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Cuando el PP ya actuaba como Vox: diez años desde que la sanidad pública dejó de ser universal

La medida tuvo lugar en el 2012, con Ana Mato en el Ministerio de Sanidad y Mariano Rajoy en La Moncloa. Las tímidas reformas del PSOE no han logrado revertir plenamente la situación. 

Una mujer con un cartel en la que se lee: `Más apoyos a la sanidad´, participa en la manifestación convocada por Marea Blanca, en defensa de la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, a 20 de junio de 2021, en Madrid, (España).
Una mujer con un cartel en la que se lee: `Más apoyos a la sanidad´, participa en la manifestación convocada por Marea Blanca, en defensa de la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, a 20 de junio de 2021, en Madrid, (España). Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

El Gobierno del PP eliminó el concepto de sanidad universal. Esta medida del Ejecutivo de Rajoy impidió el acceso a migrantes, a parados, a españoles que migraban en busca de trabajo y provocó que cuatro millones de personas reconocieran que no podían retirar sus medicamentos por no ser capaces de asumir el copago farmacéutico. ¿Qué pasaría si esta ley la propugnara Le Pen, Orbán o Abascal? Sin embargo, fue el Partido Popular. Han pasado diez años de aquella medida sanitaria con Mariano Rajoy en la Moncloa en la que resuena un fondo ultraderechista. Un derecho que, ya con el PSOE en el poder, no ha sido del todo reinstaurado. 

Fueron años duros. Ese 2012, España vio cómo en plena crisis económica se inyectaba dinero a los bancos y no a las familias en quiebra. El paro estaba al 26,0% (un 14% más que ahora) y el Gobierno de Mariano Rajoy crispó tanto el ambiente que ese mismo año se organizó la manifestación Rodea al Congreso que terminó con violencia en las calles. 

Carcedo: "La sanidad dejó de ser un derecho para todas las personas residentes en España y pasó a ser un derecho vinculado a tu relación con la seguridad social"

Entre tanto, el Ejecutivo del Partido Popular reformuló la sanidad pública española y eliminó su carácter universal. El 20 de abril de 2012, el Real Decreto 16/2012 dejó sin acceso a la sanidad a casi 900.000 personas residentes en España. Han pasado diez años y las organizaciones defensoras de la sanidad pública consideran que el Gobierno no ha puesto el ímpetu suficiente para revertir la situación.

María Luisa Carcedo, por aquellos tiempos secretaria de Sanidad del PSOE en la oposición y posterior ministra del ramo, analiza la ley: "El daño del Real Decreto fue muy amplio, para el sistema y para la ciudadanía. Cambió el concepto de derecho subjetivo. La sanidad dejó de ser un derecho para todas las personas residentes en España y pasó a ser un derecho vinculado a tu relación con la seguridad social. Es un disparate", evoca la exministra.

Marta Pérez, de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, encuentra los cambios que introdujo la medida de Rajoy: "La Ley General de Sanidad de 1986 y su concrección a partir del 1991 decía que tenemos un sistema universal porque todo el mundo contribuye. La ley de 2012 rompió eso: la financiación era por impuestos directos y también los universales, los indirectos. Pero su cobertura no. Toda la gente que no tenía una relacion directa con la seguridad social quedó en peligro".

Un derecho no recuperado

Con la excusa de salvar la sanidad pública en tiempos de crisis, el Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Ana Mato, arrebató el derecho a migrantes en situación irregular a ser tratados con la misma igualdad y dignidad que el resto de personas. Una medida sostenida en la actualidad por los grupos de extrema derecha que poco a poco han ido penetrando en los parlamentos europeos. 

Carcedo: "Toda la derecha está en contra de la sanidad como servicio público universal"

"Excluir a los migrantes es muy propio de la extrema derecha. Unos más abiertamente y otros de forma más disimulada, pero toda la derecha está en contra de la sanidad como servicio público universal. A partir de ahí, modulan según el momento. Ahora el PP parece el máximo defensor de la sanidad pública", critica Carcedo.

Además, el PP alegó que el real decreto nacía como "medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud". Algo que Carcedo desmiente rotundamente: "El comodín dialectico que utilizaron era el turismo sanitario, lo cual no era cierto. El real decreto también fueron copagos a los pensionistas, la prohición de la tasa de reposición y que las sustituciones tambien estaban limitadas. Tenía más de un riesgo paa el sistema de salud".

La promesa incompleta del PSOE 

El PSOE hizo un amago de revocar completamente aquella reforma, pero hay matices en torno a la universalidad de la sanidad que no han sido recuperadas. En la próxima Ley de equidad sanitaria que se prepara, varias organizaciones y colectivos han presionado para que el acceso a la sanidad vuelva a ser posible para cualquier persona que esté en el país. 

"A pesar del decreto de 2018 del PSOE y que hablaba de universalidad, el decreto del PP no está derogado, sino que se hizo una especie de reforma parcial", justifican desde la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. 

"Hay dos cuestiones fundamentales que siguen vigentes -asegura Marta Pérez-: a los padres y madres reagrupados (miembro de la familia que tiene residencia legal en España y que cumpliendo con determinados requisitos podrá reagrupar a sus familiares) los deja en la misma situacion que la ley del PP. Con las personas sin papeles hay un cambio: les reconoce que pueden tener acceso a la sanidad pero con una serie de condiciones que las fijan las comunidades autónomas. Están dentro pero por una puerta diferente al resto. En Madrid necesitas tres meses de padrón y no vas a centros de salud, vas a centros segregados llamados unidades de tramitación".

REDER, Sanidad universal para todas y todos, ha reportado más de 5.000 personas excluidas por la sanidad pública desde 2018, momento en el que supuestamente el PSOE devolvió la universalidad a la sanidad española. La realidad es que hay miles de pacietes que, tras haber pasado por los servicios de salud, han recibido una factura por los servicios prestados. La sanidad española aún no es un lugar apto para migrantes sin recursos.

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