Todas las claves de la Ley de Movilidad Sostenible
Los cuatro pilares fundamentales de la ley son la sostenibilidad, la digitalización, la cohesión social y territorial.
Madrid--Actualizado a
El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados el miércoles 8 de octubre, el cual ha contado con 174 votos a favor y 4 abstenciones. El siguiente paso es remitir el texto al Senado para completar su tramitación.
Esta reforma, que viene recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, forma parte de un acuerdo con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos NextGenerationEU, y su aprobación es clave para garantizar el acceso a los fondos europeos del citado plan, que suman cerca de 10.000 millones de euros.
Asimismo, esta ley conforma un marco legal sólido que da seguridad jurídica, estabilidad y coherencia a las políticas de movilidad, y servirá de base para abordar avances hacia una movilidad más segura, limpia y conectada.
Es más, la Ley de Movilidad constituirá el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de la ciudadanía, así como a los retos del siglo XXI, entre los que se encuentran la sostenibilidad, la digitalización, la cohesión social y la territorial.
Con la implantación de esta reforma se creará un Sistema General de Movilidad Sostenible, además de contar con nuevos instrumentos como el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (compartir y analizar datos), el Foro Territorial de Movilidad Sostenible (representación de comunidades autónomas y entidades locales) y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible (órgano consultivo).
Además, se regulará el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible como marco para la planificación y gestión sostenible del transporte y la movilidad sobre la base de colaboración y cooperación de todas las administraciones públicas.
Del mismo modo, tanto las empresas públicas como privadas que cuenten con más de 200 trabajadores (o 100 por turnos) dispondrán de dos años para implantar el plan de movilidad sostenible.
Por otro lado, los grandes centros de actividad (polígonos industriales) también deberán aprobar el plan, que se revisará cada cinco años. En cuanto los municipios de más de 20.000 habitantes y menos de 50.000 cuentan con seis años para dotarse de este plan.
Pero los cambios más significativos se verán reflejados en el transporte público, el de mercancías, los trenes y los aviones, ya esta nueva ley busca descarbonizar el transporte, digitalizar el sector y aumentar la eficiencia del gasto público.
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Transporte urbano
La Administración General del Estado, a través de un Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible participará en la financiación de los servicios del transporte público urbano de viajeros reservado a las entidades locales.
Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible podrá efectuar pagos anticipados a la cuenta de la liquidación durante el ejercicio de prestación del servicio.
Aun así, las ciudades estarán obligadas a fomentar la movilidad activa, en transporte público, la intermovilidad, en vehículos cero emisiones, la ciclologística y las soluciones de optimización de los repartos. También prevé la regulación y promoción de la introducción progresiva de los vehículos automatizados en el sistema de transportes.
En cuanto al transporte en autobús por carretera, cuentan con dos años desde que se apruebe el nuevo mapa concesional para licitar los contratos de concesión de servicios de todas las concesiones estatales, y en la transición al nuevo mapa concesional se debe garantizar una compensación a las comunidades autónomas que asuman paradas de las concesiones estatales.
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Ante episodios de alta contaminación, los gestores de las infraestructuras y las autoridades estatales pueden decidir el cierre de la circulación de carreteras o tramos de ellas, así como restringir el acceso a determinados vehículos por motivos medioambientales.
Transporte de mercancías
Con esta nueva ley se impulsará la implantación de autopistas ferroviarias en corredores estratégicos del territorio nacional. Para ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible elaborará un plan o programa de autopistas ferroviarias en aquellos corredores donde sea viable y exista interés empresarial para su desarrollo.
Asimismo, se creará un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para el tráfico de mercancías, cuyo objetivo será impulsar el cambio modal de la carretera al ferrocarril. Así, se fomentará la competitividad del transporte ferroviario de mercancías y se mejorará su eficiencia energética y su modernización en innovación.
Para ello, el Ministerio de Transportes implementará un nuevo programa de apoyo al sector del transporte ferroviario de mercancías. Además, en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará los objetivos estimados de reducción de Gases Efecto Invernadero hasta 2030. También se presentará un estudio para la recuperación de trenes nocturnos.
Para desarrollar la electromovilidad (sobre todo en larga distancia y en el transporte de mercancías), se prevé el establecimiento de puntos de recarga eléctricos en carreteras (gasolineras) y el de estaciones de recarga eléctrica rápida y ultrarrápida (electrolineras).
Puertos y aeropuertos
Como tarde, el 31 de diciembre de 2029, los aeropuertos deberán implantar una infraestructura que suministre electricidad a las aeronaves estacionadas en remoto y utilizadas en operaciones de transporte aéreo comercial para embarcar o desembarcar pasajeros o cargar y descargar mercancía. Es más, el Consejo de Ministros aprobará un plan estratégico para la sostenibilidad del transporte aéreo en España.
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Por otro lado, los puertos deberán asegurar, antes del 2030, el suministro de energía eléctrica a embarcaciones y buques atracados, a maquinaria portuaria, a flotas de vehículos pesados y el parque móvil.
No obstante, el gestor aeroportuario y las autoridades portuarias publicarán anualmente la huella de carbono de la actividad aeronáutica y portuaria, y se dotarán de un plan de reducción que podrá incorporar medidas de compensación.
El Ministerio de Transportes impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, excepto en casos de conexión con aeropuertos que enlacen rutas internacionales.
Dirección General de Tráfico: etiquetas ambientales
Por último, el Gobierno presentará, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, un estudio para actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional.
Además, en un plazo no superior a tres meses, el Gobierno propondrá las disposiciones necesarias para incorporar objetivos vinculantes del incremento de las energías renovables y reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero en el sector del transporte.
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