La primera Asamblea Ciudadana por el Clima ha hablado. Este órgano deliberativo, conformado por 100 personas elegidas por sorteo y en representación de la pluralidad del Estado, ha entregado este lunes a Pedro Sánchez un documento con 172 propuestas para transformar la sociedad y adaptar el país a la situación de emergencia climática. Una lista larga de medidas que han sido trabajadas poco a poco, durante los últimos seis meses, y con el asesoramiento de un comité de expertos independiente que ha formado a los elegidos que componen esta primera (e histórica) mesa democrática ecologista.

Aunque las sugerencias no son vinculantes, es decir, el Gobierno no está obligado a aplicarlas en la legislación nacional, el documento entregado en Moncloa es un hito importante que podría servir para orientar a la clase política en las nuevas decisiones. No en vano, la ambición del informe elaborado supera con creces, como ocurre también con la ciencia, a la que se plasma en los decretos y debates parlamentarios. "Lo más importante es que más un centenar de personas, de diferentes edades, orígenes, ideologías y niveles formativos hemos conseguido un acuerdo para sacar adelante 172 propuestas. Es un ejemplo", dice a Público Ana, una joven informática que ha sido parte de esta primera edición asamblearia nacida bajo el paraguas de la Ley de Cambio Climático.

Entre las medidas que se reclaman, destaca la aprobación de una Pacto de Estado por la Crisis Climática. Así lo indican a los medios varios de los participantes. "Es algo único y prioritario", valora Nuria, una guadalajareña que antes de participar en la Asamblea apenas había tenido contacto con cuestiones ambientales. "Si el Gobierno, los partidos políticos, las empresas, los sindicatos y la propia sociedad nos ponemos de acuerdo para sacarlo adelante, será mucho más fácil llegar a consensos en el futuro y solucionar parte del problema", argumenta.

Decrecimiento, movilidad sostenible y otro modelo agrario

Si bien, esta sugerencia se presenta como un buen punto de partida, el documento entregado a Sánchez este lunes afronta la transversalidad del problema con cambios dirigidos al consumo, la movilidad o la economía. De hecho, los participantes piden que haya una mayor "sensibilización sobre el decrecimiento" de tal forma que se reduzca la cultura "pro-consumo" y se visibilice el impacto que tiene actualmente el "consumismo en el cambio climático". En ese sentido, destacan propuestas destinadas al desarrollo de un etiquetado que informe sobre el daño ambiental y la huella ecológica de los productos; la creación de centros de reparación estatales para alargar la vida de los objetos; o la promoción del consumo local y de proximidad. 

También se pone el foco en la descarbonización del transporte y los ciudadanos han acordado alejarse del discurso que lo apuesta todo al coché eléctrico. Tanto es así, que se sugieren transformaciones como el impulso de sistemas de reparto de mercancías cero emisiones, apoyados en la bicicleta y la electrificación de los furgones; la creación de redes ciclistas urbanas e interurbanas; mejorar la movilidad en tren y barco (incluido el transporte de mercancías) para reducir el número de vuelos domésticos. Además, se recogen algunas demandas importantes como la mejora de las redes de transporte público.

Tras las sesiones de deliberación, los ciudadanos también han llegado a acuerdos relacionados con los impactos del modelo agropecuario actual, de tal modo que se marca un camino contrario a la industrialización del campo: pesca de temporada, reducción de fertilizantes y productos químicos en la huerta, apoyo a la producción ecológica y de cercanía, un mayor control del agua para regadío o el fin de los productos animales que hayan sido modificados genéticamente, es decir, la mayor parte de las razas criadas en macrogranjas. 

Perspectiva social: migración y jornada de cuatro días

Las propuestas nacen desde la idea de no dejar a nadie atrás en la transición ecológica. Se habla así de los retos migratorios asociados a los impactos de la crisis climática en el Estado (movilizaciones internas y externas) y se pone el foco en las redes de acogida y en la planificación de estructuras para poder afrontar la entrada de migrantes afectados por las consecuencias climáticas que ya se están desencadenando con fuerza en el Sur Global.

La lista de medidas sigue con la creación de puestos de trabajo que absorban las pérdidas que puedan generarse en a la desaparición de determinados sectores. En ese sentido, se ponen sobre la mesa algunas reivindicaciones destinadas a transformar el sistema laboral actual, con el impulso del teletrabajo para reducir emisiones de CO2 vinculadas al transporte diario a los centros. Además, se menciona la necesidad de "adaptar" la jornada a los 4 días (o 30 horas) y contemplar horarios diferentes en aquellos puestos donde el clima pueda ser un factor de riesgo.

A todo ello, se une la introducción de la educación ambiental como motor de cambios culturales. No sólo a nivel docentes, sino que se abre la puerta a formar a otros sectores cruciales, como jueces o empresarios, para que la economía y la propia sociedad sea consciente de los problemas ambientales a los que se enfrenta.

Propuestas independientes

La elaboración del documento ha sido realizada por este centenar de ciudadanos anónimos. Algunos con inquietudes ambientales y otros sin apenas contacto con el problema. Para que las decisiones deliberadas tuvieran una base científica y capacidad de, en un futuro, tener recorrido político y legal, los elegidos han contado con el apoyo y asesoramiento de un comité de expertos muy diverso en el que destacan nombres importantes como el ecólogo Fernando Valladares, la experta en Salud Pública Cristina Linares, la directora de Greenpeace Eva Saldaña, la investigadora Asuncion Lera St. Clair o la investigadora Marta Torres.

"Nosotros no hemos hecho las recomendaciones. Nos hemos abstenido de hacerlas y todas y cada una de las 172 propuestas han salido directamente de la asamblea", comenta Joaquín Nieto, experto internacional en cambio climático y transición justa, que ha acompañado a los ciudadanos en el proceso de aprendizaje.

Ana Barreira, directora y fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, también ha formado parte de ese grupo de asesores y detalla cómo ha sido su labor, que sirve de ejemplo a la del resto de compañeros que han trabajado en el comité. "Los ciudadanos se han interesado por el tema en todo el proceso y, en mi caso, he tenido un papel transversal porque el derecho es muy horizontal y la política ambiental también. Me he encargado de asesorar e informar, por ejemplo, las competencias de cada administración para que, a la hora de elaborar una propuesta, supieran a qué institución dirigirla".

Los ciudadanos ya han lanzado su programa de acción. Ahora habrá que esperar si este logra materializarse en planes políticos que logren transformar la economía española y adaptarla a lo que ya se viene: la crisis climática.