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Violencia machista Estos son los puntos que frenan la firma del Pacto de Estado contra la violencia de género

La necesidad de tres prórrogas para cerrar el documento de consenso entre los distintos grupos parlamentario augura una negociación difícil y falta de consensos. Aquí aportamos las claves de algunos temas que pueden estar frenando el acuerdo.

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Foto de los miembros de la subcomisión de violencia de género del Congreso

La petición de una nueva prórroga para alcanzar un documento de consenso en el seno de la subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado contra la violencia de género, hace entrever la dificultad de las negociaciones y la falta de acuerdos en temas clave entre los distintos grupos políticos que la forman.

Creada a principios de febrero pasado, esta subcomisión disponía de cuatro meses para cerrar un documento que sirviera de ruta para alcanzar ese pacto. Sin embargo, cinco meses más tarde no hay un documento final y los miembros de la subcomisión se han dado otro mes para continuar las negociaciones.

Es la tercera prórroga. El acuerdo debería haber estado listo a finales de mayo, pero se extendió el plazo hasta el 16 de junio. Una nueva extensión fijó la fecha final el 30 de junio y ahora se ha solicitado una ampliación del plazo hasta el 31 de julio.

Un pacto de silencio entre las distintas formaciones “en aras de alcanzar un acuerdo” ha convertido esta subcomisión en una de las más opacas que se llevan a cabo en el Congreso. Desde el inicio se acordó que sus trabajos fueran secretos y a puerta cerrada, a pesar de que varios partidos allí representados habían solicitado que fuera abierta, tal como ocurre en la del pacto de Estado para la Educación. Pero esta medida no prosperó.

A medida que avanzan los trabajos este pacto de silencio va más allá y los grupos parlamentarios han acordado no hacer comentarios concretos sobre el contenido del borrador que está sobre la mesa, ni sobre los temas en los que hay o no consenso hasta el momento. El problema principal para avanzar, además de alcanzar acuerdos sobre temas concretos, es la baja calidad del documento que actualmente está sobre la mesa de negociaciones. 

Analizando las posituras de los distintos partidos, hacemos aquí una radiografía de los temas más conflictivos que podrían estar frenando un acuerdo.


¿Violencia machista o violencia de género?

La denominación es, para algunos partidos políticos, importantes.

La actual Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, es una ley considerada pionera y eficaz, aunque muchos especialistas afirman que no se ha aplicado y que no se la ha dotado de los recursos necesarios para valorar su eficacia en toda su extensión.

Sin embargo, esta ley está limitada a la violencia que se produce en el ámbito de las relaciones de pareja. Contiene medidas y acciones para las violencias perpetradas contra las mujeres por sus parejas o exparejas, pero no contempla otro tipo de violencias.

En el año 2014 España ratificó el convenio de Estambul, que tipifica otras múltiples violencias que les ocurren a las mujeres y obliga a los gobierno a legislar sobre ellas. Considera violencia contra las mujeres la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, la violencia sexual, entre otros.

Si bien nuestro país tiene una amplia legislación sobre muchos de estos temas, será preciso reforzar la legislación y darle integridad a todo el paquete de intervención social. Esto pone sobre mesa la posibilidad de ampliar la actual Ley de 2004 a una macro-ley que incluya todas las violencias o asegurar un cuerpo de leyes que se aúnen en bajo un marco común y que explique que se entiende por violencia de género.
Esto abre un debate sobre cómo se debería denominar a la violencia contra la mujer: violencia de género (actualmente limitada a la que ocurre en la pareja) o violencia machista como proponen algunos partidos políticos como el grupo confederal de Unidos Podemos porque, afirman, engloba una casuística más amplia. Aunque no es determinante, esto podría constituir un foco de fricción dentro de al subcomisión.

Presupuestos suficientes

La financiación del pacto de Estado contra a violencia machista es una de las líneas rojas para la mayor parte de los partidos que forman la subcomisión y un punto de fricción con el Gobierno.

Casi todos los partidos de la oposición criticaron duramente la inexistencia de una partida específica para el Pacto de Estado contra la violencia de género en los últimos Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que los trabajos derivados de la subcomisión deberían comenzar dentro de este ejercicio.

