Nunca en Andalucía las asociaciones y organizaciones antiabortistas, contrarias al derecho a decidir de las mujeres, "que dedican sus energías a entrometerse en las decisiones de las mujeres sobre su maternidad", según las plataformas feministas, habían recibido subvenciones públicas. Hasta que en el año 2020, el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla las pactó con Vox.

Así, en este tiempo se ha impulsado un tejido, que ha encontrado acomodo en Andalucía al calor de estas ayudas, presupuestadas en un millón de euros en 2021 y otro en 2022, aunque no se ejecutó al 100%. Este año, ya sin Vox, en unas cuentas preparadas en exclusiva por el PP, el presupuesto para estos fines es de 700.000 euros. En estos tres años, 2,7 millones en total.

La orden que regula este gasto la aprobó el Gobierno andaluz la legislatura pasada y en ella se recoge que para poder obtener la subvención se deben cumplir unos requisitos, que son "carecer de fines de lucro y tener recogido de forma expresa en sus Estatutos, en el objeto social, alguno o varios de los siguientes fines: la protección y defensa de la vida, el respeto a la vida del ser humano, el apoyo, asistencia o asesoramiento a la mujer embarazada y a la maternidad".

300.000 euros a Red Madre

Las ayudas las han gestionado siempre consejerías en manos del PP y han ido a parar, en su mayoría, a asociaciones conservadoras, religiosas y también a una de las principales asociaciones antiabortistas del país, Red Madre, según se extrae de la documentación oficial.

Red Madre ha recibido casi 300.000 euros (concretamente, 293.886,59) en estos dos años por diferentes proyectos en Almería, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Málaga, según consta en las resoluciones en las que se conceden las subvenciones, consultadas por Público.

Las asociaciones feministas y miembros del Consejo Andaluz de la Mujer han reclamado a Moreno en varias ocasiones la retirada de estas ayudas, sin éxito. De hecho, en el presupuesto de este año están de nuevo recogidas.

Por Andalucía llevará el asunto al Parlamento en cuanto se reanude el periodo de sesiones. Así, según manifestó su portavoz, Inma Nieto, plantearán en una iniciativa  "que no se financie a ningún asociación ultra que va en contra de los derechos de las mujeres" y que "se garantice que en la red pública se pueden practicar abortos y no hay que acudir a conciertos, a entidades privadas".