Las pulseras telemáticas están en el punto de mira. Varias incidencias en el 2024 provocaron el fallo de algunas de ellas, tal y como ha comunicado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Estos dispositivos tienen la función de monitorear, de manera remota, a personas que tienen órdenes de alejamiento, principalmente enfocados en casos de violencia de género.

Funcionan mediante geolocalización y envían alertas al Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento en el momento en el que un agresor se salta la orden, y acude en busca de la víctima.

Este sistema, que se implantó en el año 2009, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha consolidado como una herramienta clave de protección para las víctimas. 

Su uso se coordina a través del Ministerio de Igualdad y el Ministerio del Interior, y cuenta con centros de seguimiento que supervisan todas las señales en tiempo real. Hoy en día, son más de 4.500 los hombres que las llevan puestas.

Cómo funcionan

En el momento en el que un hombre es denunciado por violencia de género y acude al juzgado, es el propio juez quien decreta si debe o no llevar el dispositivo. Se trata de una pulsera que se instala en la muñeca o en el tobillo del agresor que acaba de recibir una orden de alejamiento.

Por otro lado, a la víctima se le proporciona un teléfono inteligente que alerta en el momento en el que el hombre se acerca a ella, pese a la prohibición de la aproximación.

Asimismo, la víctima puede recibir notificaciones en su teléfono, hacer videollamadas, enviar imágenes y lanzar un mensaje de alerta al centro de control. Además, el terminal puede detectar una caída y enviar una alerta que hará que el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) se ponga en contacto con ella para verificar su estado.

El teléfono también emite alertas visuales, sonoras y de vibración cuando la pulsera del agresor se encuentra cerca, y un botón de emergencia para poder alertar en caso de peligro.

Si el portador de la pulsera se acerca a la víctima o a la zona de exclusión fija (a la que no puede ir por orden judicial), o si el dispositivo sufre daños o pierde cobertura, el sistema lanza una alerta de control al centro Cometa, y éste actúa en función de la situación, ya sea llamando al agresor, contactando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y/o hablando con la víctima.

Garantizar la seguridad de la víctima

La instalación de estas pulseras persigue tres objetivos: garantizar la seguridad de la mujer, documentar un posible quebrantamiento de la orden de alejamiento y disuadir al agresor del incumplimiento de las prohibiciones impuestas judicialmente.

En un principio, este dispositivo se instalaba para proteger a las víctimas de violencia de género, pero a raíz de la ley del solo sí es sí, vigente desde el 7 de octubre de 2022, también se puede utilizar para controlar la localización de los agresores sexuales.

Es decir, ya no funcionan solo por parejas (agresor-víctima), sino que la pulsera de un investigado o condenado se puede sincronizar con el terminal de varias víctimas con el objetivo de protegerla frente a varios agresores.

Estos dispositivos de control tienen una correa que detecta roturas y/o manipulaciones, además de una vida útil de 12 meses. Se puede cargar de forma sencilla.

¿Qué está pasando actualmente?

En el año 2024, se realizó un cambio en las empresas que gestionaban estas pulseras, así como varias modificaciones en el sistema y la ampliación de la protección a víctimas de delitos sexuales.

Y, al parecer, estos cambios provocaron una incidencia temporal que impidió a los juzgados acceder a los datos de la ubicación de los maltratadores que hubieran podido quebrantar la medida de alejamiento antes de esa fecha.

Pero tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que este problema se solucionó a finales de 2024, por lo que "las víctimas siempre han estado protegidas, porque los dispositivos han funcionado en todo momento".

No obstante, ambas instituciones han reconocido que los fallos supusieron una piedra en el camino en los "procedimientos por el delito de quebrantamiento".