El Gobierno ha dado el primer paso para elevar a rango de ley las limitaciones a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) incluidas en el real decreto de 2015, que fue recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y sobre el que debe pronunciarse el Tribunal Supremo.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto-ley, que deberá convalidar el Congreso, que recoge la posibilidad de que las comunidades autónomas denieguen la concesión de nuevas licencias cuando la proporción sea superior a un VTC por cada treinta taxis. Esta norma modifica la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres en lo referido al arrendamiento de vehículos con conductor.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que la nueva norma permitirá garantizar una "convivencia equilibrada" entre los taxis y los VTC, y proporcionará una mayor "seguridad jurídica". El real decreto-ley incluye también la obligación de los VTC de prestar al menos el 80 % de sus servicios dentro de su comunidad autónoma, porcentaje que se computará trimestralmente. Estos dos preceptos ya estaban recogidos en el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre en la redacción dada a través del real decreto de 2015.

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El real decreto-ley incluye, además, una disposición adicional que establece la convocatoria, de forma extraordinaria, de la Conferencia Nacional de Transportes para analizar la legislación estatal y autonómica y comprobar si se pueden introducir cambios para mejorar la competitividad. Forman parte de la Conferencia el ministro de Fomento y representantes de las comunidades autónomas.

Según el titular de Fomento, la nueva norma ha tenido en cuenta lo ocurrido como consecuencia del vació legal que se produjo entre la Ley Omnibus de 2009 y el real decreto de 2015. En ese sentido, ha recordado que en los últimos meses se han concedido numerosas licencias por sentencia judicial, lo que ha roto "de facto" la proporción 1/30. De la Serna ha apuntado que en abril había 64.217 licencias de taxi y 7.058 licencias de VTC, lo que supone una proporción 1/9.

Los VTC tendrán que prestar dentro de su comunidad autónoma al menos el 80% de sus servicios

Según el titular de Fomento, también se ha tenido en cuenta la proliferación, en los últimos meses, de iniciativas en ayuntamientos y comunidades autónomas para limitar la actuación de los VTC, lo que, en su opinión, "vulnera las reglas de la unidad de mercado" y la eficacia de las competencias del Estado en esta materia.

De la Serna ha recalcado que el real decreto-ley consolida las competencias en el ámbito del transporte que la Constitución reserva al Estado y garantiza un desarrollo "armónico" de taxis y VTC. La aprobación de esta norma resta trascendencia a la decisión que el Tribunal Supremo debe adoptar sobre el recurso de la CNMC contra el real decreto de 2015. A ese recurso se sumaron posteriormente la patronal de las VTC, Unauto, y las plataformas Uber y Cabify.

Reacciones de los taxistas y de los VTC

El contenido de ese real decreto ha sido defendido por el Ministerio de Fomento y los representantes de las asociaciones de taxistas. En este contexto, las reacciones a la decisión del Consejo de Ministros han sido dispares.

En abril había 64.217 licencias de taxi y 7.058 licencias de VTC, lo que supone una proporción de 1/9

El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, considera el real decreto-ley "un triunfo final" sobre el modelo que pretenden implantar Uber y Cabify. Según Leal, la nueva norma "pone fin a la incertidumbre" que han vivido 100.000 familias y garantiza la supervivencia del taxi y el equilibrio en el sector del transporte.

Por el contrario, Antaxi ha asegurado que el real decreto-ley no ofrece soluciones reales y no tiene en cuenta a la mitad del colectivo del taxi. Antaxi subraya que la norma no define aspectos fundamentales, como los criterios para la transmisión de licencias VTC.

Uber considera que la decisión del Gobierno es una oportunidad perdida para la creación de miles de puestos de trabajo y para la modernización de la movilidad en las ciudades.

Menos tajante ha sido Cabify. Su director para Europa, Mariano Silveyra, cree que "nada cambia" con esta norma. En su opinión, la pretensión del Gobierno es "ganar el tiempo necesario" para que el sector del taxi se adapte a un nuevo modelo de movilidad.