidente del Gobierno, donde anunció el anteproyecto de ley que fija un máximo de horas de docencia.