Ley de Movilidad Sostenible: todas las claves de su entrada en vigor

La Ley de Movilidad Sostenible es un proyecto que pertenece al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el cual forma parte de un acuerdo con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos NextGenerationEU, los cuales suman una cifra de casi 10.000 millones de euros.      

Esta ley, cuyo objetivo es avanzar en una movilidad más limpia, segura y conectada, fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 8 de octubre, contando con 174 votos a favor y 4 abstenciones. Una vez fue remitida al Senado y dieron luz verde, la ley ha entrado en vigor este viernes 5 de diciembre.      

Del mismo modo, esta norma pretende que varios sectores alcancen la neutralidad climática en 2050 con medidas como la posible reducción de los vuelos con alternativa ferroviaria y los planes de movilidad obligatorios para las grandes empresas.      

El fin de este proyecto no es otro que establecer condiciones para que ciudadanos y entidades dispongan de un sistema de movilidad que contribuya a “una mayor cohesión social y territorial, un desarrollo económico resiliente y la reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes”.      

Además, con este plan, se permite que los municipios que así lo deseen introduzcan una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites de emisiones o las categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones.      

Las empresas de carácter público y privado que tengan en plantilla más de 200 trabajadores (o 100 por tuno), tienen un plazo máximo de 24 meses para crear un plan de movilidad sostenible.      

Así, el Gobierno dispondrá de una Estrategia Estatal de impulso del uso de la bicicleta, promocionándola para la movilidad cotidiana y el turismo, “valorando su potencial en el último tramo del reparto de mercancías” e instalando aparcamientos y servicios públicos de bicicletas compartidas en intercambiadores y estaciones.      

La movilidad como un derecho social      

Tal y como recoge el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, esta ley acoge cuatro pilares fundamentales, considerando la movilidad como un derecho social como uno de ellos. Con este proyecto se busca que todos los ciudadanos puedan adaptarse al entorno en el que surgen las necesidades con soluciones innovadoras y eficaces. Por ejemplo, se facilitará el transporte público, sobre todo a las personas con movilidad reducida.      

Una movilidad limpia y saludable      

Este segundo pilar de ley establece que se comenzarán a implementar medidas para la sostenibilidad del sistema de transportes (fuentes de energía alternativas en puertos y aeropuertos), así como medidas que faciliten el cálculo, la reducción y la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.      

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Del mismo modo, se considerará al transporte de mercancías como un servicio fundamental, por lo que se implementarán medidas para incentivar su eficacia y competitividad. Así, las administraciones públicas incentivarán medidas que primen la movilidad activa, como por ejemplo el caminar o el uso de las bicicletas.      

Un sistema de transporte digital 

La digitalización está a la orden del día, y es por ello que, con esta nueva ley, se busca regular la digitalización y los datos abiertos para que así, las administraciones públicas dispongan de la información necesaria en formato digital. De esta forma, se favorecerá el desarrollo de diferentes aplicaciones que permitan a los ciudadanos planificar sus viajes.      

También se creará un sandbox, el cual permite que el promotor de un proyecto innovador en movilidad pueda llevarlo a cabo en un entorno de pruebas seguro, recogido en el marco de un protocolo ad-hoc, contando con la participación de las administraciones públicas.      

Inversión al servicio de los ciudadanos      

El transporte público es vital en el día a día de los ciudadanos, por lo que esta norma considera mayor financiación. Así, se busca garantizar la eficiencia de este transporte público, por lo que contará con medidas adecuadas que confirmen su buen funcionamiento.    

Se reforzarán las bases que garanticen una planificación esencial en las infraestructuras de transporte y se llevarán a cabo determinadas evaluaciones que confirmen si existen errores o desviaciones. Por último, se implementarán herramientas para garantizar la transparencia y la participación pública.