El profesorado de Galicia inicia una huelga de dos días contra la precariedad en la educación pública de Rueda

Los cerca de 32.000 profesores de la educación pública no universitaria de Galicia están llamados este martes y el miércoles siguiente a una huelga de dos días en protesta contra la precariedad laboral y el deterioro de la calidad de la enseñanza a los que, a su juicio, están conduciendo las políticas de recorte del Gobierno de Alfonso Rueda en la Xunta. Se trata del primer paro general de dos días que se celebra en todo un sector en la comunidad desde los años 80.

Las protestas han sido convocadas por la Confederación Intersindical Galega (CIG) –el mayor sindicato de Galicia y el primero también en la enseñanza, con el 45% de los delegados y delegadas del sector– y por el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG), que reclaman a la Xunta más personal, inversión, apoyo al profesorado y a los centros y "una apuesta firme por la enseñanza pública como herramienta esencial de cohesión social y progreso", tal y como aseguran en un comunicado de apoyo a la huelga los directores y directoras de 74 colegios e institutos de secundaria y formación profesional.

"La defensa de la educación pública no es una opción: es una responsabilidad colectiva. Por eso apoyamos esta huelgta como un acto de dignidad y compromiso con nuestros alumnos, sus familias y la sociedad gallega", afirman los y las directoras en su manifiesto.

El Gobierno de Alfonso Rueda ha respondido a la protesta anunciando que el año que viene convocará 1.500 plazas de docentes que, en palabras del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, permitirán "asegurar una plantilla docente amplia y estable, con un récord de profesores" a pesar del "contexto de disminución del alumnado" en los últimos años. Rodríguez compareció este lunes en el Parlamento de Galicia para presentar los presupuestos de la Xunta en educación para 2026, que, según explicó, ascenderán a 3.090 millones de euros, lo que supone un aumento de 1,4% con respecto a 2025

Situación crítica

Muchos docentes, sin embargo, sostienen que la situación laboral de sus centros es crítica desde hace años, y alertan del deterioro de la calidad de la enseñanza que reciben sus alumnos y alumnas. Es lo que advierte Irene Amado, profesora de música y jefa de estudios del centro de educación infantil y primaria (CEIP) Ana María Diéguez del Barrio, de Asados, en Rianxo, una localidad de 11.000 habitantes en la costa sur de la provincia de A Coruña. El colegio abrió este año sin alumnos el curso escolar por las protestas de las familias por la falta de recursos, y la Xunta amenazó a padres y madres con una denuncia ante la Fiscalía de Menores.

"Tenemos 113 alumnos y 25 de ellos precisan apoyo especial, con informe médicos que lo certifican, pero sólo tenemos un especialista en pedagogía terapéutica a jornada completa, y un experto en audición y lenguaje y una orientadora a media jornada", detalla Irene Amado. "A la Xunta le dan igual los informes médicos y sólo acepta prestar apoyo a siete de esos 25 alumnos, sin ningún criterio pedagógico", añade.

Suso Martínez Abalo, profesor de matemáticas en el instituto de enseñanza secundaria (IES) Castelao, en el barrio de O Calvario, en Vigo, expone una situación similiar: "En secundaria hay clases con 30 alumnos, en bachillerato incluso con más, y tenemos una parte del alumnado con necesidades específicas muy diversas, desde dislexia a trastorno de hiperactividad, que incluso percisarían un especialista sólo para ellos", cuenta. "Muchas carencias las suplimos con nuestro esfuerzo, el profesorado tiene un gran enfado no sólo por nuestra situación laboral y sabemos que la presión es la única manera de conseguir que se arreglen las cosas", responde cuando se le pregunta por su apoyo a la huelga.

Formación profesional

En Vilalba (Lugo, 14.000 habitantes), la profesora de formación profesional Olalla Barro, del IES Lois Peña Novo, narra también que se unirá a la protesta tanto por las mejoras laborales que reclaman como por el deterioro del nivel educativo. "Los informes de la OCDE [la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] demuestran que en España el sistema educativo no está sirviendo para corregir las desigualdades sociales. Se trata de nuestros derechos, los de los docentes, pero también de los derechos de los alumnos", sostiene.

Barro asegura que a los profesores de formación profesional les están llegando estudiantes con necesidades educativas que tendrían que haber sido resueltas, o al menos enfrentadas, en etapas anteriores, y que muchos escolares no han podido superarlas, además, por la falta de ese apoyo especializado. A eso se une, además, la falta de desarrollo normativo por parte de la Xunta de la nueva legislación estatal sobre FP, que estaría derivando en una aplicación improvisada y "pensada más para satisfacer los intereses empresariales que las necesidades educativas".

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Público

Durante la comparecencia del conselleiro de Educación este lunes en el Parlamento de Galicia, la diputada del BNG Maria Cristina Fernández consideró "penoso" el presupuesto de la Xunta en educación y lamentó que no existan partidas suficientes para garantizar "lo más básico, que es el personal". El portavoz del PSOE en educación, Aitor Bouza, aseguró que la inversión en educación de la Xunta "decrecre" con respecto al total de unas cuentas que, según aseguró, "no responden a las necesidades" del sistema educativo de Galicia.