Un pueblo de Sevilla reclama 1,7 millones a una multinacional por el mal estado de la red del agua que gestionó 25 años

Un pueblo de 18.000 habitantes de la provincia de Sevilla ha decidido enfrentarse a la multinacional Aqualia y multarla por deficiencias en la gestión de su servicio del agua durante algo más de 25 años. El Ayuntamiento de Lora del Río, gobernado por el PP, ha sancionado con 21.000 euros a la empresa y ha anunciado una próxima reclamación de 1,7 millones de euros por graves incumplimientos del contrato. Aqualia alega que no cabe sanción alguna, porque hace casi dos años que dejó de prestar ese servicio.

En España, más del 50% de la población consume agua suministrada por una empresa privada, sobre todo por dos grandes compañías multinacionales, Aqualia, participada casi a partes iguales por FCC (anteriormente Fomento de Construcciones y Contratas) y un fondo inversor australiano, y Agbar, perteneciente a una de las gigantes mundiales del sector, la francesa Suez. El mapa, sin embargo, es bastante desigual, porque hay comunidades, como Catalunya o Murcia, donde la gestión privada supera el 80%.

Hace 30 años, en cambio, las empresas públicas municipales eran mayoritarias en la gestión del ciclo integral del agua, una posición dominante que fueron perdiendo progresivamente y, más aún, a raíz de la crisis económica y la necesidad de los ayuntamientos de encontrar financiación, por ejemplo, con el canon concesional. Ese canon supone, en muchos casos, un ingreso de millones de euros que las compañías deben pagar al municipio, a cambio de la prestación del servicio y de los beneficios de su gestión por un largo periodo de tiempo, diez, 15, 25 años.

En los últimos años se ha producido, en cambio, un proceso de remunicipalización, con Valladolid, Girona o Terrasa como casos más destacados de ayuntamientos que han recuperado la gestión del ciclo integral del agua tras muchos años de explotación privada. Lora del Río, un municipio de la Vega del Guadalquivir, es uno de los últimos que se ha apuntado a hacer ese camino inverso, y con un equipo de gobierno del PP al mando. En marzo de 2022, el ayuntamiento acordó no renovar el contrato con la empresa que había gestionado el servicio del agua durante 25 años, Aqualia, y pasó a explotarlo directamente desde el consistorio.

Un año y medio después de esa decisión, el pleno municipal de Lora ha aprobado por unanimidad, con el apoyo de IU y PSOE, imponer una sanción por infracción grave a Aqualia, por incumplimiento de varias obligaciones establecidas en el pliego de condiciones del contrato de concesión del servicio firmado en 1996, entre ellas "no llevar a cabo la renovación ni mantenimiento ni entrega de las instalaciones en perfecto estado", una vez concluida su gestión.

Pero la cosa no se queda ahí, porque el equipo de gobierno municipal ha anunciado que presentará también una reclamación de 1,7 millones de euros, que es la cantidad que una auditoría externa contratada por el ayuntamiento ha estimado como incumplimientos de la multinacional del agua durante su gestión del servicio. "En 25 años no habían hecho absolutamente nada", dijo tras el pleno el delegado municipal popular José Manuel Arancón, quien calificó el asunto como "una cuestión de Estado".

Casi tres semanas sin agua

Las medidas contra la empresa llegaron, además, tras un grave problema con el agua en Lora del Río, una localidad que estuvo entre octubre y noviembre casi tres semanas sin suministro debido a unos altos índices de manganeso. La depuradora era incapaz de filtrar el agua procedente del pantano José Torán que abastece a este municipio y llegaba muy turbia, de color marrón, casi negro, a los grifos de las casas.

El ayuntamiento tuvo que gastar 350.000 euros para proporcionar agua embotellada y en camiones cisterna a las casas y empresas del municipio, y otros 120.000 para sustituir los filtros deteriorados de la depuradora. Y tan solo unas semanas después, debió enfrentar otro grave percance: la rotura de una tubería principal a causa de las raíces de unos árboles, lo que obligó a cortar el suministro durante cerca de un día, a principios de este mes.

