Menores de 23 años, sin trabajo, sin recursos y ahora también sin Ingreso Mínimo Vital

Los jóvenes sufren altísimas tasas de paro, pero no se suele compensar con protecciones específicas cuando se estancan fuera del mercado de trabajo. El Estado deja, en muchos casos, en manos de sus padres la absorción de la precariedad de sus hijos veinteañeros, aunque esto haga que muchos no abandonen sus domicilios hasta los 30, pero ¿qué ocurre cuando no hay hogar al que volver? La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital ha sido celebrada por las organizaciones que luchan contra la pobreza, pero tiene algunos agujeros en la protección. Uno de ellos: que se haya excluido a los menores de 23 años.

El decreto aprobado en mayo de 2020 asegura que, por regla general, podrán solicitar la prestación las personas "de al menos 23 años", con excepciones, como tener menores a cargo. "El que puedan ser pocos, que no lo son, no es motivo para excluirlos. Todo el diseño de los requisitos excluye más a los excluidos", explica Ángel Barón Crespo, de la plataforma ciudadana RMI Tu derecho, que vigila la Renta Mínima de la Comunidad de Madrid.

El motivo por el que se ha dejado fuera a esta población es claro: el Ingreso Mínimo Vital se diseñó como una prestación para personas vulnerables y "no como una renta de emancipación", explican desde el Ministerio de Inclusión. "Es una prestación que lucha contra la pobreza extrema estructural" y de esa concepción emanan todos los requisitos. Además, aseguran que las rentas mínimas autonómicas que existían antes del IMV "imponen un límite de edad incluso más estricto". En los casi 160.000 hogares que ya reciben el Ingreso Mínimo Vital viven más de 460.000 personas, de las que el 47% son menores, unas 220.000. Es decir, los jóvenes pobres se protegerían bajo el hogar pobre de sus padres, que sí podrían solicitar el IMV.

A Arturo Lahera Sánchez, profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, no le sorprende el corte por edad de la prestación: "No es nada nuevo". El experto asegura que la población joven española ha sido tradicionalmente desprotegida por los poderes públicos: "Simplemente, no hemos mejorado. Si comparamos la situación de la juventud de hace dos o tres décadas, veremos que también hay altas tasas de desempleo juvenil. El primer sector, en términos sociales, que fue objeto de la flexibilización del mercado de trabajo fue la juventud", explica en referencia a la gran huelga de 1988 contra el Gobierno de Felipe González, que fue provocada por una reforma del mercado laboral sobre contratos temporales para los jóvenes.

Más de 30 años después, los jóvenes se enfrentan a un mercado laboral precario y temporal y se refugian bajo "un Estado de bienestar débil", en comparación con el resto de países europeos, con los que aún hay una brecha de recaudación fiscal. Por tanto, el Estado tiene que elegir a quién y cómo protege: "La única gran política potente que apoya a la juventud es la educativa, con medidas como los precios públicos de la universidad", asegura Lahera Sánchez.

Un imaginario de clase media

¿Qué ocurre cuando el Estado no llega? Que llegan, a la fuerza, las familias. La covid-19 ha venido a empeorar indicadores que ya eran malos para la juventud. El Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud publicaba en diciembre un informe en el que alertaba de que la emancipación juvenil ha caído de nuevo: el primer semestre de 2020 año solo un 17,3% de los jóvenes estaba emancipado del hogar familiar, el peor dato desde 2001. Por tanto, no es descabellado suponer que, ante un empleo menguante, haya jóvenes que hayan tenido que hacer las maletas y volver donde sus padres.

"Cuando hablamos de juventud, siempre pensamos en juventud de clase media, pero también existen personas jóvenes que no tienen casas a las que volver. También hay temas LGTBI o problemas intrafamiliares. Lejos de culpabilizar a los jóvenes, hay que darles herramientas para que puedan construir una vida independiente", explica Adrià Junyent, responsable de la Vicepresidencia socioeconómica y comunicación del Consejo de la Juventud de España sobre el marco en el que solemos encajar a los jóvenes.

De hecho, que el Estado delegue la protección de los veinteañeros en los padres es, para este portavoz, un síntoma más de la tradición de "privatizar" los servicios esenciales para que los asuman las familias, como ocurre con el cuidado de los mayores o los dependientes. "Se da por hecho que las familias volverán a absorber a los jóvenes para darles una calidad de vida", pero no todos los padres tendrán holgura económica para hacerlo.

