La deuda pública ética comienza a abrirse paso

Las emisiones de deuda pública con condiciones éticas conocidas como bonos sostenibles se abren paso poco a poco en Europa, aunque con especial lentitud en el ámbito institucional español. Mientras, los mercados financieros mundiales mueven ya más de 80.000 millones de euros en la versión medioambiental de ese instrumento de inversión, por el que comienzan a apostar algunas empresas españolas como Iberdrola.

Este tipo de bonos comienza a ser considerado como uno de los posibles catalizadores financieros para movilizar los fondos que requiere el Acuerdo de París sobre el cambio climático, estimados en alrededor de 3 trillones de dólares al año para el 2020.

El bono sostenible (OAT, obligaciones asimilables del tesoro) , con el que ya han operado corporaciones como el BEI (Banco Europeo de Inversiones), apenas ha tenido hasta ahora una entrada en el tejido institucional español, cuyos responsables económicos se han mostrado, tradicionalmente, poco proclives tanto a la innovación como a la gestión transparente; algo especialmente contraindicado para operar en este mercado, en el que los emisores deben garantizar la transparencia en el uso del dinero que aportan los inversores y en el que este solo puede ser utilizado para financiar proyectos de carácter ambiental o social.

No obstante, el ICO (Instituto de Crédito Oficial) y la Comunidad de Madrid, han comenzado a abrir esa vía. El primero, con dos emisiones en los dos últimos años que suman 1.500 millones destinadas a financiar la actividad de pymes, y la segunda, con otra de 700 hace unos meses para costear programas de empleo, salud pública y lucha contra la exclusión.

Lejos de Europa

Esas cifras se quedan muy lejos de las que alcanzan instituciones de otros países como la República Francesa, que solo este año ha lanzado emisiones por valor de 7.000 millones, o la región Île de France, que suma 1.750 en los últimos tres años.

Los fondos de la emisión del Estado francés se utilizarán para el desarrollo de transportes públicos bajos en emisiones de carbono, aplicar medidas de eficiencia energética en edificios, impulsar las energías renovables y adaptar el sector de biodiversidad, mientras que los de Île de France están siendo utilizados en infraestructuras educativas, transportes verdes, energías renovables, vivienda social y desarrollo de la economía social.

El líder europeo en el plano municipal es el Ayuntamiento de París, que en 2015 emitió un bono verde de 300 millones para financiar la compra de medios de transporte de bajas emisiones de carbono, actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas y programas de energía renovable.

¿Qué es un bono sostenible?

“Se trata de un tipo de bonos que deben respetar unos estándares internacionales de transparencia en la gestión y en la trazabilidad de los fondos, que deben ser destinados exclusivamente a financiar iniciativas de mejora medioambiental y/o social”, explica Muriel Caton, directora de Vigeo-Eiris, agencia de calificación especializada en la supervisión de este tipo de instrumentos financieros, cuyas emisiones requieren que una organización externa chequee las condiciones de lanzamiento y de su ejecución.

Las dos vertientes de los bonos verdes: una ambiental y otra social

Caton participó hace unos días en una jornada de trabajo organizada por la Fundación Ecodes en Zaragoza, en la que participaron miembros de los equipos económicos del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre estos bonos y sus dos vertientes: una verde o ambiental, vinculada a inversiones para la transición energética y la lucha contra el cambio climático, y otra social relacionada con planes de inclusión y ámbitos como la vivienda, el empleo, la alimentación y la enseñanza. En ocasiones se combinan.

Según las cifras de la Climate Bonds Iniciative (CBI) el mercado de bonos verdes alcanzó los 81.000 millones de dólares en el 2016 y ha superado los 50.000 millones de euros durante los primeros seis meses del 2017. “Es difícil saber cómo evolucionará el mercado, aunque es posible que tengan un papel importante en los países emergentes y los desarrollados por considerarse un instrumento financiero para combatir el cambio climático”.

El despegue de este instrumento financiero tuvo lugar en 2014, cuando superó por ver primera los 30.000 millones de dólares, según Spainsif, la principal plataforma de ISR (Inversión Socialmente Sostenible) de España, que destaca que “además de poseer las características financieras de un bono tradicional, están diseñados para financiar proyectos e iniciativas que pretenden conseguir beneficios medioambientales y sociales”.

Los fondos soberanos son en la actualidad los principales emisores de este tipo de bonos, en cuyos lanzamientos están trabajando gobiernos como los de Japón, Marruecos y Nigeria.

Dinero con trazabilidad

¿Y quién se interesa por invertir en ellos? "La rentabilidad es la misma que para un bono estándar, no hay diferencia de precio, pero permiten una diversificación interesante para inversores con una RSC (Responsabilidad Social Corporativa) potente”, señala. De hecho, el cupón anual de la primera emisión del ICO, a tres años, fue del 0,5%.

No hay diferencia de precio entre un bono estándar y bono sostenible

“Se tiene que saber en todo momento dónde está el dinero y hacia dónde va –añade-; no puede ir a la tesorería general de una empresa o una institución, sino que ha de gestionarse mediante cuentas específicas”.

“El procedimiento es el mismo para las empresas y las instituciones. Se evalúa el objetivo del emisor, el uso que dará a los fondos y su modelo de gobernanza, incluyendo las condiciones laborales de sus trabajadores y sus contratistas, y después valoramos cómo lo lleva a cabo, quién y cómo ejecuta esos planes”, explica. “Por ejemplo, un complejo de energías renovables cuya construcción desplazara a una comunidad indígena no podría financiarse con bonos verdes o sociales”, indica, al tiempo que alude a la existencia de unos “Green Bonus Principles” (principios del bono verde) que marcan, en el ámbito internacional, los ejes de su funcionamiento, transparencia y gestión.

Pioneros en España

Iberdrola, con cinco emisiones por un valor conjunto de 3.200 millones de euros en cuatro años, con plazos de ocho a diez años y con cupones de entre el 0,37% y el 2,5%, es uno de los principales emisores españoles de bonos sostenibles.

También se han estrenado en esa faceta multinacionales como Repsol (500 millones este año para reducir el lanzamientos de gases de efecto invernadero en sus plantas de refinado) y empresas de ámbito de operaciones más localizado como la Caja Rural de Navarra, que lanzó otros 500 a siete años, en este caso para financiar programas de carácter ambiental y social en las zonas en las que opera.

El bono sostenible “permite ampliar la base inversora”, explica Ignacio Real, director de Mercado de Capitales y Gestión de Riesgos Financieros de Iberdrola, que destaca que la compañía ha optado por centrar su actividad en este campo en los activos eólicos, “porque son fácilmente medibles”.