Cuando todavía no hace ni un año de la entrada en vigor de la nueva ley estatal de Memoria Democrática , las políticas de este ámbito viven bajo una amenaza que puede comportar un fuerte retroceso en varios territorios.

El giro electoral que supusieron los comicios municipales y autonómicos del pasado mayo, con la formación de numerosos ejecutivos liderados por el PP con la presencia o el apoyo externo de la extrema derecha de Vox, se ha traducido en que nueve comunidades han situado las políticas de memoria histórica entre la derogación y el olvido.

Aragón, las Illes Balears o el País Valencià son algunos de los territorios que viven esta situación y que pueden enterrar, aunque sea temporalmente, unas políticas públicas que en el Estado español no suman ni dos décadas de trayectoria -la primera ley de memoria fue aprobada en 2007, bajo la presidencia de Zapatero- y no se han llegado a consolidar.

En palabras de la doctora en Historia Contemporánea Queralt Solé, la memoria "se puede debatir y discutir, pero aquí lo que se quiere es que desaparezca, como si no existiera el pasado, ni cómo afecta el pasado al presente".

En este contexto, en Catalunya ha habido un movimiento en la dirección contraria, ya que la semana pasada el Departament de Justícia, que encabeza Gemma Ubasart, anunció que impulsaría el Memorial Democràtic, "como referente nacional de las políticas de memoria del país". Además, hace siete meses el Govern aprobó el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Catalunya, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.

Creado en 2007 durante el segundo gobierno tripartito, el refuerzo supondrá que el Memorial Democràtic dejará de ubicarse en una sede de alquiler -en la calle Peu de la Creu, 2- para establecerse en un edificio de propiedad del Govern en la calle Ciutat, en Barcelona -muy cerca del Palau de la Generalitat-, que le permitirá ganar espacio.

Además, la institución también se dotará de más personal. "Nuestro deseo es entrar en una fase en que sea posible dar continuidad a lo que se ha hecho y mejorarlo, de cara a consolidar la institución al margen de los vaivenes políticos y presupuestarios. [...] A pesar de que somos conscientes que la memoria es inseparable del conflicto y el debate", dice su director, Jordi Font.

La importancia de conocer el pasado

Pero ¿por qué es importante que las instituciones públicas desarrollen políticas de memoria democrática y no hacerlo supone un retroceso importante? Hablamos con la historiadora Queralt Solé y con el presidente del Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, Raül Valls.

Autora de libros sobre las fosas de la Guerra Civil y el franquismo, el Valle de los Caídos o la represión de la dictadura, Solé considera que las administraciones "tienen el deber de incentivar que la gente conozca el pasado con todos los errores y aciertos que ha habido" y añade que este conocimiento tiene que permitir que "uno sea consciente de todo lo que se ha ganado y se ha logrado".

Valls remacha que "un país debe tener no memoria oficial, sino políticas de memoria que permitan que el pasado, sobre todo el más reciente, sea revisado y conocido y que a todos los niveles pueda llegar a la población".

El presidente de una asociación dedicada a reivindicar y promover la memoria de los maquis -los guerrilleros antifranquistas- también comenta que se trata de "hacerlo en términos críticos y no partidistas, que es difícil, porque son pasados conflictivos. Que existan organismos como el Memorial Democràtic y haya políticas públicas tiene que permitir que sea así, pero también evitando la equidistancia, porque hay unos valores a preservar, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la democracia o los derechos humanos".

Que en función de quien gobierne -básicamente si lo hacen la derecha y la extrema derecha- las políticas de memoria puedan desaparecer se explica porque "no están bastante consolidadas", en opinión de Solé, que también es profesora en la Universitat de Barcelona y miembro del consejo asesor del Memorial Democràtic.

Según ella, la razón es "que venimos de un conflicto civil que no se resolvió bien, que fue seguido de una dictadura que alargó el conflicto entre vencedores y vencidos durante 40 años y, finalmente, estas políticas no se empezaron a llevar a cabo hasta décadas después del final de la dictadura. Todo esto hace que sean muy débiles, porque realmente no se empiezan a reclamar y llevar a la práctica hasta la primera década de los 2000 y no tienen la suficiente fuerza".

El presidente del Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya -que como entidad se integra en el consejo de participación del Memorial- expone que "la memoria es una cosa que tiene que ver con el presente, pasa ahora; y, como tal, no es ajena a los enfrentamientos políticos y a la confrontación. En todas partes depende de quién llega al poder y de qué posición política tiene utilizará la memoria en un sentido o en otro, ya sea para taparla y pasar página o para recuperar el pasado".

Valls continúa: "No nos tenemos que asustar, es un espacio de confrontación. De lo que se trata es de que los que defendemos que el pasado importa y que no podemos seguir con una actitud de olvido tendríamos que ser capaces de espolear a los poderes públicos para que tenga presencia. Sobre todo es muy importante que el pasado reciente entre en la educación, en las escuelas e institutos, para formar conciencias cívicas comprometidas con lo que pasa ahora".

"No es una vacuna absoluta" contra el fascismo

Para evitar o dificultar la desaparición de las políticas de memoria cuando determinadas opciones llegan al poder, Solé ve necesario que los organismos encargados de desarrollarlas "dependan más de los parlamentos que de los gobiernos y estén dirigidos por personas que ganen la plaza por varios años vía concurso público y no sean nombradas como un cargo de confianza".

En definitiva, "tendrían que estar dotados de independencia" respecto del poder ejecutivo. Como conclusión, Raül Valls defiende que "la memoria es condición necesaria pero no suficiente para que las cosas no se repitan, hacen falta otras muchas cosas".

En este sentido, considera que "el ascenso de la extrema derecha no se soluciona llevando a la gente joven a los lugares de memoria traumática sobre la dictadura", porque "hay otros muchos factores que la hacen crecer".

Con todo, sí que reivindica que "es importante que la memoria promueva valores como la libertad, la igualdad, la fraternidad o los derechos humanos, pero no es una vacuna absoluta para evitar que volvemos a repetir lo que sucedió en los años 20, 30 y 40 (del siglo XX), que fue el ascenso del fascismo, porque la gente que vota a la extrema derecha no está pensando en Hitler, Franco o la II Guerra Mundial, sino en cuestiones más inmediatas, de su vida cotidiana".

Incremento de la actividad

La nueva sede del Memorial Democràtic tendrá una superficie de 1.300 metros cuadrados y contará, entre otros, con una sala polivalente y una de exposiciones, cosa que le permitirá aumentar el volumen de muestras que organiza.

El traslado se formalizará en 2025, puesto que ahora mismo se están llevando a cabo obras de adecuación y habilitación del espacio. El incremento de recursos le permitirá dar un salto adelante sobre los poco más de 2,1 millones de euros de presupuesto y 24 trabajadores con que cuenta actualmente.

En la nueva etapa, la institución prevé consolidar el Banco de la memoria democrática, que "conserva, cataloga y difunde bibliografía del periodo entre la Segunda Guerra Mundial y el tardofranquismo", así como reforzar la Red de Espacios de Memoria que hay ahora mismo en Catalunya, también priorizando "la identificación de espacios vinculados al periodo de las postrimerías del franquismo y la Transición democrática".

Además, también quiere impulsar el Servicio Educativo y potenciar la investigación, a través de convenios de colaboración con universidades, fundaciones y entidades.