El equipo de gobierno municipal, sin embargo, no ha querido hacer declaraciones a Público sobre la sanción impuesta a Aqualia, ya que aduce que podría afectar al desarrollo del expediente que hay abierto contra esa empresa. La multinacional, cuarta compañía de Europa y novena del mundo por población atendida, opera en 18 países, donde presta servicio a casi 44 millones de personas.

Quien sí ha hablado es el portavoz del grupo socialista, Francisco Carrasco, que fue alcalde de Lora del Río entre julio de 2022 y mayo de 2023, tras una moción de censura que tumbó al que, después de las pasadas elecciones, es nuevamente regidor municipal, el popular Antonio Miguel Enamorado. Y su primera valoración es contundente: "tenemos un sistema de abastecimiento que está manga por hombro".

Según Carrasco, cuando Aqualia dejó de gestionar el servicio, pocos meses antes de que él llegara a la alcaldía, se llevó todo, hasta los planos de la estación depuradora, incluso vehículos que ya habían sido amortizados por el ayuntamiento. "Los trabajadores no pudieron llevarse ni sus botas", ha asegurado a este periódico.

El traspaso de la gestión del agua de manos privadas a públicas fue, precisamente, una de las causas, según el portavoz socialista, de la crisis en el equipo de gobierno del PP que llevó a la moción de censura que acabó con la alcaldía de Enamorado en 2022. Dos concejales populares le retiraron el apoyo y votaron en contra de una gestión mixta, a medias entre el ayuntamiento y una empresa privada, gestión que, finalmente fue asumida íntegramente por el ayuntamiento.

"De la noche a la mañana se pasó de un cien por cien privado a un cien por cien público. Y eso creó problemas, porque no había capacidad, porque Aqualia se lo había llevado todo", explica Carrasco.

Un cuarto de siglo de gestión privada se ha saldado, según el exalcalde, con una red de abastecimiento y depuración obsoleta por falta de inversión en mantenimiento y mejoras del sistema integral. El alto índice de turbiedad que obligó a cortar el suministro durante casi tres semanas fue consecuencia, a su entender, de la falta de capacidad de la depuradora para decantar el barro, el manganeso que se acumula cuando el embalse se encuentra en su cota más baja a causa de la sequía.

"Todos los cambios de tuberías que se han hecho en los últimos años, desde 2011 como mínimo, se han realizado con cargo a las obras del PER (Plan de Empleo Rural), no con los recursos económicos que obtenía Aqualia con el cobro de los recibos", subraya el portavoz socialista, quien denuncia también que la falta de sectorización de la red obliga a un corte de suministro general, como el que se tuvo que acometer a principios de este mes, cuando se rompió una tubería.

La empresa dice que no le competían las inversiones

Aqualia niega, sin embargo, tales deficiencias. En un comunicado, la empresa subraya que no le competía a ella hacer las inversiones para acabar con la "obsolescencia" de la red de Lora del Río y de las que informaron al ayuntamiento -asegura- en 2017.

Según la multinacional, las deficiencias de la red quedaron recogidas en un estudio de necesidades que llevó a cabo ella misma, un documento en el que se incluían las inversiones que el ayuntamiento, como titular del servicio, debía acometer para solucionar los problemas. Aqualia afirma al respecto que el consistorio no llevó a cabo ninguna inversión y que, por tanto, las infraestructuras quedaron en el "mismo estado de antigüedad que tenían durante todo el periodo de contrato".

Pese a tales deficiencias, la empresa se jacta de que, durante su gestión, la Autoridad Sanitaria competente nunca declaró el agua como no apta para el consumo, al contrario de lo que sucedió el pasado noviembre, cuando tuvo que ser cortado el suministro durante 18 días por los altos índices de manganeso detectados. La multinacional reconoce que gestionó un "servicio técnicamente complicado", debido a tres razones fundamentales: los problemas de calidad del agua que se capta del embalse, que la potabilizadora está obsoleta y que las tuberías tienen depósitos de manganeso acumulado a lo largo de los años.

