Euskadi aprueba su reforma de la ley trans para que no se repita un caso como el de Ekai

El Pleno del parlamento vasco aprobará este jueves la modificación de la ley trans vasca de 2012 con el voto a favor de todos los grupos impulsores de esta iniciativa (PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU) y el voto en contra del Partido Popular, que ya se posicionó contrario en la aprobación del dictamen a finales de enero. Ciudadanos adelantó a Público que su diputado votaría a favor de la ley trans y en Vox ni siquiera han acudido a la votación. Ambos partidos están en el Grupo Mixto y no estuvieron presentes en la votación de enero, el penúltimo paso del trámite. 

La modificación, que cambia la Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, saldrá adelante con el respaldo de una amplía mayoría del Parlamento Vasco —al menos, 68 de los 75 parlamentarios que ya votaron a favor del dictamen en enero—. Esta reforma era un compromiso del acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSE-EE con el PNV.

"Es una ley transversal que recoge la necesidad de distintos ámbitos: educación, sanidad, trabajo; para intensificar la lucha contra la discriminación del colectivo trans y avanzar en la prevención", explica a Público, Gloria Sánchez, la parlamentaria del PSE-EE.

En la misma línea, Sánchez considera importante la intención de la ley por evitar los discursos de odio. "Discursos incrementados por los grupos parlamentarios de derecha y ultraderecha. Eso es un riesgo que está ahí y que es importante contar con una herramienta fuerte como es esta para combatirlo", argumenta. 

Esta modificación se aprueba a la vez que la ley de infancia y adolescencia, que aglutina normas anteriores y pretende dotar de una mayor presencia y escucha a los menores. Algo que la propia reforma de la ley trans tiene en cuenta bajo el imperativo "las personas trans menores de edad tienen derecho a ser escuchadas". 

Casos como el de Ekai Lersundi, un chico trans de 16 años que se suicidó por la demora al recibir su tratamiento hormonal, han marcado el avance de los derechos trans en Euskadi. El Parlamento aprueba la reforma de cara a paliar problemas enquistados desde la aprobación de la anterior ley vasca en 2012. Una ley "pionera en su momento" pero que quedó "profundamente atrasada" para la actualidad de las necesidades del colectivo, como explica la portavoz de la asociación Naizen, de familias de menores trans en Euskadi, Beatriz Sever. 

"Los médicos se estaban resistiendo y demorando a darle el tratamiento hormonal que era importante para que el mundo le viera como el chico que era. Con esta ley, al asegurar el acceso a los tratamientos a los menores en esa edad, se garantiza que esto no vuelva a ocurrir", explica Aitzole Araneta, sexóloga, técnica de igualdad y compareciente como experta en la ley.

Seis años para aprobarla

La asociación Naizen ha sido una de las principales impulsoras de la ley, junto con otras organizaciones LGTBI+ y el Behatoki-Observatorio. Su portavoz hace balance de lo que han supuesto estos seis años de trabajo: "Nosotras pedimos la modificación desde 2018 —año en el que fallece Ekai—. Ha salido ahora porque se termina la legislatura y era inasumible no aprobarla después de seis años. Podría haberse aprobado en 2019 pero se convocaron elecciones y después los grupos presentaron enmiendas, lo que retrasó el proceso". 

En ese 2019, el 17 de junio, se aprobó la despatologización de las personas trans al eliminar el requisito del diagnóstico de disforia de género para poder llevar a cabo el cambio de nombre en el registro, en concordancia con el criterio de la OMS de 2018.

La escucha a los menores queda registrada en esta modificación para evitar que no se tenga en cuenta su voluntad y para favorecer el interés superior del menor. Sobre todo, en los casos en los que las familias están en contra de sus tránsitos. Una cuestión para Sever de "pura lógica" que quedaba a voluntad de la buena práctica de los profesionales.

"Han tenido que darse estos cambios sociales para que los partidos se animen a legislar sobre ello", apunta Aitzole Araneta

"Esta ley viene a solucionar problemas concretos y evitar tragedias como el suicidio de Ekai, porque parece que en nuestra sociedad funcionamos a golpe de tragedia", explica la técnica de igualdad, Aitzole Araneta. Asimismo, apunta al trabajo de tantos años que queda consolidado. "Han tenido que darse estos cambios sociales para que los partidos se animen a legislar sobre ello. Si no hubiera sucedido el suicidio de Ekai o si no hubiera tejido asociativo de familias de menores trans como punta de lanza de la ley, seguramente no la tendríamos porque los partidos hubieran considerado que el marco de 2012 era reciente", termina.

Claves de la modificación

En el ámbito sanitario, la propuesta implica la expansión de la gama de servicios con la intención de mantenerse al día con los avances médicos y científicos. Se establece un plazo de seis meses para poner en marcha los Servicios de Atención Primaria para la transexualidad y la Unidad especializada. Según el dictamen al que ha tenido acceso Público, se garantiza un servicio de atención primaria específico para este colectivo en cada uno de los territorios históricos de Euskadi.

