Este jueves el Parlamento de Andalucía ha iniciado una tramitación exprés de una proposición de ley para regular centenares de hectáreas del parque de Doñana. Desde el PP han defendido extender el terreno para el cultivo de frutos rojos, que afectaría a las poblaciones de Almonte, Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado. Sin embargo, esta medida ha generado una fuerte oposición entre los sectores progresistas y ecologistas, ya que el paraje natural es un símbolo de la biodiversidad.

Si bien la nueva ley, que cuenta con el apoyo de Vox, no establece la cantidad de nuevas hectáreas, se calcula que podría afectar a unas 800, las cuales podrán regarse con aguas superficiales. La recalificación se sitúa en la Corona Norte Forestal de Doñana. La patronal ha remarcado que el cultivo del fruto rojo genera hasta 100.000 empleos y supone casi el 8% del PIB en Andalucía.

Críticas desde el ecologismo

Desde la Junta han esgrimido que esa zona no forma parte de Doñana. Además, el gabinete de Juanma Moreno ha destacado que no se empleará la extracción de aguas del acuífero y que el regadío con aguas superficiales vendrá de los trasvases de los ríos Odiel-Tinto-Piedra. Sin embargo, estos argumentos no han calado en las asociaciones ecologistas. "El lobby del regadío industrial es insaciable. El acuífero de Doñana está sobreexplotado, ya se lo han cargado y siguen", argumentó Juanjo Carmona, de WWF.

Doñana está en una situación muy delicada: hasta el 59% de las lagunas temporales de mayor tamaño no se inundan desde 2013, lo que ha provocado la desaparición de fauna y flora muy valiosa, según informa el último informe de la Estación Biológica de Doñana.

Bruselas y el MITECO advierten a Moreno

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya alertó a Moreno el pasado 21 de marzo sobre los riesgos de legalizar nuevas hectáreas. La vicepresidenta tercera también le remitió las advertencias de Bruselas sobre el tratamiento del paraje. La Comisión Europea, en un escrito, señaló a la Junta andaluza la "violación flagrante" del derecho comunitario que suponía esa ley. El Ejecutivo europeo, en esta línea, amenazó con aplicar sanciones económicas si salía adelante la norma.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ya adelantó a Público que, en el caso de aprobar la norma, el Gobierno adoptaría "todas las medidas compatibles con la Constitución y el Derecho Europeo para defender el Parque Nacional de Doñana". Una de las herramientas contempladas sería la de aplicar la Ley de Parques Nacionales, declarar el estado de emergencia ambiental y asumir la gestión directa del entorno.

Cabe recordar que hace un año PP, Vox y Ciudadanos ya presentaron una proposición legislativa muy similar. Esa vez se estableció que la ampliación del regadío llegaría hasta las 1.461 hectáreas. En aquella ocasión, surgieron las mismas reticencias por parte de la Unesco, la Comisión Europea, el Gobierno central, colectivos ecologistas y hasta 25 sociedades científicas. Los expertos han asegurado que la creación de nuevos regadíos seguirá saturando el suelo y continuará restando los niveles del acuífero.