MADRID.- Cristina, una niña de 22 meses, ha estado a punto de morir de varicela. El motivo: la decisión de la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, de quitar la vacuna del calendario oficial y retirarla de las farmacias para evitar que los padres la compraran por su cuenta. "Por 30 euros no se puede poner en riesgo la vida de un niño", protesta por teléfono Juan José Dueñas, el padre de Cristina, ingresada desde hace nueve días en el hospital Ramón y Cajal de Madrid.

La varicela causó a la pequeña una epiglotitis, que le provocó la obstrucción de las vías respiratorias. Tras una semana intubada, la pequeña evoluciona favorablemente, pero Dueñas denuncia la negligencia del Ministerio de Sanidad: "El Gobierno ha estado a punto de matar a mi hija y eso no puede volverse a repetir con otros niños".

Historias como las de Cristina (desde la implantación de la medida de Mato en 2013, los casos aumentaron entre un 10% y un 15%, según los expertos) alentaron al Gobierno a dar marcha atrás. Precisamente, el Ejecutivo acaba de anunciar que la vacuna de la varicela volverá a ser gratuita para los menores de un año y propone administrar una dosis de recuerdo entre los dos y los tres años. Sin embargo, el Consejo Interterritorial tardará en aprobar la medida porque el ministro, Alfonso Alonso, quiere esperar a que se constituyan los gobiernos autonómicos, según publicó El País. 

Mientras tanto, la inmunización tampoco podrá comprarse en farmacias, por lo que los padres seguirán estando obligados a viajar a Andorra, Francia o Portugal para adquirirla.

Hasta ahora, la vacuna sólo es gratuita para los mayores de 12 años que no hayan pasado la enfermedad y para los niños en grupos de riesgo. Únicamente Navarra, Ceuta y Melilla la siguen administrando. "No es normal que pase esto en España, incluso cuando todo tipo de expertos criticaron en su día el recorte de Mato", insiste Dueñas.

Efectivamente, tanto la Asociación Española de Pediatría como la Asociación Española de Vacunología recomiendan la vacunación en la primera infancia, es decir, entre los 12 y 15 meses". Esta medida podría costar a las comunidades autónomas entre 10 y 20 millones de euros al año.