El Mar Menor como paradigma legal para evitar a tiempo el colapso del planeta

La emergencia medioambiental es una crisis poliédrica que apela a sectores muy diversos. Plantea problemas sociales, filosóficos y políticos, pero también científicos, tecnológicos y jurídicos. De hecho, la manera en la que el colapso climático pone en riesgo las garantías de nuestros derechos fundamentales preocupa también a los juristas. Esta semana ha tenido lugar la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, un evento que se celebra cada tres años en un país diferente. Las Cortes de Garantías de Ucrania, Italia, Sudáfrica y España —así como Uganda, en calidad de relatora— participaron este miércoles en el panel sobre preservación de recursos naturales, donde pusieron de relieve la necesidad de revisar el marco legal actual para hacer frente a los desastres climáticos.

Uno de los hitos alcanzados en España en este camino fue el reconocimiento de la laguna del Mar Menor como persona jurídica. Se trata de la primera entidad natural en Europa que es sujeto de derechos y no solo un objeto de protección en el ordenamiento jurídico. Greenpeace valoró entonces este cambio legal como "una auténtica victoria de la sociedad civil sin apenas precedentes". Se trata del logro de una iniciativa legislativa popular (ILP) que superó las 600.000 firmas. El Senado dio luz verde a la proposición de ley en septiembre de 2022, con el voto favorable de todos los partidos políticos excepto Vox. La formación ultraderechista recurrió la norma ante el TC, pero este avaló su constitucionalidad en noviembre de 2024.

"El Tribunal Constitucional (TC) ha cambiado el paradigma esencialmente antropocéntrico de la consideración del medio ambiente para incorporar también los derechos de la naturaleza", explicó César Tolosa (Segovia, 1957), magistrado de esta misma corte en su intervención. La sentencia del TC define el nuevo marco de protección como "ecocentrismo moderado", el cual "convive con el paradigma antropocéntrico tradicional". 

El principio de precaución para actuar a tiempo 

El magistrado destaca a este medio que la laguna "está protegida por un un número muy importante de normas jurídicas, tanto de la Unión Europea, como del Estado español y la Región de Murcia". Sin embargo, "se estaba demostrando que el deterioro ambiental del Mar Menor era cada día mayor", lo cual propició la ILP que obtuvo un apoyo mayoritario. "La ley responde a una necesidad y lo que todavía tenemos que ver es si tiene efectividad práctica real", declara. Tolosa considera que la ley se aprobó en sintonía con el principio de precaución. Se trata de una noción jurídica que se refiere a la necesidad de actuar cuando todavía no existen pruebas científicas definitivas, pero sí sospechas fundadas de que existe un riesgo grave para el medio ambiente o la salud pública.

Los efectos de la crisis climática son una advertencia permanente de la comunidad científica. Así lo subrayó en el panel del miércoles Madisa Maya, presidenta del Tribunal Constitucional de Sudáfrica. "Los científicos nos alertan ahora de que la humanidad se enfrenta a una situación de código rojo. La emergencia medioambiental intensifica los eventos meteorológicos extremos y los desastres naturales son cada vez más frecuentes", insistió. En este contexto, el principio de precaución juega un papel fundamental para implementar legislaciones a la altura de la urgencia climática.

Medidas "extraordinarias" para salvar el Mar Menor

Esta noción está presente en el derecho ambiental y viene recogida en tratados y convenciones internacionales como la Declaración de Bergen para el Desarrollo Sostenible (1990), el Tratado de Maastricht de la Unión Europea (1992), la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo (1992) o la Convención de Barcelona (1996). Durante la conferencia, Tolosa fue preguntado por los peligros de hacer un uso excesivo de este principio. Recordando el caso del Mar Menor, el magistrado defendió el cambio de la jurisprudencia constitucional porque la laguna "se estaba muriendo. Estaba sufriendo un problema muy grave de falta de oxígeno, de hipoxia, en sus aguas, que estaba generando un problema de mantenimiento".

