La extrema derecha instrumentaliza los disturbios en los barrios vulnerables de Catalunya
El objetivo es capitalizar el malestar en zonas golpeadas por la crisis de la vivienda y la precariedad para criminalizar a los migrantes y justificar un aumento del punitivismo y del control policial.
Barcelona--Actualizado a
En los últimos meses, la ciudad de Salt (Gironès) y el barrio de Cerdanyola de Mataró (Maresme) han sido escenario de disturbios, protestas y un aumento de la tensión social. Zonas donde la crisis de la vivienda golpea con más fuerza debido a la elevada precariedad, donde existe una sensación generalizada de abandono institucional y donde la extrema derecha –pero también otras formaciones políticas– capitalizan el malestar y ofrecen respuestas simples a problemas estructurales. Soluciones que pasan, sin excepción, por el rechazo al migrante o al pobre y por un aumento del punitivismo y del control policial.
"Estos estallidos de violencia y estas protestas no son nuevos. También ocurrieron hace un par de años en Manresa (Bages) y en Molins de Rei (Baix Llobregat). La derecha de toda la vida siempre ha intentado instrumentalizar los disturbios para beneficiarse y criminalizar a los migrantes. La diferencia es que ahora ha crecido la extrema derecha y hay partidos como Aliança Catalana que hacen de esto su bandera", analiza en Público el antropólogo urbano José Mansilla. En octubre de 2023 se convocó una manifestación en la capital del Bages —con el apoyo del xenófobo Front Nacional de Catalunya y de Vox— para reclamar más "seguridad" en la ciudad, a raíz de una pelea multitudinaria que tuvo lugar en el paseo Pere III a plena tarde.
Aunque los convocantes de la protesta quisieron erigirse como portavoces de la ciudad, el Ayuntamiento y medio centenar de entidades, entre ellas las asociaciones de vecinos de Cal Gravat y de las Escodines —uno de los barrios más vulnerables y con mayor presencia de inmigración en Manresa—, no se adhirieron. "Es un discurso muy sencillito y visceral que hace tiempo que ha calado. En tiempos de crisis, se necesita un enemigo sobre el que depositar la animadversión generada por el malestar social", añade Mansilla.
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El barrio de Cerdanyola, un polvorín social
El episodio más reciente ha ocurrido en el barrio de Cerdanyola de Mataró, una zona que tiene "muchos problemas de fondo", según la portavoz del Sindicat d’Habitatge de Mataró, Pilar Sánchez. "Junto con el de Rocafonda, es uno de los barrios con menor renta per cápita de la ciudad. Hay muchos desahucios y desigualdades muy marcadas. Una elevada tasa de inmigración y la policía (Mossos d’Esquadra, nacional y local) patrulla cada semana para abrir expedientes administrativos. Los agentes identifican a las personas por sus rasgos raciales", añade. La activista denuncia en Público que toda esta realidad no es noticia en la prensa diaria, pero que, en cambio, los disturbios que se produjeron en abril sí lo fueron.
El mes pasado se produjeron altercados, quema de vehículos y contenedores y enfrentamientos con la policía durante varios días tras la detención de una persona que intentaba ocupar una vivienda del barrio. En unas declaraciones a 3Cat, Sánchez defendió que los jóvenes que provocaron los disturbios estaban "reaccionando de forma muy espontánea y poco organizada a una situación de injusticia cronificada".
De hecho, según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2022 publicado por el INE en octubre de 2024, en la parte este del barrio de Cerdanyola la renta media por persona no alcanzaba los 8.300 euros anuales, mientras que en el centro de la ciudad la cifra se multiplicaba por 2,5. Además, según denunciaron algunos vecinos en la televisión pública catalana, hay muchos pisos vacíos y una fuerte presencia de fondos buitre y grandes tenedores que especulan con la vivienda.
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En ese contexto de disturbios, el secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, dijo que "los extranjeros" estaban "imponiendo su ley en los barrios" y cargó contra las políticas migratorias del PP y del PSOE: "Reparten la inmigración ilegal en lugar de combatirla". Por su parte, el alcalde de Mataró, David Bote (PSC), aseguró que ningún "acto delictivo" quedaría "sin respuesta" y, por ello, prometió mantener "el refuerzo policial tanto tiempo" como fuera "necesario". Durante esos días, los Bomberos recibieron 35 avisos por incendios urbanos y el Ayuntamiento hizo un balance de 18 contenedores en el barrio y tres vehículos quemados.
