La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha enviado este martes una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para trasladarle las advertencias de Bruselas sobre la gestión del agua Doñana y pedirle "entendimiento" para dejar de lado la iniciativa de PP y Vox que pretende legalizar miles de hectáreas de regadío ilegal en el emblemático ecosistema onubense. 

"La protección de Doñana es un asunto de máximo interés ambiental, social y legal, tanto para los españoles como para las instituciones europeas y los amantes de la naturaleza a nivel mundial", dice la política socialista en el escrito. La ministra, además, le remite directamente la carta que este lunes envío al Gobierno de España Florika Fink-Hooijer, directora general de la Comisión Europea.

En dicha carta, Bruselas amenaza con llevar al Estado español ante los tribunales europeos por incumplir las normas y no ejecutar sentencias del pasado que obligaban a Andalucía a mejorar la gestión del regadío en la Corona Norte de Doñana, una de las zonas afectadas por la iniciativa legislativa impulsada desde el Ejecutivo autonómico de Moreno Bonilla. 

En su carta, Ribera tilda la iniciativa andaluza de "incomprensible" y avisa al presidente andaluz que la Comisión Europea está pendiente de los movimientos que puedan darse en el humedal de Doñana.

Fink-Hooijer, en la misiva, pide un mayor control de los recursos y un incremento de las inspecciones con el fin de impedir más extracciones ilegales de los acuíferos de un humedal cada vez más seco. "De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia", escribía en la carta remitida este martes por Ribera a Moreno Bonilla. 

La propuesta de PP y Vox en Andalucía consiste en modificar el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío que afecta a las plantaciones ubicadas en el norte de la corona forestal del Parque Nacional de Doñana, la zona donde se encuentran la mayoría de cultivos de fresas y frutos rojos. Dicha planificación supondría, en palabras de los colectivos ecologistas, amnistiar decenas de hectáreas que sustraen agua de manera irregular y otorgar nuevos permisos a pesar de que las competencias hídricas chocan con las de las confederaciones hidrográficas.

La advertencia de Bruselas de este lunes llegó semanas después de que el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) enviase una carta a la Comisión Europea para pedir su intervención y frenar la proposición de ley del Gobierno de Moreno Bonilla. 

Ahora, Teresa Ribera remite las advertencias que llegan desde Europa para tratar de frenar las posibles sanciones económicas que traerían a España dicho plan. Y es que, como ya ocurrió con las multas por la calidad del aire de Madrid o Barcelona, el peso económico de la condena recae sobre el Estado aunque la infracción sea de un Gobierno autonómico o municipal.