Los países de la Unión Europea generan en torno a 35 millones de toneladas de residuos  y 261 toneladas de CO2 al año procedentes de electrodomésticos y otros aparatos que podrían haber tenido una vida más larga. Por eso, la Comisión Europea ha propuesto este miércoles una iniciativa legislativa para garantizar el derecho de los consumidores de la Unión a reparar los productos estropeados y así evitar el despilfarro de recursos, favorecer un sistema económico más circular y que los ciudadanos puedan ahorrar dinero. 

Esta normativa obligará a los fabricantes de electrodomésticos a ofrecer servicios de reparación a sus clientes hasta diez años después de su compra. "Nadie podrá negarse a reparar tu lavadora a no ser que sea técnicamente imposible", ha declarado en una rueda de prensa el comisario de Justicia, Didier Reynders.

La lucha contra la obsolescencia programada es uno de los frentes fundamentales para la Comisión de Ursula von der Leyen. La presente iniciativa se une a otras medidas para fomentar el "ecodiseño" de los productos y el reciclaje. Desde el organismo alertan de la gran cantidad de recursos que se desperdician por la lógica de usar y tirar. 

Tirar en lugar de reparar no solo tiene un impacto negativo para el medio ambiente, sino que acarrea un coste financiero de 12.000 millones de euros al año, según calcula la Comisión. Además, la nueva normativa incentivará inversiones por valor de 4.800 millones de euros. 

La normativa no cambia el periodo de garantía

La propuesta, que tendrá que negociarse con los Estados miembros y el Parlamento Europeo, no amplía el período de garantía obligatoria de productos como una lavadora o un televisor. Sin embargo, asegura la reparación gratuita de los dispositivos independientemente de si se encuentran o no dentro de este margen de tiempo. La única condición es que la reparación acarree un coste menor a la compra de uno nuevo. 

Los fabricantes deberán arreglar los electrodomésticos incluso cuando sean dañados por el consumidor. En estos casos los trabajadores podrán exigir un coste por la reparación, cuyo precio será libre. 

Fuera del período de garantía, la Comisión quiere que los usuarios puedan reclamar reparaciones y que las empresas informen de las condiciones obligatorias de reparación, que se extenderán por un período de entre 5 y 10 años, dependiendo del producto.

La directiva cubre una amplia gama de productos. Desde electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, neveras o aspiradoras, hasta dispositivos como pantallas electrónicas o servidores. La reparación de teléfonos móviles o tabletas se incluyen dentro de la normativa de "ecodiseño", todavía en fase de negociación. Esta ley contempla además, que los Estados miembros tengan potestad de introducir incentivos adicionales a la reparación.   

Dentro de este paquete de medidas, el Ejecutivo comunitario plantea crear una plataforma en línea para poner en contacto a consumidores y profesionales de la reparación instalados en su zona, lo que facilitará que encuentren "ofertas atractivas". El consumidor, según la propuesta, también tendrá derecho a reclamar un formulario de reparación al fabricante que indique con "transparencia" las condiciones y el precio de la restauración, así como una comparativa de ofertas para repararlo.