La frontera de Melilla se expande y la criminalización de los migrantes, también

Hace un año de la masacre de Melilla: al menos 37 personas murieron y 80 están desaparecidas. La impunidad tras lo sucedido ese 24 de junio de 2022 y la inacción de los estados implicados —España y Marruecos—, así como de la Unión Europea, no es excepcional y se reproduce en otros lugares, desde espacios de tránsito fronterizo hasta países que atraen menos atención y que se expanden desde esas fronteras.

Las fronteras, además de ser zonas de separación y tránsito, son centros económicos y mercantiles. La industria del control fronterizo (ICM) es, a nivel macro, el negocio que opera controlando los flujos migratorios. 

Los actores principales son las empresas de seguridad y armamentísticas. Corporaciones tecnológicas, compañías de seguridad privada, aéreas o proveedores de logística son algunos de ellos, y todos obtienen beneficios gracias a la lógica de la securitización y del control sobre el movimiento de personas.

Esta red económica y empresarial se nutre de fondos de instituciones públicas europeas y españolas. Sólo entre 2014 y 2020, la UE asignó 801 millones de euros a España para reforzar sus fronteras exteriores. Este dinero llegó principalmente a través del Fondo de Asilo Migración e Integración y del Fondo de Seguridad Interior.

Tras el eufemismo de 'control de flujos migratorios' hay un sistema que criminaliza

Conocemos a los que ganan con esta lógica mercantilista, y también a los que pierden. Tras el eufemismo de 'control de flujos migratorios' opera un sistema que criminaliza a las personas en tránsito migrante, se les juzga como sujetos peligrosos a los que hay que perseguir y no permitir el acceso a Europa. Este control obliga a las personas migrantes a buscar rutas alternativas no seguras que ponen en riesgo sus vidas o, como sucedió en Melilla hace un año, acaba con ellas.

Este sistema dirigido por la Unión Europea, que marca de manera directa e indirecta la dirección política y financiera porque establece fondos y herramientas para que los Estados miembros refuercen sus fronteras, se está expandiendo.

La verticalización de la frontera sur consiste, por un lado, en externalizar el control migratorio a terceros países y, por otro, en comenzar ese control cada vez más lejos geográficamente de la frontera física europea. Esta verticalización se logra otorgando fondos económicos y recursos materiales —drones, cámara infrarrojos, vehículos 4x4— para reforzar la seguridad de países considerados clave en el tránsito migratorio.

Marruecos fue uno de los primeros que empezaron a actuar como 'gendarme' europeo y actualmente la lista se extiende a Senegal, Malí, Sudán o Níger. Éste último recibe más fondos de la UE para el control migratorio que ningún otro. La primera frontera entre Europa y África no está en Melilla, se encuentra en el norte de Ghana, donde se ubica el primer campo de refugiados del sur global, al inicio de la ruta atlántica.

Esta verticalización de la frontera no es exclusiva de Europa, sucede también bajo lógicas muy similares en otros lugares, como en la línea entre Estados Unidos y México. En los últimos años ambos países han negociado acuerdos comerciales que incluyen términos de control fronterizo, expandiendo la securitización de la frontera norte mexicana hacia el sur.

Esta lógica ha convertido a la ciudad mexicana de Tapachula, que linda con Guatemala, en un 'tapón migratorio' con miles de personas en ruta atrapadas allí.

Del mismo modo, acuerdos de cooperación con naciones centroamericanas como Guatemala o El Salvador se usan como herramienta de control migratorio, fortaleciendo económicamente programas —y empresas— enfocados en dificultar la salida o el tránsito migrante en estos países.

Una lógica antihumana

Opere donde opere, la ICM genera en primer lugar, rutas migratorias más peligrosas y funciona bajo una lógica antihumana. La migración ha existido y existirá siempre, es intrínseca a la naturaleza humana. Los muros no frenan las llegadas de las personas y la militarización de las rutas solamente provoca el uso de rutas más peligrosas.

Un ejemplo de ello es como el bloqueo de las rutas atlánticas y central, motivado por la violencia ejercida en países como Níger, incrementó directamente el tráfico en la ruta Canaria.

Uno de los objetivos de la UE es la invisibilización: si las personas migrantes mueren en las rutas internas del desierto del Sáhara, habrá menos muertes en las fronteras europeas y descenderá el número de llegadas de africanos a Europa. Un gran éxito en cifras.

El negocio antimigratorio obstaculiza las vías democráticas

Junto a la invisibilización y los beneficios económicos producidos por la securitización, la ICM financia infraestructuras que reprimen a las personas que migran, pero también a la ciudadanía de los países de origen y tránsito. El negocio antimigratorio obstaculiza las vías democráticas de países como Níger, Chad, Malí o Marruecos; y deja el control migratorio en manos de regímenes autocráticos.

Sin embargo, este sistema no es perfecto, y en ocasiones da problemas a la UE y a Estados miembros fronterizos como España. Lo que sucedió en Melilla hace un año es un ejemplo.

Sobre los intereses 'ocultos' de la masacre hay mucho escrito, pero pocas certezas. Lo que sí se sabe es que, ya sea de forma interesada por Marruecos o por descuido de su labor de 'gendarme' fronterizo, la violencia empleada y la ausencia de garantías de derechos humanos está más que probada. También está demostrada la impunidad: no se han depurado responsabilidades por las vidas perdidas ese día a pesar de las pruebas visuales y los testimonios de quienes estaban allí. 

Lo que sucedió el 24 de junio de 2022 no fue algo excepcional, lo que sí fue excepcional es que ocurriera donde ocurrió.

Todavía con el impacto de las imágenes de la masacre de Melilla en la retina de la ciudadanía española y europea, el 13 de septiembre 2022 la gendarmería marroquí disparó a una patera que salía de Tarfaya rumbo a Canarias, causando la muerte de una mujer. 

La lejanía de un suceso, la normalización de los naufragios, las muertes en el desierto, la violencia extrema y la violación sistémica de los derechos fundamentales de las personas en tránsito son otro de los engranajes que permiten a la industria del control migratorio expandirse y seguir operando.