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Caso Juana Rivas Italia aplaza la decisión sobre el archivo o la investigación de las denuncias de malos tratos hacia los hijos de Juana Rivas

La vista se llevó a cabo este miércoles. La jueza estima que en un plazo de uno o dos meses habrá una resolución. 

Juana Rivas en una vista oral. / Europa Press

Marisa Kohan

El caso de Juana Rivas sigue avanzando lentamente el la justicia italiana. Este miércoles por la mañana tuvo lugar la audiencia en la que un juzgado de Cagliari (Cerdeña) debía decidir sobe el archivo o la investigación de las diversas denuncias que Rivas interpuso por supuesta violencia de género y malos tratos hacia sus hijos por parte de su expareja, Francesco Arcuri.

La jueza de instrucción, nueva en la causa puesto que la asumió este pasado martes, pidió al final de la sesión tiempo (entre uno y dos meses) para poder estudiar con calma la enorme cantidad de documentos presentados por las abogadas de Rivas en Italia.

Según fuentes de la defensa de Rivas, entre la documentación aportada se encuentran varios informes médicos emitidos por diversos hospitales que examinaron a los menores tras los supuestos malos tratos por parte de su padre, las diversas denuncias presentadas por Rivas entre 2016 y 2019 por malos tratos, así como la documentación de testigos y expertos que no fueron tenidos en cuenta en la causa civil que se siguió en aquel país por la custodia de los menores.

Tal como denunció en diversas ocasiones la defensa de Rivas, la causa civil nunca entró a valorar los posibles malos tratos ni la violencia de género que habrían motivado la huida de Rivas a España primero y su desaparición durante el mes de agosto para no entregar a sus hijos a Arcuri.

El pasado mes de febrero, un mes antes de que el juzgado de lo civil decidiera dar la custodia de los menores a su padre, la fiscalía de lo penal de Cagliari solicitó el archivo de todas las denuncias presentadas por Rivas a lo largo de los últimos tres años. Entre ellas estaba la que Rivas interpuso en Granada en 2016 por malos tratos continuados hacia ella y otras seis denuncias que esta madre de Maracena (Granada) presentó tras los supuestos malos tratos hacia sus hijos.

Fuentes de la defensa de Rivas afirman que si finalmente estas denuncias no son archivadas y se inicia una investigación, será la primera vez que el tema de los posibles malos tratos y la violencia de género sea investigada en este caso, tanto en Italia como en España. "Si finalmentne la decisión fuera abrir una investigación, esto iniciaría una vía penal que influiría decisivamente sobre la causa civil de la custodia de los menores", ha afirmado a Público María Eugenia Álvarez, una de las abogadas de Rivas en Italia.

​"Hemos aportado elementos objetivos que entendemos que deberían abrir una investigación y nuevos elementos e informes de los servicios sociales que creemos que deberían ser investigados y analizados en profundidad", afirma Álvarez. Entre estos elementos nuevos, se encuentran las dos denuncias por malos tratos hacia sus hijos que Juana Rivas presentó en mayo y de las que no se ha solicitado el archivo. 

Álvarez afirma que son "optimistas", pero que si la decisión final fuera proceder al archivo de las denuncias "tendremos que evaluar si existe vulneración de derechos y valorar la posibilidad de recurrir la decisión cosa que se puede hacer si no se tienen en cuenta datos objetivos que pudieran apuntar a indicios de culpabilidad".

A la vista, que duró cerca de hora y cuarto, acudieron los abogados de las dos partes, Arcuri y la fiscalía. 

Los menores viven con el padre en el municipio italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, en el sur de Cerdeña, desde agosto de 2017, cuando Rivas acató la orden judicial en España que la obligaba a entregárselos a su padre.

La Justicia italiana concedió la custodia en exclusiva de los dos hijos a Arcuri, aunque permitió que Rivas pueda verlos un fin de semana de cada dos si vive en Italia o uno de cada cinco si reside en España.

Rivas tiene abierta, además, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en España, que deberá decidir si mantiene o modifica la pena de cinco años de cárcel y seis años de inhabilitación de la patria potestad por el delito de sustracción de sus hijos en agosto de 2017.