Una mujer reclama a la Consejería de Salud, dependiente del Gobierno riojano, tres millones de euros por el "error humano", en palabras de la actual consejera, Sara Alba, que supuso un intercambio de bebés por la que la demandante fue entregada a una madre que no era la suya.

Sucedió en el año 2002, en el Hospital San Millán de la capital riojana, que ya no existe, cuando dos niñas llegaron al mundo con cinco horas de diferencia y, cada una de ellas, fue entregada a la familia de la otra tras pasar por la incubadora.

La consejera ha explicado que no se ha podido concluir quién fue el autor de ese error humano dado que "los sistemas de identificación con los que se contaba antes no estaban con tanto detalle como ahora".

La ahora demandante nunca vivió con los padres a los que fue entregada y fue criada por la teórica abuela (en realidad abuela de la otra niña) que consiguió su tutela.

En 2017, la abuela interpuso una demanda de alimentos contra el padre de su nieta, a lo que este se negó al decir que no era su hija. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Logroño ordenó entonces una prueba de ADN, que confirmó que el hombre no era el padre biológico. También se constató que esta niña, que entonces tenía 15 años, tampoco tenía una relación genética con la que consideraba su madre, y en 2018 reclamó la averiguación de su identificación con arreglo al principio de veracidad biológica.

Hace tres años falleció la supuesta madre biológica de esta niña y aún se está pendiente de conocer el resultado de la prueba de ADN realizada, en enero pasado, a su supuesto padre biológico.

Pendientes de las pruebas genéticas

El abogado de la demandante, José Saez-Morga ha iniciado una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial por daños morales reclamando una indemnización de más de tres millones de euros, frente a los 215.000 euros que ofrece Salud. Esto último está parado a expensas de las pruebas genéticas pendientes en el Juzgado de Familia, algo que Saez-Morga ha creído innecesario cuando hay "hechos elocuentes que demuestran que el cambio se ha producido".

El abogado, además, ha indicado que la demanda no es penal ya que consideran que la negligencia no ha sido voluntaria y ha creído que el daño producido a la demandante es "inconmesurable, continuado y de por vida" porque "esta persona no se va a librar nunca del estigma de esta confusión". Se trata de "fortalecer su personalidad económica con la finalidad de que tenga un futuro asegurado" aunque lo ocurrido "no sea reparable".

Ahora, se deben recibir las pruebas genéticas para que la jueza determine quienes son los padres (algo ante lo que ha añadido que se suma que su cliente no ha podido conocer a su madre biológica porque falleció en 2018) para que el expediente de responsabilidad patrimonial se falle con dictamen de los Servicios Jurídicos de Salud y el Consejo Consultivo.

"Esta situación no va a volver a suceder"

Por su parte, la consejera de Sanidad riojana, Sara Alba, ha subrayado que su consejería está "profundamente volcada en resolver la reclamación patrimonial solicitada y con absoluto respeto a los procedimientos judiciales y con la máxima colaboración con la Justicia".

"Estamos a disposición de la familia para dar el apoyo necesario que pueda necesitar, manteniendo la confidencialidad y el respeto que requieren este tipo de situaciones", ha insistido.

La Consejería de Salud, en estos momentos, "garantiza que esta situación no puede volver a suceder", ha resaltado, dado que "han cambiado los sistemas de identificación en estos años y los procedimientos son seguros y fiables".

Ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la población pues en 2002 se realizaba una ficha personal con huella digital que luego se modificó con huella plantar. En la actualidad se utiliza una muestra de sangre del cordón umbilical. "Es importante destacar que estos procedimientos actuales permiten afirmar que sería imposible que algo así, a día de hoy, volviera a ocurrir", ha reiterado.