La inteligencia artificial se revela como arma eficaz para combatir la corrupción

En septiembre de 2024, una investigación conjunta de las universidades de Valladolid, Burgos y La Rioja publicaron un innovador artículo en la revista científica European Journal of International Management. Tres profesores de finanzas y procesamiento de datos habían desarrollado una herramienta de inteligencia artificial para predecir la corrupción en la contratación pública. Gracias al análisis masivo de datos que hoy permite la IA, los investigadores rastrearon 70.000 licitaciones públicas en 33 países europeos y lograron identificar varios indicadores comunes en prácticas corruptas.

"En lugar de medir la corrupción per se, intentamos atacarla a través de alguna de sus señales, como es la limitación de la competencia", explica Iván Pastor, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja e investigador principal del proyecto. "Yo puedo ofrecer un contrato público y definir criterios de adjudicación que se alineen con tu perfil si lo que quiero es dártelo a ti", argumenta a modo de ejemplo este especialista en procesamiento de datos.

Los autores del artículo peinaron los contratos que recibieron menos ofertas, que suele ser, en su opinión, un indicador que alerta sobre presuntas irregularidades. "Intentamos sacar diferentes características y agruparlas por criterios de adjudicación para identificar cuáles eran más susceptibles de presentar menos competencia. Los contratos en que casi no recibes ofertas es un poco raro", sugiere Pastor. Los motivos pueden ser múltiples, admite el investigador, pero uno de ellos está vinculado con una "propensión mayor a prácticas corruptas".

El proyecto liderado por Iván Pastor es uno más del aluvión de iniciativas que proponen el uso de la IA como herramienta para luchar contra la corrupción debido a sus enormes potencialidades en la detección de pautas irregulares en la contratación pública. La IA puede analizar millones de datos sobre precios, licitadores, plazos o modificaciones de infinidad de contratos que cada día se firman en las administraciones locales, autonómicas y estatales.

Su capacidad para detectar anomalías es exponencialmente superior a la del ojo humano, lo que la convierte en un instrumento de gran capacidad. La inteligencia artificial puede localizar de forma instantánea precios inusualmente bajos o altos y comparar ofertas con los estándares del mercado. También puede reconocer modelos de licitaciones sospechosas como la rotación persistente de los mismos solicitantes o modificaciones contractuales excesivas.

Al estandarizar y automatizar millones de datos de forma instantánea, la inteligencia artificial permite auditar y monitorear en tiempo real decenas de miles de contratos públicos para focalizar la inspección en los verdaderamente vulnerables.

La contratación pública representa ya el 16% del PIB de la Unión Europea, según datos de la OCDE. En España, mueve magnitudes inferiores, pero muy notables, cifradas en un 11,5% del PIB nacional. Y, a pesar de la persecución de las prácticas irregulares, los episodios de corrupción en la administración pública se suceden año tras año, tal como han puesto de manifiesto los últimos casos de Cerdán y Montoro.

Los mecanismos de control se apoyan cada vez más en los instrumentos que ofrece la inteligencia artificial, cuyo desarrollo se acelera cada día. En diciembre del año pasado, la Oficina Andaluza Antifraude reunió a varios expertos en IA en una jornada de análisis monográfico. Alberto Martín del Campo, responsable de la Unidad de Inteligencia Económica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, expuso las ventajas del sistema Brava para detectar prácticas anticompetitivas y ofertas sospechosas de colusión. El especialista aseguró que la herramienta desarrollada por la CNMC tiene una precisión superior del 90% en la identificación de comportamientos fraudulentos en la contratación.

El presidente del Consejo Andaluz de los Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros, Antonio Aragón, destacó las ventajas de la IA y sus potencialidades como "apoyo" de las funciones de control económico, recaudación y fiscalización, aunque alertó de la escasa capacitación en el campo de las tecnologías del personal de la administración. La doctora informática de la Universidad de Granada Belén Prados subrayó la utilidad de la IA, pero advirtió también que puede convertirse en un arma de doble filo a favor de los defraudadores.

La herramienta desarrollada por Iván Pastor y su equipo no ha sido validada sobre casos concretos. Ninguna administración pública se ha puesto en contacto con ellos para aplicarla en algún proceso de contratación. A su juicio, episodios como el de Cerdán podrían haber sido destapados con esta clase de aplicaciones. "Probablemente hubieran detectado algún tipo de red flags o indicadores tempranos que avisaran de que algo no estaba funcionando bien", explica Pastor, que trabaja actualmente en el sector financiero. El investigador cree que la inteligencia artificial permitirá estrechar los márgenes fraudulentos de la contratación pública. "El problema de la inteligencia artificial es que se puede utilizar para detectar fraude, pero también para cometerlo", advierte.

La Agencia Valenciana Antifraude también ha analizado las posibilidades que genera la inteligencia artificial. "Ofrece herramientas sin precedentes para identificar y prevenir actos fraudulentos", sostiene Amalia López Acera, ex jefa de la Unidad de Comunicación, en un informe colgado en el portal oficial. El documento indica que la IA permite monitorizar licitaciones para detectar patrones anómalos, revisar contratos públicos con cláusulas inusuales, identificar procesos selectivos irregulares o controlar conflictos de intereses.

Muchas administraciones españolas ya están implementando mecanismos de inspección por IA. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya utiliza un software basado en inteligencia artificial y la Policía Nacional se apoyó durante años en un sistema llamado VeriPol para detectar denuncias falsas, aunque dejó de usarlo en octubre de 2024 porque no servía de prueba en un procedimiento judicial.