Diversos partidos políticos (PSOE, Unidos Podemos y el Grupo Mixto) denunciaron entonces lo escueto de las partidas para acabar contra esta lacta, así como la inexistencia de fondos para apoyar las acciones para un Pacto de Estado. En un acuerdo in extremis con el Partido Socialista, el Gobierno accedió a incrementar el presupuesto en cuatro millones de euros, dejando su esfuerzo en la lucha contra la violencia de género en 31,7 millones.

Esta cifra está muy alejada de los 109 millones de euros que calculó el PSOE que se necesitaban y de los 120 millones que Unidos Podemos y los grupos feministas estaban exigiendo. Gran parte de esta cifra iría destinada a la financiación de políticas que los Ayuntamientos deberían aplicar si se les devuelven las competencias sobre igualdad, cosa que también es materia de este pacto.

Con estos antecedentes, el tema de la financiación se perfila como uno de los más conflictivos dentro de los acuerdos a alcanzar.

Prostitución y vientres de alquiler

Dos de los temas más mediáticos en los últimos meses podrían ser motivo de conflicto dentro de la subcomisión o tener dificultades para entrar en el documento. Si el borrador, conocido como documento 'percha', incluye sólo los temas sobre los que hay consenso entre los ditintos partidos, estos dos no lo son.

El partido Socialista dejó muy claro en su último congreso federal su postura abolicionista sobre la prostitución y se ratificó sobre la prohibición absoluta en torno a la regulación de los vientres de alquiler (o gestación subrogada). Sin embargo otros partidos políticos no tienen posturas tan claras, incluso dentro de sus propias filas. Este es el caso de Unidos Podemos, que no ha alcanzado un acuerdo interno sobre cómo tratar la prostitución. También el Partido Popular aplazó en su último congreso el debate sobre la necesidad de regular o no la llamada la gestación subrogada.

Sólo Ciudadanos tiene una posición muy clara a favor de esta práctica y recientemente presentó en el Congreso una ley para legalizar y regular la gestación subrogada, que actualmente está prohibida en nuestro país. 

Comisión de seguimiento

La Proposición No de Ley que creó la subcomisión y que fue aprobada en el Congreso, prevé la creación de una comisión de seguimiento del Pacto. Según el documento éste órgano "se reunirá siempre que lo requieran las circunstancias y en todo caso, una vez al año para evaluar los acuerdos alcanzados".

Si bien no hay discrepancias sobre la creación de esta comisión, tendrá que existir un acuerdo sobre quién la forma y dónde vive. El PSOE e Unidos Podemos ya manifestaron en varias ocasiones que esta comisión de seguimiento debería estar dentro del marco del Congreso de los Diputados, con representación de los distintos grupos que hoy forman la subcomisión y funcionar de una forma similar a como lo hace la comisión del Pacto de Toledo. Que permita reunirla a petición de cualquiera de los grupos que la forman.

Pero de ninguna manera consideran apropiado que esta comisión dependa del Gobierno. Debe, además poder incluir la participación de la sociedad civil y los gobiernos locales. 


La comisión decide

Según el procedimietno establecido, una vez cerrado el documento, el dictamen tendrá que pasar por al Comisión de Igualdad del Congreso donde cada grupo podrá presentar los votos particulares (enmiendas) que consideren oportunos y que serán aprobados o rechazados por mayoría. Esto podría hacer que el documento de consenso que salga de la subcomisión sea nuevamente modificado de forma importante.

A partir del acuerdo, el documento será entregado al Gobierno que tendrá dos meses para someterlo a acuerdo con Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, partidos políticos administración de Justicia, asociaciones sindicales y otro actores que considere relevantes.

Si las medidas del pacto precisara de reformas legales, el documento tendría, ademas que ir al pleno del Parlamento.

Todos los grupos reconocen que el trabajo que se tiene que hacer en la subcomisión es muy amplio y complejo y manifiestan estar dispuestos a conseguir el documento con el que la mayor parte de los grupos estén de acuerdo, aunque implique retrasarlo.


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