Para demostrar que son independientes, los jóvenes tienen que demostrar que "han permanecido en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social durante al menos doce meses", siempre que acrediten que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores durante los tres años anteriores a su solicitud. Desde RMI Tu Derecho interpretan este requisito como una forma de "poner el listón bien alto, y evitar que accedan jóvenes que han cotizado menos". Es decir, poner una nueva barrera para este colectivo.

El pasado septiembre, además, se publicó un decreto en el que se modificaban los requisitos para acceder al IMV, pero en el que los menores de 30 años debían seguir acreditando haber vivido de forma independiente en España, "durante al menos los tres años inmediatamente anteriores a la indicada fecha". Después lo rebajaron a dos, según aclara el Ministerio. Para los mayores de 30, el mismo requisito se reduce a un año.

En su último informe sobre las actuaciones durante la pandemia, el Defensor del Pueblo advertía de que interpretar esta restricción de forma estrecha podría "incurrir en una situación de discriminación, prohibida por la Constitución, y en una vulneración del principio de igualdad jurídica". Sin embargo, más allá de la apreciación, no hay ningún recurso en el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión.

Los hogares jóvenes existen

El cóctel de la falta de trabajo, la precariedad y el precio de la vivienda hace que los jóvenes retrasen sus proyectos de vida. La edad media a la que los españoles se van del hogar paternal es de 29 años. "Es un problema transversal. Dificulta la emancipación de los jóvenes. Lo más grave son las capas más empobrecidas, porque siguen en la unidad de convivencia, y muchas no cumplen los requisitos", opinan desde RMI Tu Derecho.

Según el informe del Consejo de la Juventud de España, existen 662.952 hogares jóvenes, con 121.296 entre los 18 y 25 años, y el grueso, 541.656, entre los 25 a los 29.

En el citado documento, se advierte de que las dificultades no solo les golpean cuando intentan formar un hogar propio, sino también cuando lo logran: "Suelen presentar un mayor riesgo de sobreendeudamiento e inestabilidad en los ingresos. Basta con señalar, por ejemplo, que con la masiva pérdida de puestos de trabajo de 2020 aumentó hasta el 20,7% la proporción de hogares jóvenes en los que no había ninguna persona ocupada, 7,5 puntos porcentuales más que en 2019".

Fundación Secretariado Gitano acudió a la Comisión de Reconstrucción social y económica del Congreso de los Diputados para pedir que el Gobierno rebajase la edad para la percepción del IMV desde los 23 a los 20 años. "Deja fuera a un perfil de jóvenes que contraen matrimonio o se unen como parejas de hecho e inician unidades de convivencia a una edad temprana", explicaban en junio en una nota de prensa.

En un contexto donde la población española envejece, la población gitana es particulamente joven. Se calcula que el 60% de estas personas tienen menos de 30 años, por lo que todos los problemas de la juventud son también sus problemas. Además, soportan importantes tasas de desempleo.

La covid-19, ha empeorado el panorama. Saúl Jiménez Pérez, técnico del Departamento de Empleo de Fundación Secretariado Gitano, asegura que en los últimos nueve meses muchos jóvenes se han quedado "sin empleo o se les han rebajado las horas de trabajo". Aquellos que decidieron formar un hogar joven y no tienen hijos también se ven con las cargas de la casa, sin trabajo y con dificultades para retomar los estudios: "Muchos tomaron la decisión de abandonar sus estudios pronto y ahora se han dado cuenta de lo importante que es la formación, pero no pueden retomarla". Por tanto, saludan iniciativas como el IMV, pero también remarcan la necesidad de inversión a través de políticas activas.

Lo mismo ocurre con otro grupo especialmente vulnerable: los jóvenes que siendo menores residían en centros y, al cumplir la mayoría de edad, tienen que abandonarlos. El Informe sobre la Vulnerabilidad Social Personas Jóvenes en extutela y/o riesgo de exclusión social de Cruz Roja daba buena cuenta de la situación de los jóvenes a los que ellos atienden: el 81,5% está en paro y el 84% no recibe ninguna prestación, por lo que se ven abocados a la pobreza una vez se encuentran fuera de la tutela del Estado.

Sobre este aspecto, el Ministerio de Inclusión asegura a este medio que "se trabaja conjuntamente con diferentes grupos parlamentarios y Comunidades Autónomas para la ampliación de la cobertura a todos los jóvenes que durante su minoría de edad estuvieron bajo la protección de la Administración dentro del sistema de protección de menores".

Durante la pandemia, también se han tomado otras medidas como la de permitir a todos los jóvenes migrantes que trabajaron en el campo durante la pandemia que tuvieran autorización de residencia y trabajo durante al menos dos años, renovables por otros dos. También se habilitó la posibilidad de trabajar a menores extranjeros en edad laboral.