El Partido Popular ha pretendido durante meses hacer de los fondos europeos (ayudas provenientes de Europa para combatir la crisis generada por la covid-19) una pata de su campaña contra el PSOE y Unidas Podemos, al asegurar que no llegaban o que eran gestionados de forma errática. Sin embargo, el Gobierno continúa su legislatura y ha anunciado que parte de esa inyección económica irá a parar a la creación de cursos de formación a quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y combatir así la exclusión social.

Naciones Unidas definió en 2003 la exclusión social como "un estado de alta exposición a ciertos riesgos e incertidumbres, en combinación con una habilidad reducida para protegerse a uno mismo contra aquellos riesgos e incertidumbres y hacer frente a sus consecuencias negativas" y el Gobierno de coalición ha creado algunas herramientas para combatirlo, aunque su implantación ha sido más costosa de lo esperado. Ahora, gracias al reparto de los fondos europeos, nuevos instrumentos entran en juego.

En España hay más de nueve millones de personas en riesgo de pobreza. Apenas un 7% reciben la renta mínima de inserción que ofrecen las comunidades autónomas y tan solo un 9,3% bajo el umbral de la pobreza percibe el Ingreso Mínimo Vital. La situación y el contexto son un acicate negativo, un primer paso para generar en la población exclusión social. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado que 2023 será "más duro" ya que las previsiones no son buenas.

El Gobierno de coalición impulsó al comienzo de su legislatura el Ingreso Mínimo Vital como ayuda para los más descolgados del mercado laboral, aunque ha sido una medida con difícil implantación en el sistema nacional y de momento solo ha llegado al 35,8% de las personas inicialmente previstas, según los últimos datos oficiales.

Por ahora, el IMV solo ha llegado al 35,8% de las personas inicialmente previstas

Ahora, para completar la ayuda a quienes perciben el IMV, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se han puesto en marcha una serie de formaciones para ayudar a combatir la exclusión social de estas personas. De esta forma, para completar la inyección económica, se ponen a disposición cursos que sirvan de impulso para la reinserción laboral, el gran objetivo de este tipo de ayudas. En total, se destinarán casi 110 millones de euros.

El ministerio reconoce que la idea es que estos cursos lleguen a más personas además de las beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital. "El objetivo es llegar a distintos colectivos donde el IMV tiene una presencia particular, como las familias monoparentales, los menores en situación de pobreza, las personas sin hogar, personas de etnia gitana... tendrán un enfoque integral, al entender la inclusión como un aspecto a abordar en varias dimensiones", aseguran desde la cartera dirigida por José Luis Escrivá. 

Además de las comunidades autónomas y algunos municipios, habrá algunas entidades del llamado Tercer Sector que percibirán ayudas para crear estas formaciones. Estas serán la Fundación Secretariado Gitano, Cáritas España, Hogar Sí, Confederación Plena Inclusión España y la Fundación Save the Children.

En Asturias ha echado a andar un proyecto para impulsar la inclusión mediante la reducción de la brecha digital

Tal y como recogía el Boletín Oficial del Estado tras la publicación de la medida, serán colectivos prioritarios la infancia y la juventud; las personas mayores; las personas con discapacidad; las personas migrantes; las mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual; las personas víctimas de discriminación; las personas sin hogar; las personas procedentes de minorías étnicas; las personas trans; las personas reclusas y exreclusas; y las personas con problemas de adicción.

Recientemente, fueron aprobados cuatro proyectos piloto repartidos por toda España. En Asturias ha echado a andar un proyecto para impulsar la inclusión mediante la reducción de la brecha digital y eliminar las barreras que sufren las personas en riesgo de pobreza y exclusión social que aspira a alcanzar todo el ámbito rural y del que se verán beneficiados unas 3.000 personas.

Por otro lado, Save the Children ha iniciado otro proyecto en Fuenlabrada (Madrid), Cádiz, Sevilla y Melilla para la inclusión social y laboral de familias en riesgo de exclusión social, y para ello se basa en el acceso a servicios clave, prestaciones y empleo (impulso de la incorporación al mercado laboral de los miembros adultos) y apoyo educativo para prevenir la exclusión de niñas, niños y adolescentes (becas, refuerzo educativo…). Casi 800 familias (792) recibirán este tipo de ayudas.