El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas que pretende ser la guía de actuación del Ejecutivo hasta 2025 para avanzar en la erradicación de las violencias que se ejercen contra las mujeres.

Se trata de la segunda estrategia estatal –la primera entró en vigor en 2013 hasta 2016 con lo que su vigencia expiró hace seis años– y supone un instrumento de planificación y ordenación de todas las actuaciones de las políticas públicas en esta materia, con un enfoque integral.

Así, contempla medidas durante todo el proceso de sensibilización, detección, prevención, atención y reparación de las violencias machistas, con 267 medidas distribuidas en cuatro ejes de actuación.

Según el Ministerio de Igualdad, se ha elaborado de forma coordinada y colaborativa con todos los ministerios, las comunidades, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como con la sociedad civil.

El primero de los ejes incluye las responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos frente a las violencias machistas. En él están comprendidas medidas para garantizar la permanencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como el diseño de un sistema de rendición de cuentas y evaluación; y mecanismos para la evaluación del grado de satisfacción de las víctimas que acceden a los recursos.

Asimismo, contempla, entre otras, la incorporación del testimonio y la escucha "activa" a las supervivientes y víctimas, y de sus hijos, en la elaboración de las políticas públicas y otros espacios de decisión.

El segundo de los ejes es el de la sensibilización, prevención y detección de las violencias para mejorar el conocimiento de todas las manifestaciones de las violencias machistas a través de datos y estudios "desde un enfoque interseccional", también de campañas de concienciación y desarrollo de medidas y recomendaciones hacia los medios para evitar mensajes "que consoliden el terror sexual".

Comprende el impulso de medidas para combatir la violencia política y protocolos comunes sanitarios para la detección y atención a víctimas, además de cursos con una línea de formación específica en violencias sexuales para el ejercicio del turno de oficio e iniciativas para la prevención en el transporte público colectivo terrestre y marítimo y espacios públicos compartidos.

Acceso prioritario

El tercer eje aborda la protección, seguridad, atención y reparación integral a las víctimas con la implementación y consolidación de los procedimientos básicos para la acreditación administrativa de la violencia machista y de las víctimas de trata de seres humanos.

La garantía del acceso prioritario de las víctimas de violencias sexuales al parque de vivienda y el acceso al ingreso mínimo vital, la agilización de la respuesta judicial, el refuerzo de las unidades de valoración forense integral y la implementación de sistemas de videoconferencia para la declaración de supervivientes desde espacios seguros, son otras de las medidas.

El cuarto eje sobre la respuesta coordinada para la protección y garantía de los derechos de las víctimas comprende la puesta en funcionamiento de la ventanilla única de la red de servicios sociales, según el catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, y actuaciones para combatir los estereotipos de género en las instituciones.

Asimismo, establece mecanismos de evaluación y rendición de cuentas ante los casos por violencia institucional "desde el marco de la debida diligencia".