Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, ha declarado como testigo en una investigación sobre la muerte de tres ancianas en la residencia DomusVi Albufera en la primera ola de la pandemia. Durante su intervención, Reyero ha ratificado que los protocolos que impidieron derivar a miles de ancianos enfermos de covid desde los centros de mayores hasta hospitales, entre marzo y abril de 2020, "dejaron a las personas abandonadas a su suerte". 

Según ha explicado él mismo, dentro del juzgado, el exconsejero de Políticas Sociales ha explicado que se opuso por escrito a estas directrices el 22 de marzo de ese año. Además, ha subrayado que dichos documentos de derivación fueron "de exclusión" y en virtud de ellos "se excluía a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad". "Eso impidió que se les atendiera en los hospitales y ocasionó que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones que yo considero indignas", ha recalcado Reyero.

En este sentido, ha insistido que "no hubo alternativas" a esos ingresos médicos, puesto que en el hospital habilitado en Ifema Madrid para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus "no se atendió a personas de residencias" y tampoco "se medicalizaron" los geriátricos.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado que espera que Reyero "salga imputado de sus declaraciones" ante el juez. Así lo ha indicado durante la sesión de control del último pleno de la Asamblea de Madrid, donde la portavoz de Más Madrid, Mónica García, le ha afeado que en octubre del año pasado dijese "que no existían los protocolos de la vergüenza".

A pesar de que dichos documentos fueron elaborados por su propio Gobierno, Ayuso elude su parte de responsabilidad y señala tanto a Reyero como a Carlos Mur, entonces director general regional, de ser quienes dejaron a los mayores "morir indignamente".