La justicia francesa condenó este miércoles a la Administración del Estado por incumplir sus propios compromisos, tanto los internacionales como los nacionales, en materia de lucha contra el cambio climático.

El Tribunal Administrativo de París reconoció que el Estado es "responsable de la inacción climática" y le impuso el pago de un euro simbólico a cada una de las cuatro ONG que le habían demandado: Greenpeace, Notre Affaire à Tous, la Fundación Hulot por la Naturaleza y el Hombre, y Oxfam Francia.

Pero más importante que esa indemnización por el "perjuicio moral" a esas asociaciones, se dio un plazo de dos meses para examinar de qué forma obliga al Gobierno a tomar medidas para corregir esa inacción, destacó a Efe una portavoz de Greenpeace.

Le podría obligar de dos formas, con multas para compensar los daños con dinero o con una serie de objetivos que debería alcanzar en plazos prefijados, que es la opción preferida por los demandantes, respaldados por 2,3 millones de firmas.

De hecho, en la audiencia que se celebró el 14 de enero, habían insistido en que la Administración no cumplía algunos textos jurídicos en los que asumió compromisos para hacer frente al calentamiento global, en particular los Acuerdos de París y la Estrategia Nacional de Bajo Carbono sobre la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

"La idea general es que el Gobierno tome medidas rápidas y fuertes para reducir las emisiones de CO2", señaló la portavoz de Greenpeace.

"El caso del siglo"

La iniciativa de lo que los promotores han bautizado como "el caso del siglo" comenzó en diciembre de 2018 cuando las cuatro ONG enviaron una carta a varios ministros para criticar la inacción de la Administración y reclamar una reparación por los daños causados con esa actitud.

Ante la falta de respuesta satisfactoria, en marzo de 2019 llevaron el procedimiento ante la Justicia con la presentación de un contencioso ante el Tribunal Administrativo de París, que puso en marcha una instrucción.

El Gobierno rechazó en el proceso las acusaciones y subrayó que con su ley sobre la energía y el clima de 2019 ha reforzado los objetivos y se ha fijado como meta un descenso del 40% del consumo de energías fósiles de aquí a 2030 y llegar a la neutralidad de carbono en 2050.

El exministro francés de Ecología Nicolas Hulot, cuya fundación es uno de los cuatro denunciantes, destacó que la sentencia "es la victoria de los que entienden la urgencia de la crisis" climática.

En diciembre de 2019 esta lucha contra la inacción climática terminó con una sentencia pionera en Países Bajos. El Tribunal Supremo del país ratificó que el Gobierno la obligación del Gobierno de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo así la reducción de dichas emiosones, como el CO2, al menos, un 25% para 2020 respecto a los registros de 1990.

Así, la Justicia obligaba al Estado a adoptar medidas urgentes para cumplir con el Acuerdo de París.

España comienza el litigio climático

Siguiendo esta estela, en España, tres organizaciones ecologistas –Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón–, registraron el pasado 16 de diciembre una demanda ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno también por inacción climática.

Según los demandantes, "España es el Estado de la Unión Europea en el que más crecieron las emisiones de gases de efecto invernadero en términos absolutos entre 1990 y 2017. En ese periodo aumentaron en 51,7 millones de toneladas, lo que supone un 17,9% más".

De esta forma, los grupos medioambientalistas continuaban con un litigio históricopor el clima que comenzó en septiembre de 2020 y que pretende fomentar el compromiso del Ejecutivo por la reducción de gasas del efecto invernadero.