El freno al decreto de las renovables en Catalunya obliga a consensuar un nuevo modelo energético

El Govern de la Generalitat retiró a mediados de julio del pleno del Parlament de Catalunya el decreto sobre suministro eléctrico, conocido como el Decreto de las Renovables, para "explorar vías de mayor consenso", según la consellera de Territorio, Silvia Paneque. El Ejecutivo confía en negociar a partir de septiembre un nuevo decreto con ERC y Comuns: asegura que pondrá "todos los esfuerzos" sobre la mesa para reanudar las conversaciones.

Paralelamente, entidades ecologistas han advertido que el proyecto permitirá expropiar terrenos agrícolas para impulsar macroproyectos de renovables y piden planificación, si bien también ven con buenos ojos algunas de las medidas que incorporaba el texto.

Organizaciones como la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa i sostenible han rechazado el Decreto ley 12/2025, de 3 de junio, para aumentar la resiliencia del suministro eléctrico en Catalunya. "Tiene como objetivo acelerar el despliegue de proyectos de energías renovables y de almacenamiento energético mediante baterías", dicen, considerando que es un "grave empeoramiento en la construcción de un modelo energético justo, sostenible y arraigado en el territorio". "Quiere acelerar la implantación de renovables, que es positivo, pero no creemos que sea la forma más adecuada", añade Ximo Estellé, técnico de Defensa Ambiental del GEPEC-EdC (Grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans - Ecologistes de Catalunya), que forma parte de la Xarxa.

Los ecologistas creen que el apagón masivo que paralizó la península Ibérica el 28 de abril ha servido de argumento al Govern para acelerar la tramitación de un decreto que creen que "da respuesta a intereses económicos y políticos que nada tienen que ver con la transición energética justa y sostenible que reclamamos". De hecho, los miembros de la Xarxa creen que "agrava" el decreto 16/2019, porque "aún profundiza más en la concentración del poder energético en manos de grandes corporaciones" y "perpetuará un modelo territorial desequilibrado y urbanocéntrico".

"No diríamos pequeña victoria, lo han parado, pero a ver cuánto tardan en reactivarlo", admite sobre el freno parlamentario Laia Borràs, técnica de Defensa Ambiental del GEPEC-EdC. Tienen "claro" que el proyecto continuará porque para el Govern "el apagón lo justifica todo", pero hay "otras formas de hacer esta transición necesaria". "Meter más el dedo en la llaga como se está haciendo ahora no es la más adecuada", apunta, poniendo de ejemplo en positivo las modificaciones urbanísticas que hacen los ayuntamientos. "No se ha detenido por una cuestión de conciencia política, sino por los intereses que había", insiste Borràs. Asimismo, Estellé coincide en que ahora "ha sido cuestión de mayoría" y "volverán a probarlo".

"Interés público superior" como "toma de posiciones"

Estellé destaca que todo parte de la base "de interés público superior" para los proyectos de energías renovables y almacenamiento con baterías que contemplaba el decreto. Implica que estos proyectos se considerarán prioritarios por encima de cualquier otro interés, incluyendo la protección de hábitats, especies amenazadas, suelos agrícolas, paisajes y derechos de los propietarios expropiados. Proviene de una directiva europea que ya "ha tenido eco" en la legislación española con el Real decreto ley 6/2022, que fue modificado por el Real decreto ley 11/2022.

GEPEC considera que en Europa "tiene cierto sentido" para acelerar los trámites, pero en el caso español no se mantuvo algún aspecto relevante. Así, destaca que en algunos espacios no debería realizarse la evaluación de impacto ambiental "en toda regla" porque los impactos eran "muy bajos", y solamente había que cumplir unos supuestos. "Esto fue un problema porque a nivel de España no hay ninguna zonificación bien hecha", espeta.

En el caso de Catalunya, destaca que no había zonificaciones porque debía determinarse más adelante con el esperado Plan Territorial de las Energías Renovables (PLATER). Aunque "no tenía tanta fuerza" en el ámbito legal, la figura de interés público superior "marcaba un precedente". "Daba relevancia a esta figura. Como sabemos que debían venir otros, pensamos: esta es la puerta de entrada. Era como una toma de posiciones", argumentan desde Defensa Ambiental del GEPEC.

El decreto ley también permite la instalación de renovables en suelos de máximo rendimiento agrícola (clase 1 y 2) y, entre otros, siempre que se demuestre que la actividad agraria no es viable y la potencia no supere los 5 MW, "adoptando medidas compensatorias". Los ecologistas consideran que esto abre las puertas la especulación y pérdida de superficie agraria productiva: "Permite a las empresas promotoras adquirir terrenos agrícolas privados no urbanizables" y el promotor "tiene la posibilidad de expropiar los terrenos a los propietarios, en caso de que no se llegue a un acuerdo", defiende la Xarxa.

