Amnistía Internacional ha acusado a la multinacional española Ferrovial de ser responsable de graves abusos contra personas refugiadas en Australia y de enriquecerse con la gestión de un centro para solicitantes de asilo en la isla de Narau, donde el Gobierno australiano mantiene a los refugiados durante años sin salir.

Ferrovial adquirió en mayo de 2016 la empresa australiana Broadspectrum, que ya tenía suscrito un contrato con el gobierno de Australia para prestar servicios en sus centros de inmigración en Nauru y Papúa Nueva Guinea, contrato que el ejecutivo australiano ha prorrogado hasta octubre de 2017. En otra investigación de la ONG, Amnistía denunció las situaciones “infames”, las “violaciones”, “abusos” y “malos tratos” que se llevaban a cabo en aquellos centros y que el propio Gobierno australiano defendió como medida que disuadiera a otros inmigrantes de llegar hasta sus costas desde países como Irak, Sri Lanka, Pakistán o Birmania (Myanmar).

Ahora, en un nuevo informe titulado Treasure I$land, Aministía reitera supuestas agresiones y abusos sexuales en los centros de Nauru y en la isla de Manus, y establece los lazos de estos centros con la filial Broadspectrum y su matriz española, Ferrovial.

"El Gobierno australiano ha creado una isla de desesperación para refugiados y personas buscando asilo en Nauru, pero una isla de beneficio para compañías que hacen millones de dólares con un sistema tan inherente e intencionadamente cruel y abusivo que supone tortura", afirma Lucy Graham, investigadora de AI.
En concreto, Amnistía cifra en 1.400 millones de euros la cantidad que Ferrovial se ha embolsado de su filial Broadspectrum desde que adquirió la empresa. “Una parte sustancial de esa suma proviene de las operaciones en Nauru y la ila de Manus”, señala.

En un comunicado, Ferrovial ha negado que su filial gestione el centro y ha defendido que su labor se limita al cuidado de las condiciones de vida y seguridad de los integrantes de estos centros, como la alimentación, alojamiento, educación, mantenimiento o limpieza, un trabajo similar al que prestaban en el pasado las ONG Save the Children y Salvation Army.

Además, la compañía ha tachado las acusaciones de “gratuitas”, ya que asegura que desde el primer momento que adquirió Braadspectrum anunció que no se presentaría a la renovación de los contratos.

Según el informe de AI, actualmente hay 410 refugiados y solicitantes de asilo en el centro de Nauru, que reabrió el Gobierno australiano en 2012 para solicitar las peticiones de residencia.

“Broadspectrum no sólo conoce las condiciones en que viven las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru; en algunos casos, su personal y sus subcontratistas son directamente responsables del abandono y los abusos”.