Un sistema de privatización "especulativo"

La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) considera que lo sucedido en Lora del Río no es un problema estricto de Aqualia, sino del sistema de privatización del ciclo integral del agua, que se basa en un sistema especulativo, no productivo, y en la obtención del máximo beneficio económico posible.

"El problema general es la desinversión. Cuando se remunicipaliza, te encuentras que el servicio está hecho una porquería, como pasó en Valladolid, porque no se ha hecho nada en 20 años. Y es algo que no pasa solo en España, sino en todo el mundo. Ocurrió en París, en Berlín, más recientemente en Lyon", explica a Público el gerente de AEOPAS, Luis Babiano.

A juicio de esta organización de operadores públicos, el sistema privatizador es profundamente especulativo porque se concede el servicio a una empresa no para mejorarlo, sino a cambio de obtener un dinero por la concesión, el denominado canon concesional, que apenas se destina luego a mejorar la red. Y el sistema adolece, además, de una falta de control sobre la gestión que hacen las compañías privadas desde los ayuntamientos, que acaban reduciendo los servicios municipales destinados a ese fin, como parte de su política de ahorro.

Luis Babiano sostiene que la gestión privada del agua en España se ha convertido en un "auténtico oligopolio", con dos empresas, Agbar y Aqualia, que poseen el 80% de las concesiones. "Ya no se trata -precisa- de un problema tecnológico, sino de uno financiero. Aquí lo importante es tu capacidad financiera para hacerte con un servicio público. Lo que importa no es tanto lo que sabes y ofreces, sino el dinero que tienes para pagar al ayuntamiento un canon concesional de 80 millones de euros como el que se pagó en Jerez".

La Red Agua Pública, integrada por numerosas organizaciones, entre ellas CCOO y Ecologistas en Acción, destaca el proceso de remunicipalización que se ha producido en España en los últimos años, con más de una veintena de casos, y se muestra totalmente en contra de la gestión privada de un bien básico, vital, como el agua. A su juicio, la gestión debe ser coherente con los derechos humanos al agua, tal como reconoce la ONU, la participación ciudadana, la transparencia y la sostenibilidad.

"Tiene que ser un modelo público, sin ánimo de lucro, porque el agua no es una mercancía", subraya la plataforma.

Los riesgos de la privatización

Un informe del Relator Especial de Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento Leo Héller presentado ante la Asamblea General de la ONU advierte de que la "prestación de servicios de agua y saneamiento por parte de operadores privados propicia un conjunto particular de riesgos para los derechos humanos", debido a tres factores fundamentales: la maximización de los beneficios, el monopolio natural que caracteriza el suministro de agua y su saneamiento, y los desequilibrios de poder.

En su comunicado de respuesta a la sanción aprobada por el pleno municipal de Lora del Río, la multinacional Aqualia dice sospechar que todo "no es más que un artificio para justiciar una decisión ya tomada por el ayuntamiento, aunque no comunicada a sus vecinos, de adherirse a un consorcio público, donde las tarifas experimentarían una subida considerable respecto a las actuales", afirma.

La reclamación del ayuntamiento sevillano, sin embargo, hace referencia igualmente, según su exalcalde Francisco Carrasco, a una modificación del sistema de cobros aprobada en 2009 y luego declarada nula de pleno derecho por el Consejo Consultivo de Andalucía, con la que se produjo un incremento de los beneficios de la empresa a costa de aumentar las tarifas del agua que pagan los usuarios.

La Diputación Provincial de Sevilla, gobernada por el PSOE, se ha comprometido, según Carrasco, a hacer una auditoría del estado en que se encuentra toda la red de Lora del Río, desde la captación hasta los grifos, y ha planteado cofinanciar con la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, igual que el ayuntamiento, las obras que sean necesarias para subsanar sus deficiencias.

Aqualia ha señalado a este periódico que presentará alegaciones contra la propuesta de sanción del ayuntamiento loreño, ya que considera que no procede imponer una multa conforme a un pliego de condiciones de un contrato que expiró hace casi dos años. Fuentes de la empresa han precisado que el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, un decreto de 1955, indica que la propuesta de sanción debe ser presentada antes de la reversión del contrato.