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La sargento del Seprona que denuncia acoso dice que su testigo fue amenazado

Gloria Moreno alerta de "la alta peligrosidad de las personas que han amenazado" a su informante. La agente ha declarado ante el tribunal que la juzga por haber acusado a un subordinado de avisar a cazadores furtivos de las redadas previstas.

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La sargento del Seprona Gloria Moreno durante su declaración en el juicio. - EFE/Elvira Urquijo A.

La sargento del Seprona Gloria Moreno, que se enfrenta a posibles penas de prisión por haber acusado a un subordinado de alertar a los cazadores furtivos de pardelas de las redadas previstas en el islote de Alegranza, dice que cumplió con su deber y que su testigo se ha desdicho tras ser "amenazado".

El Ministerio Fiscal solicita en esta causa que la suboficial al mando del Seprona en Lanzarote sea condenada a cuatro años de cárcel o a 4.320 euros de multa, en función de si la Audiencia de Las Palmas entiende que mintió a propósito en su informe o que solo cometió una imprudencia grave; una pena que la acusación particular ejercida por el guardia al que señalaba como chivato de los furtivos, Miguel Ángel Padial, eleva a seis años de prisión.

Se trata del último capítulo de una serie de sanciones, recursos y denuncias que se vienen produciendo entre Moreno y varios miembros del cuerpo en Canarias. En poco más de dos años se le han abierto siete expediente y ninguno ha acabado en su contra de manera firme. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife admitió a trámite en junio una querella de la sargento contra dos de sus superiores por supuesto delito de prevaricación administrativa. La querella ha sido archivada recientemente. Sin embargo, Moreno no rechaza revisar el resto de acciones de sus superiores por si pudieran constituir algún tipo de falta.

En su alegato final ante el tribunal, Gloria Moreno ha recalcado que, aun queriéndolo, no hubiera podido investigar los hechos que comunicó a sus superiores respecto a Padial porque lo impide la ley que regula el régimen disciplinario del cuerpo. Moreno ha recordado que la denuncia que hizo se produjo después de que el técnico del CSIC Jesús Moreno Rajell le informara de la existencia de las presuntas filtraciones de Padial. Además de recalcar que hubiera correspondido a la Policía Judicial esclarecer los hechos, la sargento ha asegurado "que su delito hubiera sido no elaborar ese informe" por el que ahora se ve procesada.

"Omitirlo hubiera sido encubrir a Padial, en el caso de que hubiera incurrido en un delito", ha manifestado la sargento del Seprona, quien ha llamado la atención sobre "la alta peligrosidad de las personas que han amenazado" a su informante, el investigador Rajell, lo que ha relacionado con el hecho de que durante este procedimiento "haya llegado a negar" hasta que la conoce.

La acusada también ha afirmado que este caso no se relaciona solo con la caza de pardelas en Alegranza, sino con el "narcotráfico" que "una trama" desarrolla en el archipiélago Chinijo. Al mismo tiempo, se ha preguntado si sus superiores "protegían" a Padial al no expedientarla por haber incumplido una orden al redactar su informe sobre este subordinado, como le ha recriminado en la vista oral de este juicio el capitán del Seprona Germán García, quien, sin embargo, le ha abierto "otros tres expedientes" posteriores por otras cuestiones.

La sargento Moreno ha considerado que, independientemente de la condena que se le imponga, el "perjuicio a la Guardia Civil ya está hecho" y se ha preguntado "quién va a tener ahora el valor de hacer cumplir el artículo 40" de la ley que regula el régimen disciplinario del cuerpo, que obliga a todo guardia que tenga conocimiento de una irregularidad cometida por un compañero del cuerpo a dar parte a sus superiores.

La defensa de la procesada ha contradicho al Ministerio Fiscal al afirmar que el oficio redactado por la acusada carece de carácter o eficacia probatorio alguno y ha preguntado al tribunal si alguna vez se ha abierto un procedimiento judicial por falsedades cometidas en un documento como el de la apertura de juicio oral, "en el que se acusa a una persona de unos hechos" que puede que después no se confirmen.

Igualmente, las abogadas que defienden a Moreno en esta causa han llamado la atención sobre el hecho de que, hasta la llegada de la acusada a Lanzarote, "no se había puesto en cuestión la impunidad de los furtivos" en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo.

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