El geógrafo Leandro del Moral, catedrático por la Universidad de Sevilla, es uno de los mayores expertos en agua y en gestión hídrica. Es una de las voces a las que PP y Vox no han querido escuchar en el Parlamento de Andalucía. Su opinión es que la ley que promueven ambos partidos que pretende ampliar los suelos regables en el entorno del Parque Nacional de Doñana debe ser retirada y que lo que debe hacerse es erradicar los riegos no incluidos en el Plan de la Fresa de 2014, que hoy rige en la comarca. 

El catedrático aporta en esta entrevista con Público datos –el 90% de usuarios tiene el 13% del agua y el 10% el 87% restante– que revelan la "polarización" en la comarca entre grandes propietarios y pequeños agricultores lo que tiene consecuencias a la hora de distribuir equitativamente los derechos de riego. "Ya ha surgido el debate del reparto social del agua, de que va a haber que introducir algún tipo de criterio de discriminación positiva de la pequeña explotación familiar, profesional de gente que vive en el territorio, profesionales avanzados con buenas prácticas agrarias que son fundamentales", afirma.

¿Cuál es la situación de Doñana hoy? ¿Hay agua para regadíos? ¿Está la biodiversidad de Doñana en peligro?

Me remito a lo que ya han transmitido reiteradamente los expertos con la máxima autoridad. Eso no lo duda nadie. Una opinión de referencia es la de Miguel Delibes, una persona de gran relevancia, y junto a él Eloy Revilla, actual director de la Estación Biológica. Doñana se encuentra en un proceso de grave deterioro, algunos hablan de riesgo de colapso de los sistemas ecológicos. Eso está fuera de discusión.

También lo está la bajada del nivel freático del acuífero, no ahora, sino desde hace décadas. Ya lo testimonió el Dictamen de la Comisión Internacional de Expertos de 1992. Los niveles bajan en algunos lugares entre 15-25 metros, por lo que se secan las fuentes y los manantiales que mantienen la humedad del suelo, que es imprescindible para la subsistencia de toda la masa vegetal sobre la que se basan de los biotopos de Doñana. Sobre eso no hay ninguna duda.

Quizás sería interesante transmitir que el acuífero no se agota. Desciende diez, quince, veinte metros, deja de alimentar los arroyos conectados con él, pero mantiene un depósito, un reservorio de agua. Este año, el quinto año de sequía, en el que los regadíos con aguas superficiales padecen restricciones del 85% de sus dotaciones y, por tanto, en gran parte no van a regar, como el arrozal de las marismas, los regadíos alimentados con el acuífero van a seguir regando. El Campo de Dalías, en la zona más árida de Andalucía, no ha parado de regar nunca.

Los grandes acuíferos soportan la sequía, son más resistentes que los embalses de aguas superficiales. Se deterioran, hay que profundizar los pozos, pero no se agotan. En el caso de Doñana, una de las masas del acuífero, Marismas, se está salinizando, lo que en este caso sí haría inservible el acuífero para los regantes.

¿Qué es lo que está en juego en Doñana hoy?

Está en juego la relación entre una actividad productiva, el regadío, y también el turismo (Matalascañas) aunque en porcentajes inferiores, y el buen estado de los ecosistemas. Hay un conflicto entre extraer agua de un acuífero, porque la extracción hace que caigan los niveles freáticos, y los ecosistemas que necesitan que ese nivel freático esté elevado de tal manera que humedezca y alimente los arroyos y con ello se conserve el nivel de humedad que caracteriza a esos ecosistemas. Es un conflicto sobre el uso del agua para uso agrícola y turístico y unos ecosistemas terrestres asociados a esas aguas que necesitan mantener al menos las aportaciones hídricas imprescindibles para su supervivencia.

¿Qué habría que hacer con la ley? ¿Plantea un debate que hay que tener?

La ley no plantea ningún debate. Plantea la legalización de entre 700 hectáreas que dicen los promotores y 1.900 hectáreas que dice WWF, que generalmente está bien informada, porque lleva desde los años 70 trabajando rigurosamente con tecnologías adecuadas y modernas. La ley lo que hace es modificar un plan de 2014, el llamado Plan de la Fresa, derivado del Plan de Ordenación del Territorio, y aumentar la superficie regable en esa incierta cantidad de hectáreas que hoy no están reconocidas, pero que se están regando. A unas explotaciones irregulares respecto a la calificación de los suelos e ilegales en cuanto a la extracción de agua, se las regulariza en lo que se refiere al suelo. Si actualmente riegan sin una cosa ni otra, con más facilidad lo van a seguir haciendo con el aspecto del suelo resuelto.

