Este artículo se publicó hace 3 años.
SATSE pide a la Justicia cerrar los Centros Sanitarios 24 horas por la falta de respaldo jurídico que sufren las enfermeras
El sindicato sanitario lamenta que las trabajadoras no pueden llevar a cabo su labor con las garantías necesarias y denuncia que ponen en riesgo su integridad y seguridad profesional.

Madrid--Actualizado a
El sindicato de enfermería SATSE ha solicitado a la Justicia el cierre cautelar de los Centros Sanitarios 24 horas para la atención de urgencias extrahospitalarias por la falta de "respaldo jurídico y legislativo" que sufren los enfermeros y enfermeras, a las que no se les reconoce "las competencias asistenciales que son necesarias para poder desempeñar" sus funciones en estas instalaciones.
La organización pide a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid medidas para que estos sanitarios puedan ejercer su trabajo "sin poner en riesgo su integridad y seguridad profesional". Por esta razón, han exigido al departamento de Enrique Ruiz Escudero que "suspenda la implantación de este modelo de centros".
Desde el sindicato, argumentan que este plan no posee "los protocolos necesarios, el reconocimiento y el respaldo jurídico y legislativo imprescindible para que las enfermeras" puedan realizar su actividad asistencial con "las garantías necesarias".
Esta nueva demanda se suma a las protestas de otros profesionales sanitarios al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras su plan para reabrir los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) sin acometer un aumento del personal. Los trabajadores deben atender estas instalaciones –que estaban cerradas por la pandemia–, además de los 41 Servicios de Atención Rurales (SAR). Estos centros se han sido rebautizados como Puntos de Atención Continuada (PAC).
La situación a la que han tenido que hacer frente los sanitarios, además de la falta de acuerdo con el Gobierno regional, ha llevado a cientos de miles de personas a abarrotar las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública el pasado domingo. Piden un aumento de los recursos humanos y materiales para que puedan ofrecer un servicio con mejor calidad. Los sindicatos recuerdan que la política sanitaria de Ayuso no solo afecta a los trabajadores, también a los pacientes.
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