Las organizaciones sociales Andalucía Acoge, APDHA, Caminando Fronteras, CEAR, Coordinadora de Barrios, Asociación Elin, Federación SOS Racismo, Fundación Raíces, Centro Iridia, Noves Vies y el Servicio Jesuita a Migrantes. denunciado ante la Fiscalía la expulsión de un menor migrante en la frontera Ceuta el pasado 21 de mayo, al tiempo que han pedido que se inicie una investigación exhaustiva y urgente sobre estos hechos que incumplen la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Extranjería.

Las organizaciones denuncian que el  joven, procedente de Camerún, sorteó la valla fronteriza y logró acceder a territorio español, para posteriormente ser entregado a las autoridades marroquíes por parte de la Guardia Civil, una práctica denominada como devolución sumaria o "en caliente".

El joven manifestó, tanto a la Guardia Civil como a la Cruz Roja, tener 16 años y llevar unos tres años de ruta migratoria, pero "a pesar de ello, los agentes de la Guardia Civil procedieron a la apertura de las puertas del entre vallado y a su entrega a las autoridades marroquíes".

Actuaciones contrarias a los derechos humanos

Las ONG han solicitado a la Fiscalía la admisión a trámite de la denuncia, así como que inicie una investigación de las actuaciones de la Delegación de Gobierno de Ceuta que son, a su juicio, contrarias "a la normativa de extranjería y al derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los derechos de los niños y las niñas".

En el documento presentado el pasado viernes a la Fiscalía, las entidades argumentan que la entrega sumaria a las autoridades marroquíes se habría hecho a pesar de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Extranjería recogido en el BOE, que exige "la inmediata puesta a disposición de los servicios de protección de menores de los extranjeros indocumentados que manifiesten ser menores de edad".

Tal y como exponen, en la expulsión tampoco se tuvo en cuenta la Disposición Adicional Décima, que establece que "en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de Protección Internacional de la que España es parte".

Consideran que esta práctica también vulnera la Convención de los Derechos del Niño, en la que se prevé que "los Estados adoptarán las medidas de protección de los menores bajo su jurisdicción con respeto al interés superior de estos".

En la argumentación jurídica de este escrito, se alude también al Dictamen aprobado por el Comité de Derechos del Niño en enero de 2019, en el caso 4/2016 defendido por Fundación Raíces junto a la ONG alemana ECCHR, en el que el Comité condena a España por la devolución en caliente de un menor maliense sin previamente identificarle como tal, sin considerar su interés superior ni proporcionarle asistencia como menor de edad.

Revisión y cese de devoluciones en caliente

En el mismo, el Comité reitera "la obligación del Estado parte de no trasladar a un niño a un país en el que haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para el menor". También apunta la obligación de revisar la Ley de Seguridad ciudadana y la legislación que autoriza este tipo de devoluciones "en caliente" en Ceuta y Melilla para evitar que se cometan violaciones similares en un futuro.

Las once entidades firmantes exigen al Ministerio de Interior el cese inmediato de este tipo de prácticas "no sólo por su potencial carácter ilegal por la inexistencia de actuaciones para la determinación de edad de esta persona, sino también por su carácter inmoral al priorizar la expulsión frente a la protección de un potencial menor de edad".