Otro de los puntos importantes es la educación. La modificación plantea protocolos para prevenir la discriminación por la identidad sexual. Además, el texto promete dotar de formación especializada a toda la comunidad educativa de los centros en donde estudien personas trans.

Por último, la ley plantea implementar planes contra la discriminación en el trabajo para las personas trans, tanto en la empresa pública como privada. Se formará también a la inspección de trabajo en los derechos trans para mejorar sus garantías. "Al final muchas de estas medidas se han ido llevando a cabo por parte de la sociedad civil, como por ejemplo, los protocolos educativos. La ley refleja cosas que ya se estaban haciendo para blindar sobre el papel estos derechos", explica la activista por los derechos de los menores trans, Beatriz Sever.

"Es un avance importante y una fantasía cumplida para las que trabajamos en ello desde el inicio pero también hay cuestiones que se están quedando fuera como la situación de las personas migrantes LGTBI+, los solicitantes de asilo, etcétera. Ellos se quedan fuera sistemáticamente del marco legal que estamos construyendo en todo el estado", apunta la experta, Aitzole Araneta. Una situación que reflejó Alan Moreno, portavoz de Trans Latinos, en esta entrevista en Público.

El recorte en Madrid frente al avance en Euskadi

"El PP de Euskadi mantiene la misma postura que en el resto del estado, solo que aquí tiene menos fuerza y no gobierna, lo que es bueno en términos de que no haya retrocesos", recalca Isabel García, parlamentaria de Elkarrekin Podemos. "Aquí la derecha y la extrema derecha no tienen capacidad para hacer tanto ruido ni tienen tanto eco, pero si reproducen algunos esquemas de odio que no ayudan", finaliza.

Esta negativa del PP vasco se refleja también en la derogación parcial de la ley trans madrileña, que elimina articulado esencial como el reconocimiento de la autodeterminación de género. Gracias al amparo de la ley trans estatal, la mayoría de las cuestiones que se pretendían suprimir estaban blindadas sobre el papel. 

Sin embargo, el recorte ya se estaba dando en la aplicación y dotación de recursos. "La ley trans madrileña estaba aprobada desde 2016 y no se estaba desarrollando. ¿Qué pasa? Que las competencias estatales y de las comunidades son distintas. Las competencias de sanidad, por ejemplo, son autonómicas", explica Aiztole Araneta, que ve el retroceso sobre el papel, un paso más. "Cuestiones como la sanitaria no se desarrollan tan profundamente en la ley estatal, se establecen lindes generales, se menciona que se tienen que hacer pero tampoco hay fechas, ni evaluaciones, ni partidas presupuestarias", finaliza. 

El PP es el único grupo que se ha posicionado en contra explícitamente en la anterior votación del dictamen, el penúltimo paso de la aprobación. A falta de conocer el posicionamiento de Vox, que, no acudió a la anterior votación y, previsiblemente, también estará en contra en la de este jueves. "El PP siempre está al margen del avance social. La sociedad va por un lado y ellos por el otro. Pasó con el matrimonio igualitario, con la ley de aborto y pasa con esta ley", explica la portavoz de Naizen, Beatriz Sever.

Blindar la aplicación de la ley

Sin estos marcos de referencia en las leyes —plazos, evaluación y presupuestos— los gobiernos contrarios a los derechos LGTBI+ pueden dejar las normas en "papel mojado", como apuntan desde Naizen. "Estamos de celebración pero luego esto hay que llevarlo a la práctica y ahí es donde las entidades estamos vigilantes", explica Beatriz Sever.

En el caso de la ley vasca, se incluyen tres disposiciones adicionales en este sentido. Las dos primeras establecen un plazo de seis meses para, por un lado, la puesta en funcionamiento de una comisión que ha de configurar la guía sanitaria, y, por otro, la entrada en vigor de los servicios de atención primaria en materia trans y la Unidad Especializada de Atención a la Transexualidad. Pero, a parte del plazo, no se menciona el presupuesto. 

La tercera disposición sí establece una evaluación periódica por parte del departamento del Gobierno Vasco responsable de políticas sociales con el fin de dar "cumplimiento, desarrollo y aplicación" de la ley pero su "periodicidad" y "metodología (...) será objeto de desarrollo legislativo". 

"Nos habría gustado que se hubiera profundizado en los mecanismos de garantía de cumplimiento de la ley. En este sentido, propusimos dos cosas: garantizar por ley una dotación presupuestaria suficiente para la puesta en marcha de las políticas previstas y la creación de una comisión técnica de derechos de las personas trans como órgano evaluador del cumplimiento de la ley", apunta la diputada de Podemos, Isabel García.

"Dejar sin aplicación una ley es otra forma de derogarla como ha hecho la Comunidad de Madrid en los últimos años. Por eso son importantes los mecanismos para la aplicación. La ley intenta garantizar la aplicación porque es fundamental", dice la parlamentaria Gloria Sánchez (PSEE) que también considera que "hay que seguir dando pasos" para establecer más garantías.