El parque natural del Cabo de Gata-Níjar es la penúltima joya virgen del depredado litoral español. A lo largo de sus 63 kilómetros de costa y 49.500 hectáreas en la provincia de Almería, sobrevive un excepcional ecosistema plagado de valores geológicos, antropológicos, ecológicos, históricos y paisajísticos. Es el primer parque natural marítimo-terrestre de Andalucía y su secular aislamiento lo ha mantenido a salvo de la devastadora ola de cemento que ha transformado la costa andaluza en las últimas décadas.

Desde 2017, un goteo incesante de promociones inmobiliarias están colonizando áreas nunca antes explotadas. Ese año el Tribunal Supremo dio luz verde al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Cabo de Gata, tras un largo litigio con la Asociación Amigos del Parque, que lo había recurrido al entender que rebajaba el grado de protección y permitía una intensificación de los usos agrícolas y urbanísticos.

Durante diez años, el PORN estuvo suspendido y quedó paralizado el desarrollo de planes parciales en pequeños núcleos de población del parque natural. Tras la sentencia del Supremo de 2017 y la pandemia de 2020, las actuaciones urbanísticas previstas están empezando a moverse, según asegura Pilar González, miembro de la junta directiva de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. "Desde 2018 se han puesto bastantes promociones en marcha. En todas esas hemos alegado y en muchas se ha reducido la edificabilidad", indica.

Hay una promoción, sin embargo, que supera en volumen e impacto ambiental a todas las demás. Se trata del desarrollo de un plan parcial en la localidad de San Miguel de Cabo de Gata, una pedanía del Ayuntamiento de Almería situada a 20 minutos del aeropuerto. La urbanización afecta a más de 12 hectáreas y prevé la construcción de 323 viviendas turísticas en primera línea de playa, así como previsiblemente un hotel y un área comercial. El plan parcial fue aprobado en 2006, pero el recurso del PORN lo congeló de manera provisional.

Una inmobiliaria de Almería ya está ofreciendo la venta de las primeras 94 viviendas, aunque aún no se ha movido una sola piedra. La Asociación Amigos del Parque sostiene que esta actuación supone un grave impacto para uno de los espacios naturales más relevantes de Andalucía. "Nos preocupa especialmente el consumo de agua, la depuración de aguas residuales y la afección sobre la flora y la fauna del parque natural", señala un informe publicado en su página web.

Según alerta el colectivo proteccionista, la nueva urbanización de San Miguel de Cabo de Gata amenaza dos hábitats de interés comunitario. Uno de ellos se trata de pastizales de gramíneas donde se localizan muchos endemismos y especies protegidas. El otro se refiere a tomillares y matorrales en dunas y arenas litorales, prioritario en Andalucía.

"Esta urbanización no solo supone arrasar más de 12 hectáreas de terreno con asfalto y hormigón en un parque natural", argumenta el informe, "sino que además tiene como consecuencia el incremento de la presión antrópica, un mayor tráfico rodado, mayor demanda de servicios e infraestructuras públicas y mayor masificación en la zona". Amigos del Parque estima que la prioridad de un espacio de alto valor ecológico como el Cabo de Gata debe ser las "medidas conservacionistas" por encima de los "intereses particulares de promotores inmobiliarios".

La urbanización prevista ampliará en un tercio la superficie urbana de esta pedanía de Almería, que se encuentra a treinta minutos de la ciudad andaluza. No es el único caso de núcleos de población del parque natural que experimenta incrementos "desmesurados" en los últimos años. Algunos pueblos han multiplicado por dos o por tres su propio tamaño, según declara Pilar González a Público. "Aquí en San Miguel de Cabo de Gata aún no se han puesto a trabajar. Nosotros nos hemos enterado por la publicidad de la inmobiliaria. Hemos pedido información a la administración porque necesitan el informe de Evaluación Ambiental Estratégica y sabemos que no lo tienen".

El PORN de 2008 fue "muy negativo" para la conservación del parque natural de Cabo de Gata, a juicio del colectivo proteccionista, porque amparó desarrollos urbanísticos "desproporcionados". La sentencia del Tribunal Supremo de 2017, en cambio, amparó la normativa implementada por la Junta de Andalucía y afirmó que se ajustaba a derecho. Entre otras demandas, las organizaciones ecologistas que recurrieron el PORN denunciaron entonces que el plan legalizaba un millar de viviendas ilegales y 500 hectáreas de invernadero.

"Cuanto más se urbanice, menos natural es el parque. Se están perdiendo ecosistemas y eso no es tolerable", protesta Pilar González. "No puede ser que el beneficio económico de unos pocos perjudique al medio ambiente". La miembro de la junta directiva niega los argumentos que justifican el desarrollo urbanístico como principal salida económica para una comarca históricamente deprimida. "El beneficio no se queda en el parque natural. Son promotores de fuera. Y la riqueza que se crea es poca y temporal", afirma.

En 2020, Amigos del Parque ya difundió otro informe sobre las "nefastas" consecuencias del PORN para la conservación de Cabo de Gata. En aquella ocasión, advirtió de que el plan aprobado por la Junta habilitaba 90 hectáreas de suelo para construir en diferentes localidades del parque natural, entre ellas Agua Amarga, Pozo de los Frailes, San José, Las Negras, Fernán Pérez, Pujaire, Rodalquilar, Las Hortichuelas y San Miguel de Cabo de Gata. Por lo general, los ayuntamientos ven con buenos ojos el desarrollo urbanístico de sus términos municipales, por lo que supone de creación de empleo, dinamización económica e ingresos en tasas e impuestos para las arcas locales.

Público ha contactado con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para recabar información detallada sobre el desarrollo del plan parcial de San Miguel de Cabo de Gata y sus consecuencias ambientales. Ninguna de las dos administraciones, al cierre de esta edición, han facilitado información alguna.