Francia tiene su 'ley anti-Shein': ¿es posible una norma contra la moda rápida en España?
El Senado francés aprobó en junio un proyecto de ley contra la moda 'ultra fast fashion' casi por unanimidad.
Shein se ha convertido en una de las marcas chinas más prósperas de los últimos años. Sin embargo, carga con acusaciones por promover el consumo desmedido y contribuir a la contaminación ambiental.

Madrid-
Francia se ha convertido en el primer país del mundo en crear una ley específica para regular la moda ultra fast fashion, conocida popularmente como ley anti-Shein por ser esta una de las plataformas que impulsa este tipo de consumo.
Shein es una de las marcas chinas más prósperas de los últimos años, llegando a estar valorada en más de 60.000 millones de dólares (unos 51.300 millones de euros al cambio actual). Sus bajos precios la han impulsado a ser una de las opciones favoritas a la hora de vestir de miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, la compañía carga con acusaciones por su huella ambiental y el sobreconsumo.
El Senado francés aprobó en junio el proyecto de ley -que también apunta a la plataforma online Temu- casi por unanimidad, con 337 votos a favor y solo uno en contra. El objetivo principal de esta nueva legislación es reducir el impacto ambiental de esta industria, criticada por su alta contaminación, sobreproducción y por fomentar un consumo desmedido y de corta duración. "La moda rápida se basa en un modelo de negocio que ocasiona problemas de índole social y medioambiental amplios y estructurales con bajos precios, calidad deficiente, condiciones laborales abusivas e impacto medioambiental tanto en la producción como al final de la vida útil de las prendas", explica Eva Kreisler, responsable de sostenibilidad de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU a Público.
La nueva ley introduce un sistema de puntuación ecológica con el que medir la huella ambiental de cada producto vendido por empresas del sector ultra fast fashion, teniendo en cuenta las emisiones de carbono, el uso de recursos o la reciclabilidad.
Las marcas que obtengan las calificaciones más bajas podrán enfrentarse a un impuesto de hasta cinco euros por prenda, cifra que aumentará a diez euros a partir de 2030. No obstante, el gravamen no podrá superar el 50% del precio final del producto.
Además, la normativa incluye la prohibición de la publicidad de marcas de moda ultra rápida, así como sanciones para influencers que las promocionen en redes sociales
¿Se podría implementar una ley similar en España?
Kreisler asegura que las medidas que contempla el texto francés serían extrapolables a nuestro país. "En concreto, se podrían llevar a cabo en España las medidas dirigidas a sensibilizar y mejorar la información que reciben las personas consumidoras en cuanto al impacto ambiental de las prendas, abordar la cuestión de la publicidad por parte de influencers, las disposiciones para promover la reparación, la reutilización y el reciclaje, así como el establecimiento de penalizaciones por contaminación", apunta.
Aunque la ley supone un avance importante, desde CECU recuerdan que los problemas de fondo no comenzaron con Shein o Temu. A pesar de que estas plataformas han llevado la lógica de la "sobreproducción, el consumo desmedido y la carrera a la baja en derechos humanos e impacto ambiental" a un nuevo nivel, denuncian que "esta dinámica se inició hace décadas y también afecta a los gigantes europeos de la moda", como podría ser Inditex.
Si bien la industria ultra fast fashion va un paso más allá a la hora de producir de lo que tradicionalmente conocemos como fast fashion. La agencia France-Presse (AFP) comparó las novedades de H&M -una marca consolidada de moda rápida- con Shein y se pudo comprobar como el número de artículos nuevos diarios era desorbitado en el caso de la empresa china. Shein publicó un promedio de 7.220 artículos nuevos al día durante las dos semanas que duró el estudio; mientras que H&M ofreció alrededor de 340.
Además del consumismo desmedido, Shein también cuenta con dudosas condiciones laborales. Una investigación de la BBC realizada a principios de este año desveló que los trabajadores de los proveedores de la marca trabajan 75 horas a la semana y con salarios mal remunerados.
Desde esta perspectiva, los expertos plantean que una futura legislación española debería ser más ambiciosa que la propuesta francesa. "Sería deseable que abarcara un espectro más amplio de empresas y obligara a adoptar medidas de transparencia y responsabilidad en materia de derechos humanos y protección medioambiental a lo largo de toda la cadena de producción", sugiere Kreisler.
La Unión Europea contra Shein
La Unión Europea también ha iniciado su propia lucha contra estas plataformas. El Parlamento Europeo ha apoyado la iniciativa presentada por la Comisión Europea para imponer un arancel de dos euros sobre los productos adquiridos en páginas online de bajo coste como Shein o Temu. La medida recibió el respaldo mayoritario de la Cámara con 619 votos a favor, 26 en contra y 46 abstenciones, aunque aún está en fase de concreción.
Ya en febrero la Comisión Europea había comenzado a investigar a Shein tras acusarla de fraude a sus clientes y al considerar que no cumplía la legislación de consumo de la UE. En mayo, instó a la compañía a respetar la ley y a dejar de utilizar prácticas engañosas como descuentos falsos y ventas bajo presión, como por ejemplo con plazos de compra.
De la misma forma, la Organización de Consumidores Europea (BEUC), junto con 25 colectivos de 21 países, entre ellos España, presentó una denuncia ante la Comisión Europea y las autoridades europeas de protección del consumidor contra Shein por el uso de "prácticas engañosas".
Las asociaciones piden que Shein no manipule las emociones de los consumidores o el uso del desplazamiento infinito para incitarles a comprar, lo que consideran prácticas comerciales desleales. Además, reclaman que la plataforma aporte pruebas sobre la autenticidad de los mensajes de "existencias bajas".
Agustín Reyna, presidente de la BEUC, aseguraba en una reciente entrevista con Público que Shein lleva a cabo prácticas "donde se induce al consumidor a un cierto estado de ansiedad para comprar sin parar, porque tienen mensajes donde el stock se va reduciendo". "Esto es fundamental en su base de negocio y es algo ilegal según la normativa europea de consumo", denunciaba.


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