El peligro de comprar el relato a la ultraderecha
Casi un mes después de estos hechos, el 6 de mayo, la Plataforma Vecinal por la Seguridad de Mataró convocó, con el apoyo de Vox, una manifestación para reclamar el fin de los disturbios y de las ocupaciones que habían "roto la convivencia" y para exigir la dimisión de Bote y de la concejala de Seguridad, Núria Moreno. Se concentraron un centenar de personas y se pudieron escuchar reiteradas proclamas xenófobas, como "Esto no es Marruecos, esto es Mataró". El gobierno municipal respondió rápidamente a las críticas de los manifestantes asegurando que la policía había abordado la situación de Cerdanyola "con todos los recursos y contundencia que la gravedad de los hechos requería".
El Sindicat d’Habitatge de Mataró muestra "preocupación" por las declaraciones institucionales y por la actuación del PSC, ya que son más propias de la derecha que de un partido "progresista" y de izquierdas. "Es problemático que la extrema derecha aproveche los disturbios para criminalizar a los migrantes, pero aún lo es más que los socialistas compren ese relato. Vox sembró la semilla de la discordia, pero quien ha enviado decenas de furgones policiales y quien intenta captar votos de la derecha es el PSC", advierte Sánchez.
Según Mansilla, el PSC es "el partido de las políticas de siempre", con un discurso centrado en el orden y la convivencia, evitando cualquier tipo de experimento político. Esta visión no implica necesariamente un pensamiento xenófobo por parte de sus votantes, pero sí una preferencia por el orden social. En la práctica, añade el antropólogo, esto se traduce en medidas que, aunque no sean explícitamente excluyentes, acaban produciendo efectos similares a las más conservadoras. En este sentido, considera paradigmático el caso de Barcelona, gobernada por el socialista Jaume Collboni: una ciudad que se proyecta como limpia y atractiva para el turismo, pero que para mantener esa imagen a menudo rechaza o expulsa expresiones visibles de pobreza.
Como respuesta a la manifestación de la Plataforma Vecinal por la Seguridad de Mataró y bajo el lema "Barrios unidos contra el racismo y los desahucios", el Sindicat d'Habitatge de Mataró convocó una protesta de signo contrario un par de días más tarde, con la adhesión de unas 25 entidades, organizaciones y colectivos.
Más de 1.800 pisos de grandes tenedores en Salt
Un mes antes de la escalada de violencia en Mataró, las calles de Salt habían vivido una situación similar. Durante dos noches se produjeron disturbios en la ciudad gerundense a raíz del desahucio de un imán y su familia. La primera noche transcurrió sin incidentes graves ni detenciones, pero en la segunda se lanzaron objetos (piedras y latas) contra la línea policial y los vehículos de los Mossos d’Esquadra. El propio alcalde de Salt, Jordi Viñas (ERC), admitió en unas declaraciones al 3/24 que la tensión y los disturbios fueron generados por la extrema vulnerabilidad que viven muchas familias.
Por su parte, el Sindicat d’Habitatge de Salt reclamó el fin de la "violencia policial" y recordó que en la ciudad hay más de 1.800 pisos que son propiedad de grandes tenedores, al mismo tiempo que hay familias sin un hogar digno. "Nadie desea ocupar un piso, al contrario, hacerlo genera sufrimiento y dolor", aseguró en una rueda de prensa una de las integrantes del sindicato. Según el mismo Atlas del INE con datos de 2022, en la zona más céntrica de Salt, la renta media por persona no alcanza ni siquiera los 8.000 euros anuales.
Preguntada por la receta para combatir los discursos de odio, la portavoz del Sindicat d'Habitatge de Mataró señala que hay que "organizarse en la calle" y "no dejar espacio" a la extrema derecha. "Tenemos que demostrar que el barrio es de la gente y que no les tenemos miedo", añade. Mansilla, en cambio, apuesta por "hacer políticas transformadoras que permitan mejorar la vida de la gente", ya que es muy "complicado" confrontar los relatos "simplistas y emocionales" sólo con ideas o discursos.
En cuanto a la crisis de la vivienda, Sánchez dice que esta no terminará mientras exista el capitalismo. No obstante, en el periodo hasta alcanzar ese objetivo, se pueden implementar “medidas urgentes para mejorar la vida de la gente”, como expropiar los pisos vacíos y turísticos o detener todos los desahucios.
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Ona Falcó
Redactora de Pauta Media para el servicio de información de actualidad en Públic.Redactora de Pauta Media pel servei d'informació d'actualitat a Públic.
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