Hasta un millón de euros por no dejar pasar comida: Bustinduy pone en el punto de mira a los festivales

Prohibir la entrada con comida y bebida del exterior o imponer pagos obligatorios mediante pulseras cashless son normas que la mayoría de los festivales han impuesto y que hemos empezado a normalizar, pero que afectan directamente a los derechos de los consumidores y reflejan un patrón de prácticas abusivas que se ha extendido en eventos de todo el país.

Este lunes, la Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto un expediente sancionador contra una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas. Entre las conductas investigadas se encuentran la prohibición generalizada de introducir comida y bebida del exterior, la obligación de pagar para salir y volver a entrar al recinto, la imposición de sistemas de pago obligatorios mediante pulseras cashless y las dificultades para devolver el dinero no utilizado en ellas, incluyendo la exigencia de una cantidad mínima, la aplicación de gastos de gestión y un plazo limitado para solicitar el reembolso.

El Ministerio no ha revelado el nombre de la empresa, aunque ha señalado que organiza eventos en varias comunidades autónomas, lo que permite actuar a nivel estatal en este caso. Según Consumo, estas prácticas podrían vulnerar el artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y, de considerarse infracciones muy graves, podrían acarrear multas de entre 100.001 y un millón de euros. La investigación podrá durar hasta nueve meses para su instrucción y resolución por parte de los órganos competentes. Si bien, es importante recordar que la apertura del expediente no determina ni anticipa el resultado final de la investigación.

Aunque por ahora solo se ha abierto un expediente a nivel estatal, estas prácticas no son un caso aislado. Desde hace años, organizaciones de defensa del consumidor como FACUA, OCU o CECU han denunciado abusos similares en numerosos festivales y conciertos organizados por distintas promotoras en toda España. Por ello, esperan que esta medida, el primer expediente de este tipo abierto por el Gobierno, sirva de precedente para futuros casos.

La OCU ha documentado prácticas similares en ocho festivales con diferentes empresas promotoras: Degusta Fest, Icónica Fest, Bella Festival, Boombastic Costa del Sol, FIB, Movida Sound, Dreambeach y Reggaetón Millennial Fest. Entre las conductas señaladas destacan cargos de dos a tres euros por recuperar saldo de pulseras cashless, tarifas de hasta 35 euros por entrar de nuevo al recinto y la falta de reembolso ante cambios de artistas o condiciones climáticas adversas. La prohibición de acceso con alimentos y bebidas también se considera abusiva, al priorizar la rentabilidad sobre la experiencia cultural y musical de los asistentes.

Público se ha puesto en contacto con los festivales mencionados, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Desde la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), la apertura del expediente es bienvenida, pero advierten que el problema va más allá. "Estas prácticas abusivas ocurren desde hace años, a las que habría que sumar otras habituales como el establecimiento de gastos de gestión que pueden llegar al 20% del precio de la entrada sin correspondencia con servicios prestados, la falta de fuentes de agua en el recinto, la venta de entradas duplicadas o falsas y no permitir el reembolso pese a la modificación del cartel", explica Miguel Crespo, abogado de CECU, a Público.

El jurista alerta de que tras la pandemia los festivales de música se han disparado, por lo que algunos promotores "han visto un filón para obtener un beneficio, en algunos casos, infringiendo las normas de protección de las personas consumidoras".

FACUA presentó el año pasado denuncias contra las promotoras de 28 festivales y conciertos. La empresa más denunciada ante Consumo durante esta legislatura ha sido Live Nation -aunque el departamento dirigido por Pablo Bustinduy no ha confirmado si se trata de esta empresa la que está siendo objeto del expediente sancionador-. La promotora también ha sido señalada por la venta de entradas en los conciertos de AC/DC en 2024 y los de Lady Gaga y Bad Bunny en 2025. En relación a ello, el Ministerio anunció una investigación a Ticketmaster -propiedad de Live Nation- por posibles irregularidades en el cobro de gastos de gestión de los 12 conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona.

"Llevamos décadas denunciando un cúmulo de irregularidades en festivales y conciertos, ante la pasividad de las autoridades de consumo autonómicas, que solo en contadas ocasiones han aplicado multas de cuantía ridícula", ha explicado este lunes Rubén Sánchez, presidente de FACUA, tras una rueda de prensa. La organización añade que las irregularidades más habituales son las que ahora investiga el Ministerio: prohibir el acceso con comida y bebida, obligar al uso de pulseras cashless y limitar los plazos o condiciones para recuperar el dinero sobrante.

Relacionado con este tema

La 'cara B' de los festivales y conciertos: estos son los abusos a los asistentes en la venta de entradas

Laura Anido

Fuentes del Ministerio explican a Público que, tras iniciar el expediente sancionador, han trasladado a las distintas comunidades autónomas el procedimiento y la normativa aplicable para que los gobiernos regionales actúen en sus respectivos territorios, ya que son quienes tienen las competencias directas en estos casos. El Gobierno central solo puede intervenir cuando se trata de promotoras que operan en dos o más comunidades autónomas y, según indican fuentes ministeriales, muchas empresas del sector desarrollan su actividad únicamente en una.

FACUA y CECU coinciden en que solo un control más firme podrá garantizar que los asistentes dejen de ser víctimas de prácticas abusivas. "La actuación del Ministerio será clave para que promotores y empresas del enorme negocio de la música en vivo tomen conciencia de la necesidad de respetar los derechos de las personas consumidoras", concluye Crespo.