El Gobierno autorizó el pasado mes de abril el sellado definitivo del Castor, el enorme almacén de gas que se construyó frente a la costa de Castellón y las Terres de l'Ebre. La instalación, erigida y gestionada por la empresa Escal UGS —filial de ACS, propiedad de Florentino Pérez— paralizó su actividad en 2013, apenas un año después de empezar las operaciones, porque supuestamente provocaba terremotos.

Esta semana, el Ayuntamiento de Alcanar (Montsià) y la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia han reclamado públicamente más transparencia en las obras de sellado. Según informó Escal UGS, el 5 de agosto finalizó la primera fase de colocación de tapones. Pocos días después, sin embargo, se registraron cuatro seísmos de baja intensidad que causaron preocupación y malestar entre la población.

El fallido proyecto Castor supuso un golpe para la población de la zona: algunos por las tierras expropiadas a la fuerza —en nombre del "interés nacional" del negocio— y otros por los daños morales derivados de los centenares de terremotos que se registraron entonces. El cierre del almacén desencadenó una serie de compensaciones y procedimientos judiciales. Primero, el Ejecutivo español aprobó en 2014 una indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS por el cierre anticipado. El pago se financió de forma inmediata con un crédito (Banco Santander, CaixaBank y Bankia) que debía asumir el sistema gasista y, en última instancia, los consumidores.

En 2017, el Tribunal Constitucional (TC) declaró que la indemnización no se podía pagar mediante un decreto ley, alegando que no existía una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que lo justificara. Más adelante, en 2020, el Tribunal Supremo (TS) reconoció el derecho de las tres entidades bancarias a reclamar los millones que habían desembolsado a Escal UGS.

Paralelamente, se presentó una querella contra exministros y empresarios por el caso Castor por "fraude", que fue posteriormente archivada y recurrida para evitar que el escándalo cayera en el olvido. Más tarde, en 2021, fueron juzgados los directivos José Luis Martínez Dalmau y Recaredo del Potro Gómez, junto con la empresa, por un delito contra el medio ambiente. Finalmente, los acusados quedaron absueltos porque, según la Audiencia Provincial de Castellón, desconocían que su actividad "pudiera generar un riesgo real de perjudicar al medio ambiente".

No obstante, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia ya llevaba tiempo advirtiendo que era peligroso seguir adelante con el proyecto, sobre todo después de un informe del Observatori de l'Ebre que alertaba de los terremotos que podrían producirse. El portavoz de la entidad, Evelio Monfort, recuerda que reclamaron insistentemente un estudio geológico que nunca se hizo. Lo entrevistamos en Público para recuperar el caso y saber cómo está el proceso de sellado del Castor, 10 años después.

¿En qué fase está el desmantelamiento del Castor?

Dicen que han terminado la primera fase. Nos dijeron que serían tres o cuatro, aunque no lo aclararon demasiado. La primera consistía en sellar con unos tapones iniciales. Tienen que instalar más de una treintena y acabar de cementarlo todo.

La Plataforma y el Ayuntamiento de Alcanar denunciaron este agosto falta de transparencia, pese a que dicen hacer informes semanales. ¿Por qué no llega la información?

Nos explicaron las cosas por encima. Dijeron que nos enviarían un seguimiento de lo que se iba haciendo, pero no ha sido así. El grande siempre hace lo que quiere y el pequeño lo tiene que aguantar. No nos dan explicaciones. Entiendo que parte de la información sea sensible: qué maquinaria usan, cómo será la dinamita… pero tendrían que decirnos que han tapado tantos tubos y han hecho tales procedimientos.

¿De quién es la responsabilidad de trasladar esa información?

De la empresa que lo está haciendo. El Ministerio también podría hacerlo. Da igual. Lo importante es la tranquilidad de las personas. Al final, lo único que están consiguiendo es desconfianza, que pensemos que si no hubiera peligro, nos lo explicarían. Pero como lo hay, no dicen nada. La falta de transparencia genera desconfianza y la sensación de que no dicen nada porque hay peligro.

¿Qué piensa la gente? ¿Está preocupada, enfadada o resignada?

Han pasado tantas cosas que ya está un poco resignada. Pero, por otra parte, nos preguntamos si hace falta todo esto. Con lo fácil que sería explicarnos lo que han hecho hasta ahora y lo que tienen previsto hacer. Todo lo que sabemos es porque lo ha preguntado la prensa, ya que no han enviado la información ni a los ayuntamientos ni a la plataforma. Solo generan malestar y la idea de que esconden algo más.

¿Cómo se explica que el sellado definitivo de la instalación se haya alargado más de una década desde que cesó su actividad?