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Estellé coincide en que se está haciendo todo "de forma algo especulativa y con pocos miramientos del punto de vista medioambiental". Insiste en que si un proyecto de renovables que ambientalmente no tiene ningún problema, es bueno, pero alerta: "Si está recurrido a un contencioso o uno presenta una problemática, esto es dar la posibilidad de que salga adelante, lo facilita. Todo lo que sean declaraciones de intenciones que lo faciliten, no es positivo", añade.

Prisas para la transformación

El responsable del grupo ecologista admite que todo ello ha ido "muy rápido" y lamenta que no se puedan presentar alegaciones en este procedimiento parlamentario. "Cuando lo haces muy rápidamente y sin debate, puedes meter cosas que quizás a una parte de la población, como es nuestro caso, no gusta. Lo veríamos bien si vuelven a abordarlo de otra forma, como una propuesta de ley o con la forma que le den. O un decreto ley, pero que haya posibilidad de debatir un poco más", admite.

Y es que el representante del GEPEC lamenta las prisas con todo lo relacionado con la transición energética: "Vemos como cosas que no se han hecho desde hace décadas, ahora deben hacerse deprisa". Destaca, por ejemplo, que la energía que se genera de más durante varias horas del día se acaba lanzando, por lo que propone incidir más con el almacenamiento. "Quizá debería tratarse las cosas más con calma. E intentar emitir menos emisiones, que es el objetivo final", reflexiona.

En este sentido, critica que haya proyectos de empresas digitales quieren instalarse en las Terres de l'Ebre aprovechando los Fondos de Transición Nuclear con proyectos relacionados con la inteligencia artificial, lo que puede aumentar consumos, por ejemplo. "¿Qué sentido realizar una transición de fósiles a renovables y aumentar los consumos? Hay que apostar por una bajada drástica de consumo. No tiene sentido que apuestes por aeropuertos y reindustrialización", espeta.

"¿Qué sentido realizar una transición de fósiles a renovables y aumentar los consumos? Hay que apostar por una bajada drástica"

En definitiva, Estellé defiende que el desarrollo de las renovables requiere a toda costa una planificación. "Es verdad que estamos en la cola de las renovables del Estado, pero el sistema eléctrico se encuentra en el ámbito de España y peninsular. Quizá debería hacerse más inciso y ver cómo y dónde se hace".

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El aprovechamiento de suelos y otros puntos positivos

El GEPEC destaca que el decreto también tiene puntos positivos como que la implementación de las renovables podría hacerse en suelos degradados, no solamente no urbanizables, ampliando el abanico a "suelos periurbanos, incluso urbanizables". "Estamos a la cola en renovables, pero lo que nos preguntamos es si lo estamos haciendo bien", insiste Borràs, destacando que gran parte del suelo residencial e industrial podría aprovecharse, mientras "se están priorizando suelos con gran valor ambiental, en zonas que hay especies en peligro de extinción".

Estellé recuerda que el decreto ley 24/2021 ya hablaba de un crecimiento de proyectos en zonas rurales alejadas de las zonas más pobladas y con mayor consumo, lo que está creando "desequilibrio territorial y baja eficiencia energética". La nueva propuesta del Govern puede servir para priorizar "suelos urbanos, periurbanos, cerca de grandes infraestructuras y grandes polígonos industriales" que puedan dar "máxima eficacia" a la energía, que no se pierde durante el traslado desde una zona rural alejada.

Es la "parte positiva" de este decreto ley, y que permite las renovables en "suelos clasificados como no urbanizables y sobre suelos antropizados", que son suelos degradados y transformados, pero abandonados por la actividad que provocó su transformación. Además, también celebran que facilite las renovables de autoconsumo y baterías. "Al ser periurbano, tiene un nivel de protección medioambiental bajo. El hecho de incluir que en suelos urbanísticos industriales logísticos se puedan meter baterías es una parte positiva", argumenta.

Que muchas empresas instalen los proyectos fuera de las metrópolis y en entornos naturales se debe básicamente a un tema económico, puesto que les es más barato. Estellé pone por ejemplo que a un agricultor que ha amortizado su terreno y no tiene relevo generacional le será mucho más fácil aceptar un dinero que en el área metropolitana de Barcelona no serviría para comprar el mismo terreno. "Hace un tiempo solamente salían proyectos eólicos en Tarragona, Lleida, el Delta del Ebro… porque decían que hacía más viento. Cuando llegaron los proyectos solares, muchos salían a los mismos territorios, cuando solo lo hace en todas partes", argumenta.

La "parte positiva" del decreto ley es que permite las renovables en suelos clasificados como no urbanizables y sobre suelos antropizados

Por otra parte, cree que el impulso de L'Energètica por parte de la Generalitat pudo ser positivo para priorizar este tipo de suelos, una posibilidad de la empresa pública frente a otras empresas privadas que puedan tener más dificultades o recelos. Borràs también destaca el auge de las comunidades energéticas, que ven con buenos ojos.

En definitiva, Estellé pide planificación para avanzar en renovables, trabajar la cuestión del almacenamiento y aprovechar zonas en las que "no habrá ningún conflicto". "Hay que hacer unas políticas globales. De poco sirve que hagamos la transición de fósiles a renovables y no hiciéramos más que subir los consumos", insiste.