A unos 700 kilómetros de Canarias, en la costa de Mauritania, los cayucos con migrantes ya no parten, sino que son detenidos antes de alcanzar el mar. Las patrullas locales, financiadas con dinero europeo, interceptan las salidas -algunas personas incluso nada más pisar el país africano-, y muchos de quienes intentan huir son abandonados en el desierto.

La externalización de fronteras es la estrategia estrella que sigue la Unión Europea para evitar enfrentar los desafíos que plantea la migración africana hacia Europa. España ha sido pionera en poner en práctica esta política, que traslada el control migratorio más allá de sus límites territoriales. Esta táctica, presentada como cooperación internacional, ha generado una red de acuerdos de "cooperación migratoria" con países africanos donde los derechos humanos se diluyen en nombre de la seguridad.

Bajo este modelo, siguiendo las bases del Pacto de Migración y Asilo que busca un refuerzo del control de fronteras exteriores, España y la UE transfieren millones de euros a países como Mauritania, Marruecos o Senegal para reforzar sus fuerzas de seguridad y "gestionar" las salidas. En la práctica, el dinero europeo financia patrullas, cárceles y material policial destinado a frenar los movimientos migratorios antes de que crucen el Atlántico.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho de esta política su principal herramienta diplomática. Hace apenas unas semanas celebró que la cooperación con Mauritania -país donde los migrantes se embarcan hasta llegar a Canarias- permitió "frenar" 3.500 salidas irregulares en lo que va de año y 10.000 en 2024. El 20 de octubre se reunió en Argel con su homólogo argelino para abordar el tráfico de personas y, pocos días después, agradeció al ministro del Interior senegalés la "cooperación" en la lucha contra las mafias migratorias.

Según Cecilia Estrada Villaseñor, doctora en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Pontificia Comillas, esta práctica adelanta las fronteras europeas miles de kilómetros al sur, impidiendo que las personas puedan ejercer su derecho a solicitar asilo. "Es un traslado de la responsabilidad humanitaria y una forma de desentenderse de las obligaciones internacionales", explica a Público. Pero recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esas obligaciones viajan con el Estado, incluso cuando actúa fuera de su territorio.

Mientras tanto, el Gobierno presume de que las cifras de llegadas por la ruta canaria han descendido un 58% respecto al año pasado: 14.242 personas frente a las 34.087 registradas en el mismo periodo de 2024. Para Red Acoge, este descenso no es fruto de una gestión eficaz, sino del cierre violento de las rutas. "Cuando se celebran los descensos de llegadas hay que preguntarse cuántas personas han muerto en el camino, cuántas han sido detenidas o devueltas sin garantías, cuántas con derecho al refugio se han quedado fuera", advierte.

 Cuando se celebran los descensos de llegadas hay que preguntarse cuántas personas han muerto en el camino  

Un informe de Human Rights Watch (HRW) denuncia que los acuerdos de la Unión Europea con Mauritania buscan convertir al país en un "Estado tapón", donde el control migratorio se basa en la tortura, el maltrato y las deportaciones masivas. La combinación de opacidad, indiferencia hacia los derechos humanos y presión europea para que los países africanos frenen las salidas ha llevado a un "modelo de disuasión y represión". 

También Marruecos se ha consolidado como un socio prioritario de España en el control de los flujos migratorios. A tal punto que, según diversas organizaciones, utiliza a las personas migrantes como moneda de cambio en sus negociaciones con el Gobierno español, condicionando su cooperación al control migratorio a intereses políticos y económicos. Un ejemplo dramático de estas dinámicas ocurrió el 24 de junio de 2022 en Melilla, cuando al menos 37 personas murieron y otras 76 desaparecieron al intentar cruzar la valla fronteriza.

"Seguimos exigiendo justicia por todas las personas asesinadas y desaparecidas. Además, hubo muchísimas devoluciones en caliente. Y luego, una vez en territorio marroquí, a través de autobuses, las alejaron aún más de la frontera, sin poder pasar por servicios médicos. Esto se ha descubierto gracias a la investigación de organizaciones independientes, no porque el Estado hubiera hecho estas investigaciones", denuncia Irídia - Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, en conversación con Público.

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En mayo, una investigación de Lighthouse Reports reveló que fondos y materiales europeos y españoles se estaban utilizando para abandonar migrantes en zonas desérticas de la frontera con Malí, muchas veces sin agua ni alimentos.

Cheick, un joven maliense de 20 años que consiguió llegar a Canarias, relató a Público cómo al cruzar la frontera entre Malí y Argelia fue encarcelado por un grupo armado que extorsionaba a las familias de los migrantes. "Las personas que lograban pagar podían continuar el viaje; quienes no podían, se quedaban allí", contó. Más adelante, en los países del norte de África, la violencia continuó. "Incluso la Policía, que se suponía que debía protegernos, nos perseguía en las casas, en las calles, en los lugares de trabajo… solo para meternos en prisión durante meses y luego abandonarnos en el desierto", añadió.

"Aunque los acuerdos incluyen cláusulas de derechos humanos, no hay trazabilidad ni seguimiento individual de las personas interceptadas o devueltas. La falta de acceso de ACNUR y otras ONG a los centros de detención y la opacidad de las operaciones de Frontex impiden una supervisión independiente. Es una zona gris de responsabilidad en la que se diluye la rendición de cuentas", denuncia Estrada.

España financia dos cárceles de migrantes en Mauritania

La cooperación entre España y Mauritania ha alcanzado un nuevo nivel con la apertura de dos cárceles de migrantes financiadas por el Gobierno español y la Unión Europea. Los dos centros se inauguraron el pasado 17 de octubre en Nouakchott, capital del país, y en Nouadhibou, en la frontera con el Sáhara, aunque aún no están operativas, según ha desvelado una investigación de porCausa en El Salto. 

