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Condenadas siete personas a 31 años de prisión por usar indigentes para comprar y revender electrodomésticos

Los acusados facilitaban a personas sin recursos documentación falsa para financiar la compra de artículos tecnológicos que posteriormente vendían en el mercado de segunda mano.

Foto de archivo de un coche de la Guardia Civil y un coche de Policía, a 6 de octubre de 2023, en Tenerife, Canarias (España).
Foto de archivo de un coche de la Guardia Civil y un coche de Policía, el 6 de octubre de 2023, en Tenerife, Canarias (España). EUROPA PRESS

El Tribunal Supremo ha impuesto 31 años de prisión y el pago de 350.000 euros a siete personas acusadas de utilizar a indigentes en Tenerife para pedir financiación, con documentación falsa a nombre de las víctimas, con el objetivo de adquirir electrodomésticos para su reventa posterior.

Esta trama operó entre 2014 y 2017 y el fallo del Tribunal Supremo ratifica los impuestos por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en 2022 y por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2023 por los delitos continuados de estafa, fraude a la Seguridad Social e integración en grupo criminal.

La acción policial desarticuló una organización que usaba a personas sin recursos, algunos de los cuales estaban en el albergue municipal de la capital tinerfeña, a las que facilitaban documentación falsa para financiar la compra de artículos tecnológicos y electrodomésticos.

Estos a su vez con posterioridad eran vendidos por un precio muy inferior en el mercado de segunda mano, con el fin de garantizar su venta rápida y sin que la deuda original fuera saldada.

Para ello, renovaban a los indigentes el Documento Nacional de Identidad (DNI) en caso de que lo tuvieran caducado o extraviado, les acompañaban a abrir una libreta bancaria en la que domiciliar los cobros y les proporcionaban nóminas falsificadas.

En algunos casos les proporcionaban ropa o dinero para cortarse el pelo, a fin de que tuvieran mejor presencia a la hora de acudir a los distintos establecimientos financieros.

Los encausados, turnándose entre ellos, acudían a los distintos comercios y entidades bancarias entrando algunos con ellos y otros quedándose en el exterior esperando en el coche.

En total se llegaron a contabilizar 47 operaciones de este tipo desde finales de 2014 a principios de 2017 en las que se llegaron a utilizar a 17 personas sin recursos a quienes se les pagaba un máximo de 300 euros y nunca llegaban a pagar lo comprometido, dado que no tenían medios económicos para ello.

La investigación de la Policía Nacional condujo a la identificación de los integrantes de estas organización criminal dedicada a la comisión sistemática de este tipo de estafas.

Varios de ellos ya habían estado implicados en actividades similares años atrás y una vez que se intervino en sus vivienda fue posible encontrar numerosos electrodomésticos y se bloquearon cuentas bancarias.

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