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Poder Judicial Expedientada de nuevo la "jueza pitonisa", ahora por conceder indultos

Se investiga la concesión de indultos parciales a tres internos del centro penitenciario de Monterroso (Lugo) que ostentaban el tercer grado penitenciario. Esas medidas de gracia sólo puede conceder el Ejecutivo, apunta la Fiscalía.

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Imagen de archivo de María Jesús García Pérez.

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas para analizar la concesión de al menos tres indultos por parte de la jueza María Jesús García Pérez, que ya fue investigada por el órgano de gobierno de los jueces por dedicarse a echar cartas del tarot.

Este nuevo expediente, que confirman fuentes jurídicas, está pendiente del informe del promotor de la comisión disciplinaria y se centra en su actividad como jueza de vigilancia penitenciaria en Lugo, por su presunta injerencia en una prerrogativa exclusiva del Gobierno.

Según las fuentes consultadas, se investiga la concesión de indultos parciales a tres internos del centro penitenciario de Monterroso (Lugo) que ya habían cumplido las tres cuartas partes de sus condenas y ostentaban el tercer grado penitenciario.

El Ministerio Fiscal recurrió para que fuesen anuladas esas medidas de gracia, que sólo puede conceder el Ejecutivo. Como jueza solo tenía autoridad para tramitar los expedientes con la petición, añaden las fuentes.

Expediente archivado

El Consejo General del Poder Judicial archivó el pasado octubre su anterior expediente disciplinario, abierto tras conocerse que se dedicaba a echar cartas del tarot, al considerar ilícita la prueba en la que se basaba: una grabación con cámara oculta realizada en el domicilio de la magistrada.

En el mes de mayo el CGPJ le otorgó una nueva plaza como titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de A Coruña.

No es su primera experiencia en este tipo de órganos, ya que se hizo cargo entre 2006 y 2009 del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Santander. Fue el escenario de otro expediente que acabó en una sanción de 3.000 euros por una falta grave, después de que cuestionara la Ley Integral sobre Violencia de Género que debía aplicar.

"Yo soy de los jueces que está en contra de esta ley", "la orden de protección no sirve para nada" o "cogí (el juzgado de violencia) para tener experiencia y para verlo por dentro", había señalado en una entrevista con "El Mundo Hoy en Cantabria".

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