Los dos centros, financiados con fondos europeos por un coste superior al millón de euros, cuentan con capacidad para 107 plazas en Nouakchott y 76 en Nouadhibou. Ambos disponen de cunas para bebés, de modo que pueden acoger a menores acompañados por sus madres. El proyecto se inició en 2021, coincidiendo con el aumento del flujo migratorio por la ruta canaria. 

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La construcción y el equipamiento fueron sufragados con recursos de España y del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, a través del proyecto policial Asociación Operativa Conjunta (POC, por sus siglas en francés), dirigido por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP).

Público ha preguntado a la FIAP sobre los mecanismos de supervisión para garantizar que esos centros no vulneren derechos humanos ni se usen con fines represivos. Ante lo que la fundación ha asegurado que “el proyecto ha generado un espacio de concertación entre organismos de protección, humanitarios, de derechos humanos, autoridades mauritanas y la delegación de la Unión Europea para diseñar un reglamento -recientemente aprobado- que prevé,  la supervisión con entrada libre y directa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos·

"La Medialuna Roja será encargada de la atención básica a personas migrantes y el cribado para determinar si son susceptibles de algún tipo de protección atendiendo a su vulnerabilidad corre a cargo de la Instancia mauritana de lucha contra la trata y tráfico de personas, con participación de la OIM y ACNUR", ha añadido la fundación.

Además, España ha incrementado el envío de inteligencia, equipamiento y vehículos policiales a través de la FIAP, lo que se ha traducido en mayores redadas sin orden judicial, detenciones arbitrarias y persecución por perfil racial, con participación de la Guardia Civil y la Policía Nacional españolas, según la investigación.

Por su parte, la FIAP ha asegurado a este medio que el proyecto incluye el envío de "equipamiento con una serie de vehículos y otros materiales a las instituciones a las que está reforzando para la lucha contra la trata y el tráfico de personas y la gestión migratoria". Y, asegura, "que no han tenido constancia del uso del material donado" para detenciones arbitrarias o redadas,

"Esta política consolida dictaduras, nutre el arsenal de quienes desestabilizan a sus propios pueblos y viola derechos humanos", denuncia José Bautista, periodista de investigación de porCausa. Según sus datos, el 80% del gasto español en control migratorio se destina a África, aunque la mayoría de migrantes en España proceden de América Latina. "Si de verdad quisieran frenar la migración irregular, amurallarían los aeropuertos de Barajas y El Prat", ironiza. 

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PorCausa ha documentado además que vehículos fabricados en Castilla-La Mancha y Galicia y suministrados a Senegal a través de la FIAP fueron utilizados en 2023 para reprimir protestas políticas tras la suspensión de las elecciones. "Murieron más de 60 personas en esa ola de represión", asegura Bautista.

El Ministerio de Interior ha respondido a Público que España defiende y promueve desde hace años la cooperación con países de origen y tránsito de la migración centrada en la investigación y desarticulación de mafias de tráfico y trata de personas. "Efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están desplegados en Mauritania, Senegal y Gambia con ese objetivo, en el marco de la cooperación bilateral y de proyectos financiados por la Unión Europea, siempre con pleno respeto a los derechos humanos", señalan.

Público también ha consultado cuáles son los mecanismos existentes para garantizar que los acuerdos migratorios con terceros países no expongan a refugiados y migrantes a riesgos, persecución o tratos inhumanos, y si se dispone de supervisión independiente para asegurar que se cumplan los estándares internacionales de derechos humanos y de asilo. En respuesta, el ministerio ha señalado que "la cooperación policial y las ayudas en este ámbito con terceros países están reguladas por el Real Decreto 732/2007, de 8 de junio, por el que se establecen las normas especiales sobre ayudas en el ámbito de la cooperación policial internacional". 

Modelo extendido al Mediterráneo central

El mismo modelo se replica en el Mediterráneo central, con Italia como protagonista principal ya que cuenta con acuerdos con Libia, Túnez o Albania. Iftach Cohen, codirector de la organización Front-Lex, explica que en los últimos cuatro años decenas de miles de personas refugiadas han sido "devueltas a sus verdugos" por Frontex, Italia y Malta. "Cuando el director de Frontex, Hans Leijtens, ordena a un oficial entregar una embarcación detectada en alta mar a la milicia libia, tanto quien da la orden como quien la ejecuta saben que están enviando a esas personas a violación, esclavitud, tortura y asesinato. Los agentes de Frontex no son diferentes de los guardias fronterizos suizos que, en 1943, rechazaron trenes con personas judías refugiadas sabiendo que acabarían en los campos de exterminio", denuncia Cohen.

"Y cuando Alberto Núñez Feijóo felicita a Meloni diciendo que su política de externalización ‘funciona’, también pienso que, desde la perspectiva de la Alemania nazi, muchos componentes obscenos de su maquinaria ‘funcionaban’. Pero todavía no evaluamos su ‘eficiencia’ en términos de exterminar a judíos y otras minorías", añade.

Para la doctora Cecilia Estrada, existen alternativas acordes a los derechos humanos para gestionar la migración mediante vías legales seguras, como visados humanitarios o programas de reasentamiento. Además de establecer refuerzos de operaciones de búsqueda y rescate y evaluaciones independientes de derechos humanos en todos los acuerdos bilaterales. 

"Europa necesita recuperar la coherencia entre su discurso y su práctica. Es necesario invertir en desarrollo, apostando por empleo, educación y gobernanza democrática en los países de origen", apuesta la experta.