Los grupos medioambientalistas Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Itermón han presentado este martes una demanda contra el Gobierno del Estado por inacción ante la crisis climática. De esta forma, las tres organizaciones dan inicio a un litigio por el clima que, además de ser histórico, pretende arrancar una mayor ambición por parte del Ejecutivo español para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El desencadenante de esta demanda ha sido el porcentaje de reducción emisiones anunciado por el Gobierno, que estaría "muy por debajo del compromiso internacional", informan las tres organizaciones. Así, mientras los compromisos del Acuerdo de París y las recomendaciones de los científicos de la ONU (IPCC) hablaban de una reducción del 55% de las emisiones para el año 2030, el Ejecutivo de coalición ha planteado una disminución del 23% para finales de década, tal y como se recoge en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Asimismo, el plazo de descarbonización y neutralidad de emisiones del Gobierno estaría en el año 2050, lo cual es insuficiente para los ecologistas, que reclaman que la fecha se adelante una década al año 2040.

Por otro lado, la demanda pone el foco en la tardanza del Estado a la hora de tomar medidas para mitigar el cambio climático. "El Gobierno ha incumplido la obligación prevista en el Reglamento de la UE de 2018 que establece la obligación de aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) antes del pasado mes de diciembre de 2019", agregan las tres organizaciones. 

Desde el Gobierno, por su parte, consideran que sí se cumplieron los plazos para presentar en Europa el PNIEC, ya que, aunque el documento definitivo fue enviado en enero de 2020, se envío un borrador previo en mayo de 2019, por lo que se habrían respetado los tiempos marcados por el reglamento europeo. En declaraciones a este medio, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, considera que esta demanda entra dentro de la normalidad, ya que, a su juicio, es necesario que "los ciudadanos pidan más acciones en materia de clima" a los miembros del Gobierno.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón recuerdan que España es uno de los países de Europa más afectado por las consecuencias de la crisis climática. Tanto es así, que mientras las temperaturas globales han aumentado 1,1ºC desde el periodo preindustrial, en España el incremento ya es de 1,7ºC. Esto tiene unas consecuencias directas sobre los ecosistemas peninsulares, en tanto que la subida del mar podría conllevar la desaparición de entornos como el Delta del Ebro, el Delta del Llobregat y la Manga del Mar Menor. "Cabe destacar también que siete de las 10 cuencas hidrográficas con mayor estrés hídrico (sequía crónica) de toda Europa se encuentran en España, y que entre el 75% y el 80% del país está en riesgo de convertirse en desierto a lo largo de este siglo", añaden.

El presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso y diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha valorado positivamente la demanda: "Comparto la necesidad de una mayor ambición en la lucha contra
el cambio climático". En ese sentido, el político vasco argumenta que desde su grupo parlamentario trataran de elevar la ambición climática de la futura Ley de Cambio Climático durante el proceso de tramitación parlamentaria. "Existen grupos negacionistas que han roto el consenso sobre la propia existencia del cambio climático. Trabajaremos para aumentar la ambición, pero no olvidemos a quienes tenemos enfrente", concluye.

La decisión de demandar al Gobierno sigue la estela los múltiples litigios climáticos que se han sucedido durante los últimos años. Al menos se han presentado demandas de este tipo en 39 países, la mayoría dirigidas contra grandes empresas contaminantes. No obstante, también hay precedentes contra Ejecutivos: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India, Nueva Zelanda y Holanda son algunos ejemplos.