Esta realidad "exigía la adopción de medidas extraordinarias, no meramente temporales y suficientemente proporcionales". El magistrado del TC insiste en que "preferimos un lugar en el campo de las certezas, pero en ocasiones, y en el ámbito medioambiental, tenemos que adelantarnos porque si llegamos tarde, el daño ya se ha producido". Aunque Tolosa considera que todavía está por ver la efectividad de la medida, desde Greenpeace declararon en un comunicado que el reconocimiento del Mar Menor como persona jurídica "surtirá un efecto muy positivo en los operadores jurídicos y ayudará a que se depuren responsabilidades de quienes, durante décadas, han contaminado esta laguna de incalculable valor ecológico".

España, al banquillo por falta de ambición climática

Esta ILP no es la única iniciativa que los movimientos ecologistas han puesto en marcha ante los tribunales. Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo demandaron al Estado español por falta de ambición climática en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En concreto, considera que sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son insuficientes. Esto podría vulnerar los derechos fundamentales de la ciudadanía, según argumentan los grupos ambientalistas. Por este motivo, después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso presentado contra este plan, elevaron al TC un recurso de amparo en junio del 2024. La Corte de Garantías lo admitió a trámite el pasado mes de diciembre, convirtiéndose en el primer litigio de la historia de España que llega a las altas instancias del Poder Judicial.

"Esta decisión marca un hito en este proceso histórico. Por primera vez en España, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre cómo el cambio climático afecta a los derechos fundamentales", declaró entonces Inés Díez, responsable del Área Jurídica de Greenpeace. Por su parte, César Tolosa afirma que "es importante el hecho de que el recurso haya sido admitido porque el TC tiene un criterio restrictivo en cuanto a la admisión de este tipo de recursos. Por tanto, el hecho de que haya considerado que tiene una especial trascendencia constitucional, deja a las claras que la Corte considera que sí tiene algo que decir en esta materia".

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El magistrado recuerda que el ponente todavía debe presentar el caso ante el pleno para tomar una decisión, pero reitera que su admisión es en sí misma "significativa". "Esperamos por parte de nuestro alto Tribunal el reconocimiento de que el cambio climático afecta a los derechos humanos, fundamentalmente al derecho a la vida, al derecho a la salud y al derecho a la libertad de las personas", expresó Díez en un comunicado.

Una responsabilidad internacional

El recurso de amparo de los ecologistas ante el TC fue inspirado por la victoria de las Klimaseniorinnen. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a este grupo de mujeres que demandaron a Suiza por vulnerar sus derechos fundamentales ante la falta de ambición en sus políticas climáticas. Para Tolosa, estos hitos históricos "demuestran que en esta materia existe una interconexión evidente entre las decisiones de todos los tribunales y entre la legislación de todos los países miembros". Esta mirada internacional de la jurisprudencia en cuanto a la crisis climática es una arista más de su carácter global. Lo que sucede en una parte del mundo tiene consecuencias sobre el resto del planeta, pero no todos los países contribuyen del mismo modo a la emergencia medioambiental, ni tampoco sufren sus efectos por igual.

"Son los países menos desarrollados y las poblaciones más vulnerables los que menos contribuyen a la crisis climática, pero quienes más la padecen", lamentó Madisa Maya durante su intervención en la conferencia de este miércoles. Tolosa también identifica diferencias en la brecha norte-sur global, incluso cuando se tratan de países con menos recursos que no siguen la línea de los objetivos internacionales. "El cumplimiento por parte de algunos países que tienen unos niveles económicos de desarrollo escasos es complejo porque puede chocar con la propia supervivencia o el bienestar de sus ciudadanos". Por el contrario, "no entiendo el incumplimiento cuando se trata de países desarrollados y con sistemas económicos suficientemente potentes". El magistrado lamenta cómo rechazan combatir la crisis climática "en aras a un mayor crecimiento económico en ocasiones desaforado".

"La proteccion ambiental es un compromiso internacional que involucra a organizaciones, sociedades y gobiernos", remarcó Madisa Maya durante su intervención. En una línea similar, Tolosa reivindicó que "todo el mundo debe ser consciente de la degradacion del Amazonas o la pérdida de humedales puede tener daños internacionales con tremendo riesgo climatico". Por este motivo, los magistrados de los Altos Tribunales hacen un llamamiento a la jurisprudencia internacional para fortalecer su compromiso con la protección del planeta.