¿Habría que retirar la ley o habría que cerrar los pozos y lanzar el mensaje de que el mapa está cerrado?

Habría que abandonar esta ley, dejar de tramitar esta ley. Efectivamente, la solución legal, con respeto a la normativa, al cumplimiento de la legalidad es erradicar esas hectáreas que no están incluidas en el plan de 2014. Ese plan se aprobó diez años después de que fuera mandado hacer; fue aprobado con muchos debates, alegaciones, muchas negociaciones, fue aprobado por acuerdo del Gobierno central, que gobernaba el PP, y el autonómico, que gobernaba el PSOE: Los únicos que se opusieron fueron los ecologistas porque ese plan era en cierta manera un plan de punto final.

Ya se aceptaron muchas hectáreas ilegales en ese plan. Ese plan que legalizaba nueve mil, ahora se ve modificado para insertar 1.900 más. Los que se opusieron a aquel plan, ahora lo consideran como un punto de referencia preferible a su reforma. Se defiende el respeto a ese plan y la puesta en marcha de una herramienta, la oficina técnica, que nunca se puso en marcha, a través de la que se pueden considerar situaciones concretas que merezcan una atención especial. Ya hubo muchos ajustes hasta la aprobación del año 2014. Aún se pueden resolver algunos problemas sociales y puntuales que requirieran alguna solución por su especial relevancia.

¿Cuáles son los datos de que disponemos sobre el tamaño de las explotaciones que riegan legalmente en Doñana?

A efectos de gestión, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dividió el gran acuífero Almonte-Marismas, el acuífero 27, en cinco masas de agua subterráneas. Tres de ellas han sido declaradas sobreexplotadas, en riesgo cuantitativo, bajo la presión de la Unión Europea, que amenaza con sanciones si no se toman medidas. Esta declaración permite tomar medidas de ordenación de extracciones, que van a significar más control y reducción de las extracciones que ya se producen. El primer paso es aclarar quiénes son los usuarios. De las tres masas declaradas en riesgo, se han publicado los censos de dos de ellas. El censo de la tercera, Rocina, donde más conflictividad existe, no ha sido publicado todavía.

Analizando los datos de los dos censos publicados se puede ver la distribución de la tierra y el agua. La superficie media de las explotaciones es de 5,6 hectáreas. Sin embargo, haciendo otras operaciones, observamos que el 90% de los titulares tienen el 20% de la superficie, por tanto el 10% de los propietarios disponen del 80% de la superficie. Si lo analizamos en términos de agua, ese 90% de usuarios dispone del 13% del agua y el 10% concentra el 87% del agua. Estos son datos brutos, que lanzan un mensaje significativo que hay que desagregar y zonificar con cuidado.

En estas dos masas de agua, Marismas y Almonte, predominan los regantes legales, donde más ilegales existen es donde falta por publicar el censo, la masa Rocina, quizás por la mayor dificultad de aclarar ahí el censo. Sobre estos censos, se basan los derechos de participar en la comunidad de usuarios. La diferente asignación de agua o de superficie de riego da lugar a una diferencia de derechos de voto, como en todas las comunidades. Lo primero que deben hacer es constituirse en comunidad y elegir a su junta directiva y ponerse a trabajar para el plan de ordenación de extracciones que permitirá trasmitir a Bruselas que estamos avanzando. Estamos a la espera del censo de la Rocina. Es difícil poner en pie estos censos, hay cientos de titulares.

Otra forma de presentar los datos que ha dado COAG ha sido tomar las explotaciones de más de 25 hectáreas, que en invernadero es una explotación que COAG considera grande. Estas son el 2,5% de esas dos masas de agua, y tienen el 63% del agua. Estos son datos brutos que mandan un mensaje de polarización, no significa que no haya muchos pequeños usuarios. Muchos pequeños tienen poco, y unos pocos tienen mucho. La característica es la polarización, que dependiendo de qué zonas se analicen, puede ser extrema o puede ser más suave. No se trata de latifundismo tradicional, de abstencionismo, todo lo contrario. Se trata de empresas avanzadas con gran capacidad técnica y de gestión. Pero existe una polarización, que sí se parece a la situación tradicional.

¿Y la estructura de los riegos a legalizar?

Sobre ellos no hay información. No hay mapa, no hay identificación clara. Muchas veces no se trata de una nueva explotación que se legaliza, sino que con la ley van a aumentar su superficie explotaciones preexistentes. En este caso hemos podido avanzar, con dificultad, que unas 600 explotaciones beneficiadas por la ley van a incrementar su superficie en 500 hectáreas, y unas pocas, cuyo número no puedo precisar, van a ver incrementada su superficie regable en 1.400 hectáreas, atendiendo a los datos de WWF. Es decir, de forma mucho menos precisa, también se apunta a una polarización: muchos se van a beneficiar con poco, una hectárea o dos, y algunos con 5, diez, quince o 25.