Para mí la pregunta es: ¿cómo puede ser que el proyecto siguiera adelante si el Gobierno tenía un informe anterior de la sismóloga Arantza Ugalde [Observatori de l'Ebre] que alertaba de los terremotos que se podrían producir si se inyectaba o extraía líquido de los pozos? Cuando se empezó a plantear la instalación, nuestra plataforma pidió un estudio geológico que nunca se hizo. El problema es por qué se permitió llegar hasta aquí.

No era una zona de fallas activas. Se produjeron varios terremotos cuando la compañía energética Shell [antes del proyecto Castor] extraía el petróleo que había.

¿Se compensó a todas las personas a las que se expropiaron tierras?

Sí y no. Hubo una expropiación forzosa porque era de interés nacional y los compensaron económicamente. Ahora bien, fue una cantidad inferior a lo que costaba volver a comprar árboles. Lo lógico es que, con el tiempo, visto que no era un bien público y que además ha sido un fracaso, se les pagara el precio justo. Hicieron las cosas mal y tendrían que compensar hasta el último céntimo que perdieron los agricultores, porque les arrancaron los árboles y no pudieron producir.

La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (APLACA), que representaba a más de 120 víctimas, reclamaba indemnización por daños morales. ¿En qué quedó eso?

Les dieron una cantidad muy pequeña que no merecía la pena, pero que sirvió para el juicio a la empresa [Escal UGS]. En ese juicio se aportaron estudios elaborados por universidades americanas, pero la defensa del Castor alegó que había un error porque no constaba el sello de la institución, solo la firma del profesor universitario. Por eso no los consideraron válidos y, como el juez no tenía más argumentos, la empresa fue absuelta. Y una vez juzgada, no se la puede volver a juzgar.

Volviendo al sellado actual, ¿qué riesgos ambientales o de seguridad puede implicar este proceso?

Los riesgos son los pequeños terremotos que se producen. Están sacando unos tubos e inyectando un cemento, una pasta especial, que se solidifica y sella. Piensa que hablamos de una roca, como si fuera la de la montaña de Collserola, a la que se le hace un agujero desde arriba hasta 1.600 metros. Es una piedra caliza con grietas, con fallas. El cemento entra dentro y, a cierta profundidad, produce una fractura. Es lo mismo que pasó cuando se inyectó gas a alta presión. Aunque inyectes a 100 metros y el terremoto sea mucho más profundo, la falla se desplaza hacia abajo. La única solución posible es lo que se está haciendo; el problema es que no se tendría que haber llegado a este punto.

Entonces, ¿cuál es la solución?

La única manera de eliminar ahora el peligro en los pozos es hacer lo que se está haciendo. El problema es que no se debería haber llegado aquí. Ahora hay que hacerlo. Están inyectando el cemento a muy baja presión, pero deben ser conscientes de que se producirán terremotos. No pueden decir que dejaron de trabajar el 5 de agosto y que los seísmos se produjeron el 10, como si no tuviera relación. Te pongo un ejemplo muy claro: si coges una botella de Coca-Cola cerrada y se te cae al suelo, como es de plástico, no se rompe. Luego la metes en la nevera. Y yo, que la abro dos o tres horas después, me llevo el chorro encima. La presión del golpe hizo burbujas, pero no salieron hasta que la abrí. No puedes decir que no ha sido culpa tuya.

Resulta que la presión, aunque sea pequeña, que le has producido a esa falla, ha ido descendiendo hasta que ha llegado a un punto en el que se ha roto y ha provocado el pequeño terremoto.

¿Qué cree que pasará cuando cierren definitivamente esta instalación?

Que viviremos tranquilos. Sería una locura volver a hacer cualquier proyecto en la zona. Cuando cierren definitivamente Castor, viviremos tranquilos.

¿Qué debe quedar de todo esto? ¿El recuerdo de un error que no se puede repetir?

El Gobierno debe sacar, como mínimo, dos conclusiones del fracaso del Castor. Primero, escuchar al pueblo. Normalmente, la gente del territorio sabe cosas que ellos no saben. Segundo, no dejarse llevar por cantos de sirena. Porque el señor Florentino [Pérez], con mucha gracia, hizo esto y fue un fracaso. Otro ejemplo de macroproyecto son los túneles de El Pertús. Decían que cada día pasarían infinidad de trenes, pero son deficitarios. El gobierno de turno acepta la teoría que le dan. La desaladora de Sagunto también ha fracasado. Son demasiados fracasos de una misma empresa, aunque los presenten con distintas sociedades del mismo grupo.