Una seguridad social de los alimentos: así facilitan la compra de productos ecológicos

Getafe acogerá el primer proyecto piloto de Seguridad Social Alimentaria (SSA) en España. Se trata de una propuesta de política pública, similar a la seguridad social médica, que busca transformar la forma en que se producen y consumen alimentos.  Su objetivo es que todo el mundo pueda alimentarse de forma saludable, sostenible y agroecológica. Asimismo, busca que quienes trabajan en las diferentes fases de la cadena de valor cuenten con unas condiciones laborales dignas. Para ello, 30 personas seleccionadas por sorteo de entre un total de 370 candidatas dispondrán de una asignación mensual de 100 euros para utilizar en el supermercado cooperativo Biolíbere.

La iniciativa nace de las propias responsables del supermercado. El proyecto tendrá lugar entre febrero y noviembre de 2026 y lo financia la Fundación Daniel & Nina Carasso, que trabaja por la alimentación sostenible, el cuidado del planeta, la salud y la justicia social. Durante esos meses, se evaluará el impacto de esta experiencia en las vidas de las personas beneficiarias, en su percepción sobre el derecho a la alimentación y en sus hábitos alimentarios.

"Siempre hemos sido conscientes de que el precio de los alimentos agroecológicos supone una barrera de acceso al derecho a una alimentación adecuada de todas las personas, así como un escollo para impulsar una transición ecológica justa del sector productor y transformador desde el consumo", declaran a Público los cooperativistas Iria Costela, Claudia Ballesteros y Álvaro Areta. De hecho, Biolíbere funciona sin ánimo de lucro: "Aportamos trabajo voluntario cooperativo para reducir costes y formamos parte de entidades que luchan por estos objetivos a través de la incidencia política".

La preocupación por la accesibilidad a productos agroecológicos para cualquier persona fue "el germen" del proyecto que verá la luz a partir del mes que viene. "Llevamos varios años trabajando en la idea", indican. Por lo que aseguran estar "muy contentas" de poder materializarla. No obstante, se trata de una iniciativa privada y defienden que "serían necesarias políticas públicas reales para poder dar un salto de escala que permitiera la posibilidad de implantar la Seguridad Social Alimentaria en todo el territorio".

El elevado precio de los productos ecológicos

Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) del año 2022 determinaba que los productos ecológicos son de media un 54% más caros que los convencionales de marca líder y tres veces más que los productos de marca blanca no ecológica. Para dicho estudio buscaron versiones con certificación sostenible de 140 productos de la cesta de la compra y comparado precios para 34 productos de alimentación y droguería.

Los hallazgos concluyeron que los alimentos frescos ecológicos costaban de media el doble que los no ecológicos. En alimentación envasada, los precios de los productos ecológicos analizados eran un 51% más caros que los de marca líder y un 154% más que los de marca de distribución. En los productos de droguería encontraron las mayores diferencias de precios, ya que los productos ecológicos eran un 58% más caros que los de marca líder y un 334% más caros que los de marca de distribución.

"Los alimentos agroecológicos pueden tener precios de venta al público más elevados que los alimentos que no lo son porque se producen a menor escala y con determinados requisitos que, en ocasiones, suponen mayores costes de producción. En este sentido, somos conscientes de que, sobre todo para determinados bolsillos, resultan inaccesibles", explican desde Biolíbere. Desde la OCU también apuntan que la agricultura ecológica tiene menor productividad porque necesita más mano de obra, debe mantener la fertilidad del suelo a base de rotar cultivos y no emplea plaguicidas químicos y fertilizantes sintéticos.

Sin embargo, la ausencia de estos químicos es también una ventaja para el mercado agroecológico. "Al producirse estos alimentos de una manera menos dependiente de insumos externos sujetos a la volatilidad de los mercados internacionales, así como en entornos de proximidad geográfica, también tienen una mayor estabilidad en los precios", reconocen las cooperativistas. Asimismo, hacen hincapié en que los productos no ecológicos pueden ser baratos en cuanto a precio, pero tienen otro tipo de coste: "Hay alimentos que son accesibles porque tienen impactos negativos en el medio ambiente y en las personas que los producen y que los consumimos; costes que asumimos la sociedad actual y futura en conjunto".

Una Seguridad Social Alimentaria como derecho

Este marco es el que ha motivado a las socias de Biolíbere a crear el proyecto piloto de la Seguridad Social Alimentaria. "Si todas las personas, por el mero hecho de existir, tuvieran una asignación mensual fija y no acumulable para gastar en la adquisición de alimentos agroecológicos, esas mismas personas vivirían más felices y tranquilas", defiende Claudia Ballesteros. "La Seguridad Social Alimentaria mejoraría la vida de todo el mundo de la misma forma en la que lo hacen el sistema público de salud y el de educación, porque aseguraría un derecho humano fundamental, el de una alimentación adecuada, que en la actualidad no está cubierto", agrega.

Desde Biolíbere aseguran que ya hay colectivos y organizaciones que comienzan a plantearla como posible iniciativa impulsora de una transición agroecológica justa en varios países europeos, aunque en España aún no se ha desarrollado ninguna experiencia práctica. "En Francia hay múltiples experiencias y proyectos piloto que han trabajado esta cuestión, como el proyecto de Seguridad Social Alimentaria en estudiantes del campus universitario de Burdeos o el proyecto Fondo Común de Alimentación en Montpellier. Pero también se han desarrollado experimentos en Bélgica, en la Universidad Libre de Bruselas, o en Suiza", indican.

La iniciativa francesa Sécurité sociale de l'alimentation comenzó en el año 2019 y partía de tres premisas: la imposibilidad de transformar la agricultura sin implementar políticas alimentarias, la necesidad de ir más allá de la ayuda alimentaria y considerar el acceso a alimentos de elección para todos, y el establecimiento de una organización democrática de la economía de la salud, garantizando el derecho a la salud. En octubre de 2024 consiguieron presentar ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley para un experimento con miras a la creación de un sistema de seguridad social alimentaria, aunque el texto solo fue ligeramente debatido en febrero de 2025.

Del proyecto piloto en España "extraeremos conclusiones para poder replicarlo, ampliarlo y crecer en escala", informan las socias de Biolíbere. "Está claro que ese salto es necesario para lograr una transformación profunda del sistema alimentario, de la forma en la que producimos y consumimos, para que sea más justa y no deje fuera a las personas en situaciones menos favorecidas". En este sentido, ponen de relieve la necesidad de políticas y financiación públicas y aseguran que "los recursos económicos existen: una fiscalidad más elevada para las grandes fortunas y grandes capitales, una mejor redistribución de la riqueza, cotizaciones del trabajo y del capital, fondos de políticas ya existentes... Se trata de pensar en cómo hacerlo. Y tener ganas de conseguirlo".