El propietario de la empresa Verter Recicling, gestora del vertedero de Zaldibar que se derrumbó hace casi dos años causando la muerte a dos de sus trabajadores, José Ignacio Barinaga y el ingeniero jefe de esa instalación, Juan Etxebarria, se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez.

Barinaga estaba citado a declarar como imputado en el procedimiento por un posible delito contra el medio ambiente y la salud pública, que se instruye en el Juzgado de Durango, en el que también figuran como investigados Etxebarria y la gerente o representante legal de la empresa, Arrate Bilbao, que comunicó el pasado viernes al juzgado que había contraído covid, por lo que su declaración se ha pospuesto.

El letrado de la plataforma formada por Ekologistak Martxan y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria que están personadas como acusación popular, Carlos Alonso, ha informado de que el proceso se encuentra aún en fase de instrucción, a pesar de que casi han pasado dos años desde que el vertedero se colapsó, causando la muerte de dos operarios de esa instalación, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.

Alonso ha explicado que tanto José Ignacio Barinaga como Juan Etxebarria han optado por la estrategia de no declarar. Además, ha informado de que se ha solicitado un informe pericial a la unidad especial de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado y también se realizará el nombramiento de un perito de designación judicial que elaborará otro informe.

La investigación sobre el vertedero continuará y se estudiarán también los documentos relativos a las labores de búsqueda de los cadáveres de las dos personas que quedaron sepultadas, y las posteriores obras de asentamiento del vertedero y aseguramiento del terreno, ha informado Efe.

Las instituciones vascas

Decenas de personas se han concentrado en la entrada del Juzgado convocados por la plataforma Zaldibar Argitu para exigir que se depuren las responsabilidades por el desprendimiento. El representante de Zaldibar Argitu Gaizka Zabarte ha señalado que en el procedimiento judicial no solo deberían estar los responsables de la empresa propietaria, sino también de las instituciones vascas, porque "sin un marco legal que permitiera su actuación no hubiera ocurrido el desprendimiento".