La llegada del verano trae consigo la esperada temporada de festivales y conciertos. Las vacaciones son el momento perfecto para disfrutar de estos grandes eventos de música en vivo. Pero también es importante conocer nuestros derechos como consumidores para evitar posibles abusos.

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU advierte sobre las prácticas cada vez más frecuentes que afectan a los asistentes de estos eventos: cambios de última hora en cartel o ubicación del evento y la aplicación de gastos de gestión abusivos y poco transparentes.  

Este año, la polémica ha ido más allá. Tras hacerse público que varios festivales del verano estaban financiados por el fondo de inversión proisraelí KKR -vinculado a proyectos inmobiliarios en Gaza-, numerosos artistas han decidido suspender sus actuaciones en señal de protesta. Estas cancelaciones, según advierte CECU y hemos recogido en Público, suponen una alteración sustancial de uno de los elementos fundamentales del contrato, lo que otorga a los consumidores el derecho a reclamar la devolución del dinero, así como de los gastos adicionales que hayan asumido, como transporte o alojamiento.

"Los promotores deben atender, de forma ágil y sin poner trabas, las solicitudes de reembolso cuando se produzcan cambios significativos en el cartel. Aunque estas decisiones escapen a su control directo, tienen la obligación de respetar los derechos del público", explica César Díaz, del área jurídica de CECU, en declaraciones a Público. "Si cambian las condiciones previstas, tenemos derecho a recuperar nuestro dinero", apunta.

Otro de los principales motivos de reclamación frecuente son los gastos de gestión, que en algunos casos pueden suponer hasta un 20% adicional sobre el precio base de la entrada. Un ejemplo reciente ha sido la preventa de entradas para los próximos conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona, donde se aplicaron recargos de hasta 35 euros por entrada. Una cantidad desorbitada que, según advierten asociaciones de consumidores, contraviene la normativa vigente en materia de protección al consumidor.

Cuando salieron a la venta las entradas para ver al cantante puertoriqueño, muchos compradores entraron en las webs en las que se pueden adquirir y se encontraron con que habían hasta tres conceptos no reembolsables: gastos de gestión, donación y cargo vip.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una entrada con un coste mínimo de 79,50 euros incrementa su precio hasta los 269,30 euros al sumarse tres gastos adicionales: 3,30 euros en concepto de donación, 36,50 euros por gastos de gestión y 150 euros por cargo vip adicional.

La situación se complica aún más cuando las plataformas de venta de entradas comienzan a aplicar precios dinámicos también a los gastos de gestión, una práctica que entra en contradicción con los importes fijos que supuestamente deberían tener estos cargos, señala CECU. Además, estos recargos se aplican por cada entrada adquirida, independientemente de si el consumidor compra varias a la vez o realiza todo el proceso sin asistencia externa. En otras palabras, se cobra por un servicio que realmente no se presta.

"Las empresas de ticketing están aprovechando la venta de entradas online, algo habitual en todo tipo de grandes eventos, como una oportunidad más de negocio y rentabilidad a costa de los derechos de las personas consumidoras, imponiendo recargos abusivos, como los gastos de gestión, por un servicio que realmente no les están prestando, ya que este es contratado por el promotor para la venta de entradas", denuncia Díaz.

A esto se suma una falta de transparencia preocupante. Los costes por gastos de gestión no suelen aparecer en la publicidad de los festivales o conciertos. Es decir, el consumidor no conoce el precio real hasta que inicia el proceso de compra. Esta práctica vulnera lo establecido en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que en su artículo 60.2.c exige que toda la información relevante sobre el precio -incluidos recargos adicionales- esté claramente indicada desde el primer momento.

"Estos gastos solo son legales si, efectivamente, suponen la prestación de un servicio adicional al usuario, si se reflejan en la publicidad del evento y si se trata de una cuota fija, independientemente del precio de la entrada que se adquiera. En caso de que esto no se cumpla, recordamos a las consumidoras que tienen derecho a reclamar", avisa Díaz.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado la apertura de una investigación a la plataforma Ticketmaster por estos presunto cobro de recargos indebidos en los conciertos de Bad Bunny en España.

Esta actuación se suma a un expediente informativo ya en curso contra varias empresas del sector dedicadas a la venta de entradas para conciertos y otros eventos, en el que se examinan posibles irregularidades relacionadas con la transparencia en los precios.

En este contexto, el ministro Pablo Bustinduy ha adelantado que se incluirá de forma expresa en la Ley General para la Defensa de los Consumidores la obligación de que las plataformas informen, desde el primer momento, del precio final y completo de las entradas -incluidos los gastos de gestión-.