La eterna promesa del Partido Popular en Castilla y León no tiene que ver con la atención sanitaria, la creación de empleo o la mejora de la educación pública. La propuesta que se ha repetido legislatura tras legislatura, campaña electoral tras campaña electoral, es la de alcanzar el 100% de cobertura de Internet en la comunidad.

En 2005, hace nada menos que 17 años, el entonces presidente popular del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera, ya aseguró que, antes de que finalizara el año 2007, la totalidad de la población de Castilla y León podría acceder a Internet a través de la banda ancha.

Continuó la Junta de Castilla y León prometiendo banda ancha universal a todo el territorio en el año 2010 con el denominado Plan Banda Ancha Rural 2010-2013. El consejero de Fomento en aquel momento, el popular Antonio Silván, fue el encargado de presentarlo, garantizando "el 100% de cobertura a la población de Castilla y León", como aseguraban entonces.

Por último, a pesar del fracaso de las ideas del Gobierno popular al respecto, la pasada campaña electoral no fue muy distinta con la promesa de Mañueco sobre este asunto: "Me comprometo a alcanzar el 100% de cobertura de Internet de al menos 30 megas en 2023. Y de 100 megas en todos nuestros pueblos en 2025. Que incluya a los polígonos industriales y zonas de concentración de actividad empresarial y productiva. Y ayudar a los más vulnerables al acceso a Internet", dijo Mañueco en un encuentro de los populares en Soria.

A pesar de estas reiteradas promesas de los Gobiernos populares sobre la cobertura universal, los hechos dicen que la extensión de la banda ancha en Castilla y León no ha sido una realidad.

Las empresas de telecomunicaciones encargadas de realizar esta labor provocaron que no se favoreciera la expansión de la cobertura en todo el territorio "al primar los criterios económicos", como apuntan desde Podemos Castilla y León.

Solo el esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno de España con la acción de su programa UNICO -para ampliar la conexión de banda ancha en el territorio español, impulsar a la tecnología 5G y promover la I+D en las tecnologías 5G Avanzado y 6G- ha variado este panorama en parte.

"Es posible que por primera vez vayan a conseguir lo que prometieron en este aspecto y lo van a hacer por las ayudas del Gobierno de España", asegura a Público Laura Pelegrina, procuradora y portavoz del PSOE en la Comisión de Movilidad y Transformación Digital de las Cortes.

De hecho, en 2021 la comunidad recibió del Gobierno de España ayudas por valor de 54 millones de euros para extender la banda ancha ultrarrápida gracias al programa de Universalización de Infraestructuras para la Cohesión (UNICO) que lanza el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

"El 22% del total de ayudas vino a Castilla y León, lo que ayudó a 330.000 hogares de 1.066 municipios", concreta Pelegrina. Ahora, la segunda convocatoria se ha lanzado en junio y está dotada de un presupuesto de 250 millones de euros. Los operadores de telecomunicaciones habilitados pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 18 de julio.

Zonas blancas y grises de la comunidad

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital distingue cada año zonas blancas y grises en función de la cobertura y el número de operadores que dan servicio en ellas.

Castilla y León cuenta con numerosísimas zonas denominadas blancas NGA que no tienen cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni tampoco previsión para recibirla por parte de un operador en un plazo de tres años con base a planes de inversión creíbles.

Las denominadas zonas grises NGA son aquellas que solo disponen de cobertura de banda ancha de nueva generación o de previsiones para su dotación en el plazo de tres años por parte de un solo operador.

La comunidad autónoma cuenta en total con 26.041 zonas blancas y grises según el último baremo del Ministerio.

Intento de Podemos de crear una empresa pública

Desde Podemos Castilla y León han recordado a Público cómo presentaron -sin éxito- una proposición no de ley en 2017 en las Cortes de Castilla y León para crear una empresa pública de telecomunicaciones que proporcionara Internet de alta velocidad a las zonas rurales.

Los representantes de Podemos, Félix Díez y Ricardo López, ya dijeron en aquel momento que era del todo evidente que la extensión de la banda ancha a zonas rurales no se podía dejar en manos de empresas privadas "que no estaban interesadas en dar el servicio al no ser rentable por la baja densidad de población", apuntaban.

Solo hay que recordar, como ellos mismos señalan, que de la cobertura en el medio rural se hizo cargo la empresa Iberbanda, usando tecnología WiMax, gracias al acuerdo al que se llegó con la Junta en 2005. Sin embargo, en junio de 2017 la empresa anunció a sus clientes que dejaba de dar este servicio -al ser absorbida por Telefónica-, lo que dejó al medio rural sin alternativas de calidad en lo que a Internet se refería.

Entonces se recomendaba la suscripción a Telefónica que encarecía el servicio, lo que suponía un claro perjuicio económico para las personas que residen en el medio rural. Ese era el mejor de los casos, es decir, que sucedía con los clientes que tenían otras compañías para elegir y comparar precios, sin embargo, muchos pueblos solo tenían a Iberbanda como único proveedor.

Y es que la ausencia de banda ancha es, sin duda, otra de las carencias fundamentales de Castilla y León, que impide el desarrollo y conduce a la despoblación de esta comunidad, ya que no solo se produce en las zonas rurales, sino también en los polígonos industriales.

"Es la denominada brecha digital, que condiciona el desarrollo de muchas zonas", asegura la procuradora socialista Laura Pelegrina. "La cobertura es un principio de igualdad que permite a la población quedarse en el mundo rural porque condiciona tanto un negocio como una vida", añade.

Y es que esta brecha digital es la que determina que se pueda (o no) conseguir una cita en Atención Primaria, desarrollar el teletrabajo, llevar a cabo iniciativas de turismo rural o instalar empresas en los polígonos industriales de los pueblos de la comunidad.