Prorrogar tres años la nuclear de Almaraz costaría más de 3.800 millones de euros a los consumidores

La central nuclear de Almaraz, la más vieja de España, tiene los días contados. Su cierre está ya programado en el calendario, pero el Partido Popular y Vox buscan derogarlo. Un informe de expertos publicado este martes a petición de Greenpeace concluye que tres años de prórroga supondrían "un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros" en la factura eléctrica de la ciudadanía. Asimismo, implicaría una menor inversión en renovables y más dependencia del gas y de los precios internacionales de los combustibles fósiles.

Los investigadores Eloy Sanz, de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Víctor García Carrasco, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), han llevado a cabo el estudio Cierre nuclear y transición energética: El caso de Almaraz. En él analizan los impactos económicos y ambientales de su prolongación. Para ello, compararon el escenario de cierre, siguiendo el calendario programado, con un segundo escenario en el que se prorroga la vida de la central hasta 2030 y un tercero de "prórroga y desaceleración renovable" –en el cual el mercado asume que la prolongación será superior al plazo actualmente solicitado y que el resto de reactores se acogerán progresivamente a prórrogas similares–.

Los autores concluyen que mantener la central abierta no abarata la electricidad a medio plazo, sino que genera un efecto desincentivador a la inversión renovable cuya consecuencia es un sobrecoste creciente para los consumidores a partir de los primeros años tras su cierre definitivo y un aumento de las emisiones. A partir de 2031, los escenarios con prórroga resultan sistemáticamente más caros que el cumplimiento del calendario de cierre, acumulando un sobrecoste de hasta 3.831 millones de euros en 2033 y pérdidas de inversión en renovables de 26.129 millones de euros hasta el mismo año.

"Los resultados demuestran que la prórroga de la central nuclear de Almaraz no cumple el criterio de viabilidad económica exigido por el Gobierno para su aprobación, al generar mayores costes acumulados para la ciudadanía, frenar la transición energética y aumentar las emisiones a medio plazo", establece el informe, consultado por Público. "El mantenimiento del calendario de cierre acordado se revela, por el contrario, como la opción más coherente con los objetivos de descarbonización, estabilidad del sistema eléctrico y competitividad económica de España", añade.

La unidad I de la central nuclear de Almaraz tiene programado su cierre el 1 de noviembre de 2027, y la unidad II el 31 de octubre de 2028, según el calendario acordado en el año 2019 entre el Gobierno central, las empresas propietarias y Enresa. Su desmantelamiento forma parte de una estrategia de transición energética que busca acabar con las nucleares en España para el 2035, estrategia que ya fue validada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Sin embargo, el PP llevó el pasado noviembre al Congreso de los Diputados su propuesta de dilatar la actividad nuclear. Hace un año ya había presentado una proposición no de ley (PNL) contra el calendario, la cual fue aprobada con el voto favorable de Vox y el diputado de UPN.

El estudio también indaga sobre el reciente cambio de postura de las compañías eléctricas al solicitar la prórroga de Almaraz, subrayando que esta decisión responde a criterios estrictamente empresariales y no de seguridad. Según el informe, el cambio de estrategia de las compañías está motivado por la previsión de un aumento del 30% en el precio del gas respecto al promedio de 2015 a 2018, priorizando así su beneficio comercial sobre el calendario de cierre acordado.

El informe también responde a otra de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía desde el apagón del 28 de abril de 2025: la estabilidad del sistema. Según el análisis, el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz se puede sustituir con energía renovable inmediatamente después de su cierre, lo que no solo garantiza la seguridad del suministro eléctrico sino que, además, desmonta el argumento de que sería necesario utilizar más gas y, por tanto, generar más emisiones.

En términos de emisiones, el informe identifica una reducción temporal del empleo de ciclos combinados durante los años 2028-2030. Sin embargo, este efecto se revierte con fuerza tras el cierre definitivo de Almaraz al finalizar su prórroga. Como resultado, el sistema eléctrico es menos renovable y más dependiente del gas. Así, en el periodo de 2026 a 2033, los escenarios de prórroga generan entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas de CO2 adicionales respecto al escenario de cierre, lo que implica un coste adicional de hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, repercutidos de forma directa en el precio de la electricidad.

Incluso en caso de llevarse a cabo una prórroga indefinida de Almaraz, el escenario de cierre implica menos emisiones acumuladas en el periodo estudiado. Las conclusiones del estudio ponen de manifiesto que el cierre programado de Almaraz es técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga.