"Llegó la Policía y no pudimos hacer nada. Dejamos allí la lavadora, la nevera, los muebles... Saqué el sofá y los colchones, lo principal, y nos quedamos en la calle, con cuatro nietos pequeños y en estado de alarma". Adoración Cabo Ferrer, Dora, recuerda cómo fue la mañana de su desahucio, el pasado martes. No ha dejado de recordarlo durante todo el día para las cámaras de los programas matinales de televisión, porque su desahucio también es el de su hijo, su nuera y el de sus nietos de cinco, cuatro, dos y un año. Y también es una historia de ocupas, tan de moda en los últimos meses.

De riguroso luto desde que enviudó hace dos años, sentada en el viejo sofá de la casa en la que se ha refugiado, la mujer explica que, de repente, son once personas en este desvencijado piso de Carabanchel Alto (Madrid) en el que vive otra de sus hijas con su marido y sus dos hijos de 19 y 28 años. En la puerta se ven las cicatrices de una entrada con fuerza, los desconchones del marco, ahora reforzado con perfiles de metal. Sobre esta casa también pende una orden de desahucio después de tres intentos paralizados —el último, el 6 de octubre— y también es del mismo dueño que ha desahuciado a Dora, la Sareb, el conocido como banco malo, que dispone de miles de viviendas vacías en España, activos tóxicos del ladrillo procedentes de la reestructuración y rescate bancario de 2012. Casas, muchas de ellas, en las que no viviría nadie si no hicieran lo mismo que Dora y su hija Herminia, usarlas.

Los 63 años de Dora le cuelgan de la cara con el peso de una década más. Tiene reconocida una discapacidad del 55%, padece del estómago, de artritis, de unos riñones poliquísticos que le funcionan al 29%, es asmática, hipertensa y, sobre todo, es pobre. Por eso llevaba dos años viviendo en un piso ocupado en Pan Bendito que ella pensó que estaba alquilando por 450 euros al mes. "Yo tampoco pregunté mucho, viendo lo difícil y lo caro que está en el alquiler en Madrid", explica. A los dos meses de entrar, el supuesto dueño le dijo que el piso no era suyo, que era ocupado. "Pero yo no iba a irme, no tenía a dónde, ni mi hijo ni mis nietos tampoco", reconoce la mujer.

Mientras su trabajadora social presentaba la solicitud de la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid, fue intentando en paralelo conseguir que la Sareb, que inició un año después los procedimientos de desahucio, estudiara conceder un alquiler social a la familia, en una situación de gran vulnerabilidad. Su hijo y su nuera, dice, siempre han tenido trabajos "de esos que no valen para nada", temporales, por eso también sobrevivían a base de una escasa e irregular economía informal, con la venta ambulante. Sin ingresos formales, la Sareb no estaba dispuesta a negociar ningún tipo de permanencia, pero gracias al activismo de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel y a los informes de la trabajadora social, se logró frenar su desalojo hasta en tres ocasiones. Mientras, llegaban buenas noticias. "En junio iba a empezar a cobrar la RMI, unos 700 euros al mes", dice Dora, con un mohín en el rostro.

Sin noticias del Ingreso Mínimo Vital

Pero entonces, el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas estrella del llamado 'escudo social' contra la pandemia, destinada a que la población más vulnerable tuviera ingresos estables para subsistir en medio de la depresión económica. Ambas prestaciones son compatibles, salvo que la suma de las dos supere la cuantía máxima de la RMI, como era este caso. Dora y su familia reúnen los requisitos para recibir la prestación máxima del IMV, alrededor de 2.000 euros, afirma, y la trabajadora social le explicó que esa era la ayuda que tenían que recibir. "Pero aún no he cobrado nada del IMV. Ya podía estar cobrando la RMI, pero por tener una me quitaron la otra, la que ya iba a empezar a recibir", apunta la mujer.

Su desahucio no solo ha sorprendido al ministro de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que lamentaba la situación desde la tribuna del Congreso, cuando el diputado de ERC Gabriel Rufián le mostraba la fotografía de Dora y su familia, sentada en su sofá, pero en plena calle, justo después de haberlo sacado de la vivienda. Ábalos asegura que el Gobierno, dentro de las medidas extraordinarias durante el estado de alarma, ha paralizado los desahucios, pero los activistas de la Asamblea de Vivienda del barrio, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los Sindicatos de Inquilinos ya llevaban tiempo alertando de que los únicos desahucios prohibidos actualmente por el Ejecutivo son los que se producen por impago del alquiler por causas económicas derivadas de la pandemia, como ver reducidos los ingresos por estar en un ERTE, por ejemplo.

"No imaginaba que me iban a echar a la calle esa mañana", dice Dora

Para desgracia de Dora y su familia, ellos ya eran pobres antes del virus, al igual que decenas de familias que se enfrentan cada día a un desahucio en pleno estado de alarma. Ellos no tenían ningún contrato ni ninguna renta impagada. Eran ocupas de una vivienda que hace dos días cobijaba a cuatro niños y que ahora está vacía.

Más aún que a Ábalos, a quien cogió por sorpresa su propio desahucio fue a la familia. "Hasta el día anterior había estado entregando los papeles que pedía la Sareb para darme el alquiler social. No imaginaba que me iban a echar a la calle esa mañana", dice Dora. Hasta entregó una carta del presidente de la comunidad de vecinos para probar que la convivencia era buena. "Pero al final la Sareb se ha agarrado a que no tengo ningún ingreso", dice.

Sin ingresos formales, no hay alquiler social

La entidad, de capital público y privado, asegura que intentó sin éxito paralizar el desahucio en el juzgado y deja abierta la posibilidad del alquiler social. "En el que momento en el que tengan ingresos declarados (que cobren la IMV) procederemos a firmar el contrato de alquiler social en la misma vivienda que ocupaban siempre y cuando esté disponible", decía el correo que recibieron de la Sareb tras el desalojo, al que ha accedido Público. Fuentes de la entidad aseguran a este periódico que "por nuestra parte hay plena voluntad de darle la vivienda lo antes posible".

Dori argumenta que "no pedimos nada que sea difícil de entender. Pedimos un poco de compasión, pero parece que no importa nada, ni que haya niños ni que haya una pandemia ni que nos pidan que no salgamos de casa. De qué casa, si no tengo".

Otro desahucio pendiente en la familia

En la habitación contigua, Herminia, su otra hija y ahora anfitriona, intenta no molestar a las cámaras de televisión mientras hacen una conexión en directo. Ella también sabe lo que es enfrentarse al desahucio y a una negociación con la Sareb que nunca termina de llegar a buen puerto. "Aún no tengo fecha, pero ya han intentado echarnos tres veces", comenta sentada en la cama, con el abrigo puesto y en zapatillas de andar por casa. "Esto es vivir con miedo y angustia constante. A veces escucho en la tele cómo llaman a la puerta y me sobresalto por si es la mía, por si vienen a echarme de casa", dice.

"No tenemos ingresos, por eso pagamos a alguien para que nos abriera esta casa. Estaba vacía", afirma Herminia

Madrileña migrante, llegó hace dos años de México con su marido y dos de sus cuatro hijos, ya mayores de edad. "Hemos trabajado en lo que ha ido saliendo, pero ahora no sale nada de nada", dice. "No tenemos ingresos, por eso pagamos a alguien para que nos abriera esta casa, que estaba vacía. Vi que era imposible alquilar algo en Madrid. Es muy caro y piden muchos requisitos", se explica.

Como su madre, Herminia también intenta conseguir un alquiler social, "porque queremos pagar, pero lo que podamos", apunta. Ella era una kelly, camarera de piso en un lujoso hotel de Madrid. Su marido trabaja puntualmente como conductor de Uber o Cabify. "Pero el 14 de marzo nos mandaron a casa. A los dos. Tuvimos unos meses de prestación, pero nuestros contratos son temporales, así que no entramos en los ERTE. Ahora no tenemos nada", dice. "Nosotros ya lo pasábamos mal antes de la pandemia y ahora no sé qué vamos a hacer. Aquí estamos once personas pendientes de otro desahucio", resume.

Sus casos, explica Daniel Vega, activista de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, son tan habituales que ya no son noticia. "Ayer logramos paralizar otro desahucio parecido. Solo en este distritito hemos recopilado 54 casos similares de personas en un limbo con viviendas de la Sareb. Hay personas ocupando, muchas de ellas, familias vulnerables con menores a cargo, y otras que tenían contratos con el antiguo propietario y que ahora la Sareb no renueva porque quiere vender esos pisos. Son viviendas que están vacías, en propiedad de una entidad participada por el Estado y procedentes de bancos que hemos rescatado con dinero público. Por eso intentamos conseguir alquileres sociales", asegura Vega, que lleva acompañando a la familia desde que la echaron de su casa

En la Asamblea regional, Más Madrid ha presentado este jueves una Proposición No de Ley para que la cámara exija la paralización de todos los desahucios en los que está personada la Sareb en la región, aunque ya hace años que el movimiento por la vivienda de toda España puso a esta sociedad en el punto de mira por sus desalojos. Ahora que llega otra profunda crisis sin que los activos tóxicos de la última recesión se hayan saneado y sin haber corregido unos índices crónicos de desigualdad social, el país se asoma de nuevo a un abismo. Pero si mira hacia abajo verá que Dora, Herminia y miles más como ellos ya estaban allí desde hace tiempo, sin ningún ascensor al que agarrarse.