Las Illes Balears han superado este año todos sus registros históricos de llegadas de migrantes por el Mediterráneo. Con 5.909 personas arribadas hasta la fecha, la cifra ya supera los 5.882 migrantes contabilizados en todo 2024, según el Informe Anual de Seguridad Nacional. Este sábado se alcanzó el récord con la llegada de tres embarcaciones a Formentera y Mallorca sumando 40 personas a bordo.

El total registrado hasta septiembre fue de 5.827 personas, a las que se suman las 82 llegadas en lo que va de octubre. Comparado con el mismo período del año pasado, esto supone un aumento interanual del 84%. Las pateras contabilizadas hasta el momento suman 314, 124 más que en 2024, lo que representa un aumento del 65,3%. 

"Hemos visto un crecimiento del tránsito de esta ruta hacia el Estado español, ahora mismo es la ruta migratoria más activa de todo el Estado, por encima de la ruta canaria, aunque allí llegan embarcaciones más grandes y por lo tanto más personas", explica a Público Helena Maleno, fundadora de la ONG Caminando Fronteras. 

Según Maleno, la ruta balear ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. A partir de 2023, explica, se activó "la parte más peligrosa de las salidas desde Argelia hacia las Islas Baleares", lo que provocó un crecimiento sostenido en los dos últimos años. En este periodo, además, han cambiado los perfiles de quienes emprenden la travesía ya que ahora ya no son solo personas argelinas, sino también migrantes de África occidental y del cuerno de África -especialmente somalíes-, junto con un aumento significativo de mujeres y menores que se aventuran por esta vía.

La peligrosidad de la travesía es alarmante. Solo hasta mayo, la ONG Caminando Fronteras calcula que 328 personas perdieron la vida intentando llegar a Balears a través de la ruta argelina. "En agosto asistimos a dos naufragios, uno con 12 desaparecidos y otro con cuatro víctimas, más otra embarcación que sigue desaparecida con 26 personas", señala Maleno. 

Desde enero, más de 40 cuerpos han llegado sin vida a las costas del archipiélago o han sido localizados en aguas próximas, de acuerdo con el recuento de la Delegación del Gobierno. Los últimos meses del año suelen ser los más activos, entre octubre y diciembre de 2024 llegaron 2.716 migrantes, según datos del Ministerio del Interior, siendo casi el 45% del total del año, y todo apunta a que 2025 seguirá esa tendencia.

Ante el aumento de llegadas y la falta de medios, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de septiembre la declaración de emergencia en Illes Balears, en respuesta al incremento de personas migrantes y la necesidad de reforzar la atención humanitaria. La medida, promovida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 e incluye actuaciones como la habilitación de espacios para alojamiento y atención, servicios de traducción e interpretación, atención médica y cobertura de necesidades básicas de alimentación, salubridad y seguridad. Para ello, el Gobierno ha destinado una inversión de 6,75 millones de euros.

Desde el Ministerio de Migraciones explican a Público que, ante el aumento de llegadas a Balears, se han "redimensionado y mejorado los recursos disponibles para la atención a las personas migrantes". Señalan que llevan tiempo impulsando un plan de infraestructuras basado en "dispositivos de acogida transitoria de emergencia, refuerzo de personal y provisión de servicios y suministros" en la costa balear, subrayando que se trata de "atención temporal", ya que la mayoría de los migrantes que llegan al archipiélago permanecen en tránsito y suelen trasladarse a la península en muy poco tiempo.

No obstante, las organizaciones sociales advierten de que la situación sobre el terreno ha sido y sigue siendo crítica. "No había ni siquiera carpas de atención. En Formentera, personas mojadas llegaban en ferries hacia Ibiza sin asistencia humanitaria. En Mallorca, ha sido la sociedad civil la que ha organizado ayuda con agua, comida e información, mientras las autoridades las abandonaban en el puerto", denuncia Maleno. La experta añade que la atención deficitaria afecta a la identificación de víctimas de trata, a la protección del derecho de asilo y a la protección de la infancia.

"Balears es una de las rutas migratorias con menos garantías en la protección del derecho a la vida de todas las rutas que hay en el Estado español. Hay una gran demora en la activación de medios de búsqueda y rescate o una nula activación de esos medios", añade.

Caminando Fronteras advierte que la falta de activación temprana de medios de rescate y la escasa intervención coordinada de medios aéreos han dejado sin respuesta muchas alertas de emergencia. Según denuncian, la débil colaboración internacional con Argelia y la ausencia de protocolos conjuntos también aumentan los riesgos. "Algunos de los naufragios se produjeron relativamente cerca del litoral, donde la intervención de medios marítimos y aéreos habría podido marcar la diferencia entre vivir o morir", subrayan en su informe Monitoreo Derecho a la Vida sobre los primeros cinco meses de 2025.

El Govern balear también ha denunciado en varias ocasiones no contar con los medios necesarios para la atención de tantas personas y ha reclamado al Ejecutivo central que asuma sus competencias. Entre otras medidas, solicita el despliegue de efectivos de Frontex y acuerdos diplomáticos con Argelia para frenar la salida de embarcaciones irregulares.

Además, el Ejecutivo balear había rechazado acoger más menores migrantes no acompañados procedentes de otras comunidades, alegando incapacidad del sistema de protección infantil. La presidenta del Gobierno autonómico, Marga Prohens (PP), ha afirmado que las islas "no están en disposición" de recibir más menores porque los recursos ya están al "850% de su capacidad". 

Si bien, el Gobierno ha anunciado este lunes que Baleares debe participar en el reparto, asegurando que estos traslados no incrementarán la presión sobre el sistema de protección isleño. Así lo señaló el secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, tras reunirse en Palma con la consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, los consejeros insulares de Bienestar Social y el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez. 

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Pérez destacó que se destinarán seis millones de euros al Archipiélago para la acogida de menores, con una partida adicional en preparación, y subrayó la importancia de abordar de forma conjunta las divergencias sobre el Real Decreto-ley aprobado por el Congreso, destinado a gestionar la contingencia migratoria que afecta a Canarias, Ceuta y Melilla. Según el secretario de Estado, en Balears no existe una contingencia, sino un incremento sostenido de llegadas que ha cronificado el fenómeno en los últimos años.