De hecho, los propios promotores de la ley han llevado al parlamento a un agricultor que ha explicado que apoya la ley porque va a legalizar la mitad de su explotación y WWF ha explicado que ya posee 20 hectáreas legales y tiene por legalizar otras 20. Este es un caso que los propios promotores de la ley han querido llevar al Parlamento como ejemplo de lo que se pretende.

Hay algo que se deriva de esa polarización. Esas medidas de contención del aumento y de reducción de las extracciones que se tendrán que definir cuando se hagan los planes de ordenación, deberían hacerse teniendo en cuenta la gran diversidad social existente. Cuando veamos las cifras de riego de otras zonas de regadío, más tradicionales, esta polarización va a dar la cara más aún. Y ya ha surgido el debate del reparto social del agua, de que hay que introducir algún tipo de criterio de discriminación positiva de la pequeña explotación familiar y profesional, de gente que vive en el territorio, profesionales con buenas prácticas agrarias que son fundamentales para el mantenimiento de esos territorios. Esta es una cuestión de gran calado político y social, que se adecua a la expresión de transición ecológica, en este caso hídrica, justa. Esto también se está planteando en el caso de las emisiones. No pueden reducir lo mismo los que emiten mucho que los que emiten poco. No pueden reducir las dotaciones de agua lo mismo los que tienen poco que los que tienen mucho. De esto trata el reparto social del agua.

¿La Comisión Europea habla en serio con las sanciones?

Sin duda alguna. Precisamente la aceleración de este proceso de declaración de sobreexplotación y de puesta en marcha de los censos, que es un gran trabajo por parte de la CHG, y, a partir de ahí, que se elaboren los planes de ordenación extracciones, está motivado por esta amenaza. Existe la certeza de que si no se hace esto, y por el contrario se aprueba la ley de legalización y se incumple el Plan de la Fresa de 2014, las sanciones se activarán. La Comisión Europea fue muy clara el año pasado y este año lo ha vuelto a ser. A los pocos días de que se anunciase la reactivación de la proposición de ley, la Comisión remitió una carta muy taxativa.

¿Ha llegado a pensar cómo llegó a expresar Delibes que esta situación "estrambótica" indica que puede haber algo oculto?

Lo que no está claro es el tema de la superficie, la localización exacta y la titularidad de las superficies que se pretende legalizar. Esa horquilla de entre 700 y 1.900 hectáreas. Tampoco es de recibo el tema de que se califica de zonas regables, pero no se da agua, aunque realmente se da un espaldarazo a esas explotaciones fuera de la ley. Por detrás, está el proyecto de traer aguas superficiales del Tinto-Odiel-Piedras, proyecto aprobado desde 2018. Esta ley permitiría que las aguas lleguen a los nuevos legalizados también y eso hace que los legales, agrupados en la asociación Puerta de Doñana, se hayan alarmado, porque ven que va a dificultar que esas aguas superficiales lleguen a ellos.

Los legales saben que el freático van bajando, que cada vez tienen que buscar el agua a más profundidad, que las cosas se están poniendo feas, que necesitan esas aguas superficiales para reducir las extracciones del acuífero y que la situación no siga empeorando. Ellos defienden el trasvase y quieren que les llegue el agua, de la que de momento no les llega nada, porque la que ya se está trasvasando se queda en la zona más occidental, que es en donde, por otra parte, existen más fincas legalizables con esta proposición de ley.

¿Doñana es un símbolo de algo más? ¿El planteamiento necesitamos más agua y más obras, es adecuado o necesitamos un cambio de planteamiento?

La importancia de Doñana es de dos tipos: por una parte, por sus valores intrínsecos, a los que responden las máximas figuras de protección que le afectan a todos los niveles. Pero también, por ser un laboratorio y estar en el punto de mira de todos los análisis. Aquí se está haciendo lo que no se hace en otros lugares, como en el altiplano de Granada o en Estepa o en Antequera, donde están con problemas de abastecimiento a consecuencia del regadío, y están sobreexplotando y contaminando los acuíferos, lo que lleva a plantear obras costosísimas. Es un problema generalizado, que apunta en Doñana como en Las Tablas de Daimiel y en el mar Menor. Espacios valiosísimos que han generado la atención ciudadana, científica e institucional. Pero el problema está generalizado en Andalucía y gran parte de España. Doñana es un punto de referencia donde se debaten y se ponen en marcha medidas que deberán extenderse en el resto del territorio.